By Redacción
Celaya, Gto.- La regidora panista Isabel Herrejón Arredondo pidió investigar el presunto uso de estructuras del Gobierno Municipal para actividades político-partidistas, luego del despido de tres trabajadores de la Secretaría del Ayuntamiento, entre ellos el coordinador de Delegados Rurales, Gerardo Álvarez García.
La edil manifestó su preocupación por los hechos y cuestionó cómo es posible que la estructura de la Secretaría del Ayuntamiento pudiera estar siendo utilizada para actividades distintas a las responsabilidades institucionales que tiene encomendadas.
Señaló que las dependencias municipales y sus servidores públicos deben estar al servicio de la ciudadanía y no convertirse en instrumentos para actividades políticas o partidistas.
Respecto a las acusaciones realizadas por Gerardo Álvarez contra el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y su hijo, Alejandro Ramírez Casillas, la regidora también cuestionó por qué el entonces coordinador de delegados decidió denunciar presuntas irregularidades hasta ahora, si tenía conocimiento de ellas con anterioridad.
“¿Por qué hasta ahora el coordinador de delegados decide denunciar estos hechos?, ¿por qué no lo hizo oportunamente, si tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo?, ¿qué cambió para que ahora se posicione y presente una denuncia?”, planteó.
Asimismo, consideró necesario esclarecer el contexto en el que ocurrieron los hechos, particularmente la presencia del secretario del Ayuntamiento, quien se encuentra de licencia, y de una diputada de Morena, aunque puntualizó que no deben atribuirse responsabilidades sin que existan elementos que las acrediten.
Otro de los aspectos que pidió revisar es el funcionamiento de las estructuras de los programas sociales del Bienestar, para garantizar que no sean utilizadas con fines de promoción política, precampañas anticipadas o beneficios partidistas.
En ese sentido, cuestionó quién supervisa estas estructuras y qué mecanismos de control existen para evitar que sean utilizadas con objetivos distintos a su finalidad social.
Herrejón Arredondo sostuvo que no basta con emitir comunicados o deslindarse cuando los hechos ya son públicos, sino que las autoridades deben investigar, documentar y actuar conforme a derecho.
“Si se acredita que servidores públicos están utilizando su horario laboral, recursos humanos, instalaciones o funciones institucionales para actividades político-partidistas, deben iniciarse los procedimientos administrativos correspondientes y aplicarse las sanciones que procedan”, afirmó.
Añadió que, en caso de comprobarse faltas graves, deberán determinarse las responsabilidades y aplicarse las medidas correspondientes, incluida la separación del cargo cuando legalmente proceda.
Finalmente, la regidora reiteró que las investigaciones deben realizarse sin distinciones políticas y que la transparencia y la rendición de cuentas deben exigirse a todos los niveles de gobierno.
“Las instituciones son de la ciudadanía, no de los partidos ni de los intereses personales de quienes gobiernan”, enfatizó.
