La eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, es más que un compromiso por parte de los Estados (todos los poderes, todos los niveles), es una obligación en materia de Derechos Humanos.
En el estado de Guanajuato en este año 2016, han sido relevantes diversos procesos que tocan directamente la obligatoriedad del Estado hacia la garantía, protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, nos referimos concretamente a la iniciativa del Programa Estatal de Derechos Humanos del estado de Guanajuato, a las Iniciativas de Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, así como la Ley de Movilidad aprobada en marzo de este año, entre otras.
Un día como hoy 25 de noviembre de 2016 en un ejercicio de visibilización y denuncia sobre la incapacidad del estado de ver a las mujeres como sujetas de derechos, hacemos un breve balance de algunas de estas situaciones.
Las iniciativas de Ley para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas mostraban serias carencias en materia de género. Las y los legisladores no fueron capaces de ver la importante labor que las defensoras de derechos humanos hacemos para la vigencia de los mismos.
Para poder afirmar que el Estado de Guanajuato está comprometido con la garantía plena de los derechos humanos de las mujeres y de manera específica el derecho a defender derechos se requiere:
Proteger a las defensoras y defensoras comunitarias
Facilitar las medidas para que la labor de las defensoras y defensoras comunitarias se de en un entorno favorable, así como, remover todos los obstáculos para el ejercicio de este derecho.
Investigar cualquier violación contra las defensoras.
Recursos humanos y financieros suficientes
Reconocimiento social/legal y político de la importancia y aporte de las defensoras.
Avanzar en la protección de colectivos y grupos de defensoras desde una mirada integral y alejada de protección física o armada.
Análisis de riesgo con enfoque de género
Esto no será posible si no se trabaja por eliminar la desigualdad y la discriminación contra las mujeres, con personal capacitado en: violencia contra las mujeres, atención a las víctimas, acompañamiento psicosocial, con capacidad de identificar y diseñar estrategias de afrontamiento libre de prejuicios y estereotipos discriminatorios contra las defensoras.
Por otro lado debemos decir que contar con un Programa Estatal de Derechos Humanos para Guanajuato, es un compromiso pendiente desde 2004 y pese a la Reforma Constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, no se había tenido la voluntad política para implementar y acelerar este compromiso, en este sentido celebramos la iniciativa que ahora está en marcha de la elaboración del Programa Estatal de Derechos Humanos para Guanajuato, sin embargo no podrá enfrentar su cometido si:
No cuenta con un diagnóstico adecuado que identifique la situación en todos los ámbitos: sociales, culturales, económicos, políticos. Éste desde la participación de los diversos actores sociales y sus contextos, en especial si no recoge de manera seria la situación de violencias ejercidas contra las mujeres de la entidad y no reconoce los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres para el desarrollo de sus planes de vida y no se les reconoce en los hechos como titulares de derechos
No incorpora acciones encaminadas a dar cumplimiento al mandato constitucional de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. El Programa no será útil si no cuenta con la perspectiva de género y transversalizar el enfoque de derechos humanos en iniciativas, planes, políticas, presupuestos, leyes, reglamentos, consultas, mecanismos en los órganos de gobierno municipal y estatal. Finalmente debemos decir que la Ley de Movilidad para el estado de Guanajuato es un ejemplo más de como la situación de las mujeres es ignorada.
Si bien finalmente la Ley retomó algunos aspectos que pueden traducirse en garantía y protección del derecho a vivir una vida libre de violencia para las mujeres, aún hay pendientes en esta materia:
Un reglamento estatal que considere las diversas situaciones de violencia que pueden enfrentar las mujeres en el espacio público y que se traduzca en medidas concretas y adecuadas para la restitución de los derechos de las mujeres ante las situaciones de violencia.
Que el Instituto Estatal de Movilidad incorpore tanto en su estructura, como de manera transversal, medidas que aseguren el adecuado tratamiento de las situaciones de violencia contra las mujeres.
Que a nivel municipal (como lo establece la Ley) se creen la instancia y el reglamento necesarios para el tratamiento del tema de movilidad siendo la perspectiva de género y de derechos humanos un eje central en su creación y operación.
Los derechos humanos de las mujeres, así como las acciones encaminadas a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres no solo deben quedar de modo enunciativo en la Ley General, la Ley Estatal de acceso a una vida libre de violencia, así como los tratados en esta materia, deben bajar a la cotidianidad de las mujeres para que pueda ser una realidad en nuestras vidas.
Centro de Derechos Humanos de la Mujeres Victoria Diez 25 de noviembre 2016
