CDMX; El diputado federal, Emmanuel Reyes Carmona, se manifestó a favor de aplicar la reciente reforma a losartículos 116 y 127 de la Constitución aprobada en la Cámara de Diputados Federal, en relación a la remuneración de servidores públicos, para establecer que nadie debe ganar más que el Presidente de la República.
Reyes Carmona exhortó a los servidores de la administración pública estatal y municipal de Guanajuato a ajustar sus percepciones, pues se tienen datos concretos que al menos 27 alcaldes del estado exceden los salarios sugeridos.
‘’Tenemos el caso particular del alcalde de León, quien percibe un sueldo mensual de 151 mil 552 pesos con 11 centavos, ganando más que el mismo Presidente de la República, lo que representa una incongruencia y desacato con lo reformado recientemente en San Lázaro’’, detalló.
Emmanuel Reyes dijo que ese es solo un reflejo de las percepciones que podrían estar recibiendo los funcionarios de todos los niveles del gobierno de Guanajuato, mencionó que quienes ostentan un cargo público de cualquier nivel, sea este por elección popular o de carácter administrativo, ‘’debemos ser los primeros en amarrarnos el cinturón’’, precisó.
El legislador por morena declaró que diferentes medios nacionales han dado cuenta de los salarios exorbitantes que están recibiendo ‘’los servidores del pueblo’’, lo que significa una verdadera incongruencia pues no se puede estar pensando en cómo incrementar los impuestos a los ciudadanos guanajuatenses y por el otro lado estar gozandomayores retribuciones.
‘’Creo firmemente que la solución a la falta de recursos en los estados y municipios de nuestro país, es evitar gastos superfluos en todas áreas de gobiernos locales y municipales, tal y como lo ha planteado el Presidente López Obrador’’, aclaró.
El diputado guanajuatense hizo un llamado a los servidores públicos del estado para que se ajusten a lapropuesta presidencial que tiene por objetivo la regulación de los salarios, con la finalidad de que nadie gane más que el ejecutivo federal, pues para eso quedó plasmada en el proyecto de decreto que reformó a los artículos 116 y 17 de la Constitución.
