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Sanciona TEEG a Ediles de Cortazar y funcionarios por violencia política de género

Este lunes el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) determinó por votación unánime que integrantes del Ayuntamiento y funcionarios de la administración municipal de Cortazar, sean sancionados e inscritos en el Registro Nacional y Estatal de personas sancionadas por violencia política en razón de género, esto, por la denuncia presentada por la síndico del propio cuerpo edilicio, Ana Isabel Aguilar Capulín.

La resolución señala que se declara actualizada la violencia política en razón de género que fue denunciada y se acredita la responsabilidad del presidente municipal Ariel Corona, el Secretario del Ayuntamiento Alejandro Perea, el tesorero Eduardo Ojeda, así como los regidores María Andrea Aguilar Oviedo, Luis Martín López Flores, Hugo Ernesto Arias Rentería, María de la Luz Hilda Macías Gasca, Erika Lissette Patiño, Carlos Alberto Durán, Jairo Javier Montero Huichapeño y Roberto Rojas Aguilar por la infracción actualizada y se impone sanción de multa.

Pero además, se emiten medidas de reparación integral del daño que deberán cumplir, y que son disculpa pública de no repetición, a satisfacción y de restitución, para preservar la dignidad a la víctima, resarcir y prevenir futuros comportamientos.

Es de recordar que la servidora pública denunció la violencia en razón de género con el argumento de la no dotación de oficina, personal de apoyo y material para el ejercicio de su cargo, agravado al negársele licencia por maternidad durante su embarazo, negarle poder realizar actividades a distancia, entre otras, que dijo se presentaron desde la toma de posesión hasta 7 meses después, de manera continua y sistemática en menoscabo del ejercicio del cargo de elección popular.

De dicha resolución se da vista a la Contraloría Municipal de Cortazar para que actúe conforme a sus atribuciones en el ámbito de responsabilidades administrativas.

Pero además, se pide los sancionados sean inscritos en el Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas, lo que podría impedir que se postulen a otros cargos de elección popular.