Estado

Se han elegido a los dos mejores perfiles guanajuatenses para magistrados:Emmanuel Reyes

CDMX 09 de abril de 2025.- El Senador de la República Emmanuel Reyes Carmona felicitó a Juan Antonio Macías Pérez y a Pablo Roberto Sharpe Calzada por su designación como los nuevos magistrados electorales del Estado de Guanajuato.
Tras la designación realizada en el propio Senado y acompañado de la senadora Malú Micher, dijo que se ha tomado una decisión trascendental al nombrar a los dos mejores perfiles guanajuatenses con una sólida trayectoria y probada capacidad jurídica en materia electoral.
Expresó no tener duda de que, durante los próximos siete años que tendrá su función en el TEEG, su labor contribuirá a fortalecer la equidad, la legalidad y la imparcialidad de los procesos democráticos en nuestro estado.
Reyes Carmona abundó que por ejemplo Pablo Roberto Sharpe Calzada es licenciado en derecho y maestro en Justicia Constitucional, pero además cuenta con experiencia como secretario de estudio y cuenta de Sala Superior del TEPJF en 2020, además de un diplomado en medios de impugnación en materia electoral impartido por el propio TEPJF en 2018.
Ha sido además asesor en el Consejo General del INE, asesor jurídico y litigante en proceso electoral y ha participado en iniciativas de ley ante el Congreso del Estado para una democracia más participativa, entre otras.
En el caso de Juan Antonio Macías Pérez, cuenta con 27 años de experiencia en órganos jurisdiccionales, ha participado en el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) como Magistrado por Ministerio de Ley (a la fecha), secretario general, secretario coordinador de ponencia por 8 años y secretario de ponencia/sala por 6 años.

Ambos senadores coincidieron al señalar que como guanajuatenses comprometidos con el fortalecimiento de las instituciones democráticas, se sienten profundamente honrados de haber sido parte del proceso de designación de los nuevos magistrados electorales, ya que ambos cuentan con una sólida trayectoria y con las capacidades jurídicas y éticas necesarias para garantizar la imparcialidad, la equidad y la legalidad en los procesos electorales del estado durante los próximos siete años.