By Redacción
Palabras Libres
Por: Ara Moral
El comercio surgió como una actividad basada en el trueque, mediante el cual las primeras comunidades intercambiaban bienes para satisfacer necesidades que no podían cubrir con sus propios recursos. Con el desarrollo de las grandes civilizaciones y la aparición de la moneda, el comercio se expandió y dio origen a importantes rutas comerciales que favorecieron el intercambio de mercancías, conocimientos y culturas.
Entre las rutas comerciales más destacadas de la Antigüedad se encuentran la Ruta de la Seda, que conectó China con Europa y Medio Oriente, la Ruta del Incienso, utilizada para el comercio de especias, resinas y perfumes entre Arabia, África, y las rutas marítimas del Mediterráneo, impulsadas por fenicios, griegos y romanos.
En Mesoamérica, el comercio desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la Civilización Azteca, ya que permitió el intercambio de productos agrícolas, textiles, piedras preciosas, cacao, plumas y otros bienes entre distintos pueblos. Los comerciantes conocidos como pochtecas, no solo transportaban mercancías a largas distancias, sino que también actuaban como diplomáticos, exploradores e informantes del imperio, fortaleciendo la economía, el poder político y la integración cultural de los mexicas.
Desde la conquista de México en el siglo XVI, el comercio quedó bajo el control de la Corona Española mediante un sistema monopólico que restringía el intercambio exclusivamente con España, principalmente a través el Puerto de Veracruz ya la Casa de Contratación de Sevilla.
Durante el periodo virreinal, la actividad comercial estuvo regulada por estrictas disposiciones mercantilistas y se apoyó en la explotación minera, la agricultura y el intercambio con otras colonias. Tras la Independencia, México inició un proceso de apertura comercial que enfrentó constantes obstáculos derivados de la inestabilidad política, las intervenciones extranjeras y las dificultades económicas del siglo XIX.
Durante el Porfiriato (1876.1911), la expansión del sistema ferroviario, la inversión extranjera y la modernización de la infraestructura impulsaron significativamente el comercio nacional e internacional. Después de la Revolución Mexicana, el Estado adoptó un modelo de industrialización por Sustitución de Importaciones, caracterizado por altos aranceles, protección a la industria nacional y una fuerte intervención gubernamental en la economía. Este modelo predominó durante gran parte del siglo XX hasta la década de 1980, cuando México inició un proceso de liberalización económica y apertura de mercados que culminó con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado en 1992 y vigente a partir del 1° de enero de 1994.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no surgió de una decisión aislada ni de un simple interés por incrementar el intercambio comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Fue el resultado de profundas transformaciones económicas, políticas y geopolíticas ocurridas durante las últimas décadas del siglo XX. Comprender su origen exige remontarse a la crisis económica que vivió México en los años ochenta, un período que modificó radicalmente la visión del Estado sobre el desarrollo económico y redefinió la relación de México con el resto del mundo.
Durante buena parte del siglo XX, México siguió un modelo de desarrollo conocido como Industrialización por Sustitución de Importaciones. Bajo este esquema, el Estado protegía a la industria nacional mediante elevados aranceles, restricciones a las importaciones y una fuerte participación gubernamental en la economía. Durante varias décadas el modelo permitió impulsar la industrialización y el crecimiento económico, sin embargo, hacia finales de los años setenta comenzaron a hacerse evidentes sus limitaciones. La baja productividad, la escasa competitividad internacional y el creciente endeudamiento público fueron debilitando la capacidad del país para sostener ese modelo de desarrollo.
La situación se agravó dramáticamente en 1982, cuando México enfrentó una de las peores crisis económicas de su historia contemporánea. La caída de los precios del petróleo, el incremento de las tasas de interés internacionales y una elevada deuda externa provocaron una severa crisis financiera. El gobierno anunció la imposibilidad de cumplir con sus compromisos internacionales de pago, desencadenando una pérdida de confianza de los mercados, una fuerte devaluación del peso, inflación acelerada y una profunda recesión económica. Miles de empresas cerraron, aumentó el desempleo y el poder adquisitivo de las familias mexicanas sufrió un deterioro considerable.
La llamada “crisis de la deuda” marcó un punto de inflexión en la política económica nacional. A partir de ese momento comenzó a consolidarse la idea de que el modelo económico basado en un mercado interno protegido había llegado a sus límites. Diversos organismos financieros internacionales, gobiernos y especialistas plantearon la necesidad de adoptar políticas orientadas hacia una mayor apertura comercial, disciplina fiscal, atracción de inversión extranjera y reducción de la intervención del Estado en la economía. Estas propuestas coincidían con las reformas económicas que comenzaban a implementarse en números países bajo las ideas del libre mercado.
En este contexto, el gobierno mexicano inició un amplio proceso de reformas estructurales. Entre ellas destacaron la privatización de empresas públicas, la liberalización financiera, la reducción de aranceles y la eliminación gradual de diversas barreras al comercio exterior. El objetivo era insertar a México en una economía cada vez más globalizada, fortalecer la competitividad de las empresas nacionales y atraer capitales internacionales, capaces de impulsar el crecimiento económico y la generación de empleos.
Un paso decisivo dentro de esta estrategia fue el ingreso de México en 1986 al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), organismo precursor de la Organización Mundial del Comercio. La adhesión significó el compromiso del país para reducir barreras comerciales, disminuir aranceles y sujetarse a reglas internacionales que promovieran un comercio más abierto. Esta decisión representó un cambio histórico respecto a la política económica seguida durante las décadas anteriores y constituyó el primer gran paso hacia la integración comercial con América del Norte.
El ingreso al GATT permitió a México enviar una señal de confianza a la comunidad internacional. Al adaptar reglas multilaterales de comercio, el país buscaba ofrecer mayor certidumbre a los inversionistas extranjeros y demostrar que estaba dispuesto a competir en los mercados internacionales. Paralelamente, comenzaron a incrementarse las exportaciones manufactureras, reduciendo gradualmente la dependencia de las exportaciones petroleras que habían caracterizado la economía mexicana durante buena parte del siglo XX.
A finales de los años ochenta, tanto México como Estados Unidos identificaron nuevas oportunidades para fortalecer su integración económica. Las empresas estadounidenses buscaban incrementar su competitividad frente al creciente dinamismo económico de Europa Y Asia, muestras que México necesitaba consolidar un marco jurídico estable que garantizara el acceso preferencial de sus exportaciones al mercado estadounidense. En este escenario, el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari propuso negociar un tratado comercial de largo plazo con Estados Unidos, iniciativa que posteriormente incorporo a Canadá.
Las negociaciones comenzaron formalmente en 1991 y reunieron durante varios meses a equipos técnicos de los tres países. Las discusiones abordaron aspectos complejos relacionados con aranceles, reglas de origen, inversión extranjera, propiedad intelectual, solución de controversias, agricultura, servicios financieros y mecanismos para facilitar el comercio. Tras intensas negociaciones, el tratado de fue firmado el 17 de diciembre de 1992 por los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá, iniciando posteriormente los procesos de aprobación legislativa en cada uno de los tres países.
Finalmente, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entró en vigor el 1° de enero de 1994, inaugurando una nueva etapa en la historia económica de la región. Su propósito fundamental consistía en crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, eliminado gradualmente los aranceles y facilitando la integración productiva entre las tres economías.
En el caso del Estado de Guanajuato, el TLCAN representó una transformación económica sin precedentes. Su ubicación estratégica en el centro del país, la disponibilidad de mano de obra, el desarrollo de infraestructura carretera y la ferroviaria, así como la política estatal orientada a la atracción de inversiones, convirtieron a la entidad en uno de los principales destinos de la inversión extranjera directa.
A partir de la entrada en vigor del tratado, Guanajuato experimentó un acelerado crecimiento de los sectores automotriz, autopartes, agroindustrial, logístico y manufacturero, integrándose a las cadenas de suministro de América del Norte.
Municipios como Apaseo El Grande, Celaya, Salamanca, Irapuato, León y Silao consolidaron correros industriales que hoy producen bienes para los mercados de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, este crecimiento también evidenció nuevos desafíos, como la dependencia de la economía regional respecto del mercado estadounidense, la presión sobre la infraestructura urbana, las desigualdades territoriales y la necesidad de impulsar una mayor innovación tecnológica y desarrollo de proveedores locales para incrementar el valor agregado de la producción guanajuatense.
A treinta y dos años de distancia, es posible afirmar que el TLCAN transformó profundamente la estructura económica de México. Sin embargo, también abrió nuevos debates sobre la dependencia comercial, la competitividad regional, la distribución de los beneficios del crecimiento y el papel del Estado en el desarrollo nacional. Precisamente esos resultados serán el punto de partida para analizar, en la siguiente entrega, cómo la apertura comercial redefinió la economía mexicana y sentó las bases del actual Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
AL FINAL.
El gobierno de Estados Unidos planteó que la renovación del T-MEC no se daría automáticamente: decidió frenar la prórroga de largo plazo y abrir un esquema de revisión anual hasta el 2036, condicionando su continuidad a ajustes en comercio, seguridad fronteriza y otros compromisos bilaterales.
