By Como parte de los trabajos de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, y como iniciativa de la legisladora celayense Saraí Núñez Cerón, se presentó un Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de Extorsión.
Dicho dictamen promueve la importancia de establecer medidas para inhibir y sancionar con mayor severidad el delito de extorsión, mismo que fue aprobado por unanimidad por los integrantes de la Comisión presidida por la Diputada Guanajuatense, Pilar Ortega.
Núñez Cerón explicó que, en el Código Penal Federal vigente, este delito (extorsión) se toca muy superficialmente, marcando una laguna jurídica a nivel federal, agregando que es de conocimiento público que el grosor de las extorsiones que se realiza por la delincuencia organizada (el cobro de piso), es competencia de la autoridad federal.
“Este delito ha aumentado este año considerablemente, ya que los delincuentes saben que no es gravoso; de acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad, menciona que durante agosto de 2019 se registró, en promedio, una víctima de extorsión cada 54 minutos y 59 segundos a nivel nacional”, argumentó.
“Hoy alzo la voz por las familias mexicanas, quienes día con día se levantan por las mañanas a trabajar y así poder llevar comida a sus hogares, nuestros micro y medianos comerciantes quienes se esfuerzan para poder aportar en el crecimiento y desarrollo de la economía mexicana.
“El espíritu de esta iniciativa es catalogar el delito de extorsión en cualquiera de sus modalidades como delito grave, ya que este modo de operar de la delincuencia organizada va en aumento y lo peor, es que es un cáncer que va deteriorando el tejido social y degrada la confianza, especialmente porque este delito va evolucionado conforme a la tecnología y el modo de operación de la delincuencia, que tienen como sus principales objetivos el comercio local”, resaltó la Diputada Federal por el Distrito 12.
Se espera que con la aprobación de esta iniciativa ahora en el Pleno de la Cámara de Diputados en próximos días, las penas aumenten hasta en una mitad si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral. A su vez, si la extorsión se realiza por una asociación delictuosa, o por un servidor o ex servidor público, miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas, se interpondrá la destitución del cargo de uno a 10 años para desempeñar cualquier empleo, o bien la baja definitiva.
