By Por: José Luis Ramírez
La historia se hace de hechos, aun de aquellos que intentan cubrir con el polvo del olvido. Hoy 26 de septiembre, Celaya cumple 21 años de cargar con la tragedia más cruenta sucedida en unos cuantos minutos: murieron 72 personas, y 350 más quedaron lesionadas como resultado de una explosión múltiple de artículos fabricados con pólvora.
La autoridad municipal, presidida en ese momento por un gobierno panista, otorgó de manera ilegal el certificado de seguridad a personas sin escrúpulos, violando los términos del artículo 35 de Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que señala, “las instalaciones, almacenes y polvorines serán adecuados para preservar de daño a las personas o a las cosas, así como las medidas para evitar accidentes y robos”.
Fiscalización municipal, estaba obligada de acuerdo a la misma Ley Federal, antes citada, a vigilar que los “comercios y demás establecimientos” cumplieran con las condiciones de seguridad, funcionamiento técnico, ubicación y producción que se determinen en el Reglamento. Y la irresponsabilidad fue en cadena: una vez fiscalizado el lugar y observar que cuenta con todo el protocolo de seguridad, es a la Presidencia Municipal a quien corresponde otorgar el visto bueno. Si esta instancia municipal hubiese advertido oficialmente, que los comercios almacenaban cientos de kilos de material explosivo, y no cumplían con las normas básicas de seguridad, entonces la Secretaría de la Defensa Nacional podría haber negado, suspendido o cancelado los permisos.
Según los documentos que aporta el libro, “A quienes se les prohibió el recuerdo”, el 10 de septiembre le fue otorgado el permiso a la Abarrotera Celaya, con el pago módico de $ 150.00, la tesorería extendió el permiso para vender pirotecnia desde el 9 de septiembre al 9 de octubre de 1999.
Eran las 10.15 de la mañana del domingo 26 de septiembre de 1999 cuando una explosión sacudió a Celaya, el ruido y la vibración se sintió en un radio de 10 kilómetros. Una nube de fuego y humo acompañada de trozos de papel salía de las calles de Antonio Plaza y Felipe Ángeles. Las calles del mercado tradicional y de la central camionera se llenaron de escombros en segundos.
La esquina de Antonio Plaza Y Felipe Ángeles en donde estaban negocios de comida, abarrotes, pañales desechables con venta de cohetes estaban destruidos. La Cruz Roja, los Bomberos, Protección civil, y periodistas de todos los medios no tardaron en llegar.. Rafael Pinzón, narraba la crónica de los sucesos desde el lugar de los hechos, la voz se le quebraba, pero advertía del grave peligro que se encerraba en esa zona.
Los bomberos llegaron e intentaron apagar el fuego, los socorristas atendían a decenas de personas heridas, y mutiladas, que recostadas sobre las banquetas se lamentaban y pedían ayuda. La prensa tomaba las primeras imágenes de la explosión. Vino la segunda explosión, y cayeron fulminados por el impacto que rompió paredes, levantó por los aires carros, camionetas; restos de metal y cemento volaron por los aires convirtiéndose en instrumentos de muerte.
Mario Sepúlveda, miembro del equipo de bomberos voluntarios del M-3; Cristina Camarena -la Reyna de la Cruz Roja-, Juan Rodríguez, y Jesús Revilla Sánchez, los tres, socorristas voluntarios fueron alcanzados por la onda de fuego y murieron al momento. Sus vehículos estaban cubiertos de escombros después de haber sido levantados por la onda expansiva de la explosión. Leonicio Lira, fotógrafo del Sol del Bajío, tomaría la última imagen de su vida, para caer muerto entre los escombros.
Hubo una tercera explosión, y Celaya se envolvió en la pesadumbre, en la confusión, el miedo y el lamento. Ese mismo día a las nueve de la noche, se informó que hubía 60 muertos y 348 heridos, de los cuales 56 decesos fueron en el lugar de los hechos y cuatro más en hospitales, mientras que 267 de los heridos fueron dados de alta en las primeras 24 horas, y 81 presentaron heridas de mayor gravedad.
En el boletín 328/99 de PGR, los peritos concluyeron que el primer estallido se originó en el interior del negocio denominado Abarrotera Celaya, el cual almacenaba en forma inadecuada una gran cantidad de artificios pirotécnicos.
La segunda explosión se produjo cuando ya se realizaban maniobras de rescate, al estallar otra serie de artificios pirotécnicos almacenados dentro del “Depósito de Fábrica de Pañales”. Según el peritaje, la explosión en este lugar fue provocada por materiales en estado incandescente, calor y humos generados y desplazados durante la primera explosión.
A partir de la tragedia, la administración municipal subsiguiente, puso énfasis al tema de los juegos pirotécnicos. En el reglamento de Bando de policía y buen Gobierno del Municipio de Celaya, se consideró como faltas contra el orden público y la paz social, “la quema de castillos, petardos, elevar globos aerostáticos artesanos, detonar cohetes o fuegos pirotécnicos”. Igualmente: depositar cualquier tipo de material explosivo en la vía pública o en lugares no autorizados.
A pesar de esa experiencia trágica, la venta sin control, la quema de pirotecnia, el almacenamiento clandestino, la omisión y la corrupción de las instancias municipales permanece. En años pasados se incautaban entre 700 y 1200 kilos por temporada, ahora prácticamente no ha habido acciones significativas, y la quema y venta de cohetes sigue.
A 21 años de la tragedia, no se ha reconocido institucionalmente la fecha, por el contrario se mantiene en la marginación y el olvido. El domingo negro, es un referente histórico doloroso. He insistido y así lo he hecho público, que debe dedicarse un espacio a este suceso en el Museo de Historia de nuestra ciudad, igualmente, debe crearse un espacio de Memoria en el sitio de los hechos, y la celebración litúrgica correspondiente.
Debe generarse la solidaridad más amplia con los afectados y aun heridos de ese fatal día. La dulce y fuerte tierra celayense tiene una herida sin cicatrizar, los celayenses quizá hayan perdonado a los culpables, pero claro que no lo han olvidado.
Revolcadero.
Con motivo de la explosión surgió el Movimiento ciudadano celayense que acompaño a los deudos y víctimas durante 19 años. En una jornada épica, estuvieron 59 días afuera de la presidencia municipal exigiendo atención médica a las víctimas, indemnización a los deudos y castigo a los culpables, entre ellos Florencio López QPD, Angélica Fuentes, Juan Martínez, Filiberto Heredia QPD, Gloria Acosta QPD, Verónica Rébsamen, Jesús Flores y José Luis Ramírez.
