By Redacción
Por: Íñigo Javier Rodríguez Talancón.
La historia política de nuestro país parece condenada a repetir un ciclo amargo: la promesa del cambio frente a la cruda realidad del poder. La narrativa con la que el movimiento de la Cuarta Transformación llegó a los pináculos del gobierno —prometiendo erradicar el amiguismo, la opacidad y los privilegios de antaño— se enfrenta hoy a un espejo bastante incómodo. Aquel proyecto que juró moralizar la vida pública muestra ahora grietas profundas que ponen en duda si verdaderamente existía un afán de renovación ética o si simplemente presenciamos un relevo más en la administración del botín estatal.
Los acontecimientos recientes en el Instituto Nacional Electoral (INE) revelan la gravedad del deterioro institucional. Las investigaciones del Órgano Interno de Control, asociadas a contratos millonarios bajo sospecha y esquemas opacos de asignación de recursos, confirman que las estructuras autónomas no han sido inmunes a las viejas mañas. Cuando el árbitro que debe garantizar la certeza democrática se envuelve en disputas de interés y señalamientos de corrupción, el valor de la representatividad popular sufre un golpe demoledor.
Sin embargo, el flanco más delicado para la causa oficialista se ubica en su propia estructura de mando. La actual dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, arrastra el peso de serias observaciones y auditorías vinculadas a presuntas irregularidades presupuestales en la gestión de la política social. Resulta moral y políticamente insostenible enarbolar la bandera anti-corrupción cuando los programas destinados a aliviar las carencias de las comunidades más desfavorecidas terminan empañados por dudas sobre la correcta aplicación del erario.
Frente a este escenario, la contundente interrogante que da título a esta reflexión deja de ser un simple exabrupto propio de la oposición, para convertirse en un cuestionamiento genuino sobre la naturaleza del proyecto en el poder. Si el servicio público se entiende como una oportunidad de botín y la lealtad partidista sirve como escudo de impunidad, la frontera entre la transformación prometida y el saqueo tradicional se vuelve completamente difusa.
El “pueblo bueno y sabio”, de acuerdo al discurso oficialista, no votó por una simple alternancia de nombres ni por la justificación sistemática de las anomalías presentes en función de los abusos del pasado. Si la cúpula gobernante e instituciones clave persisten en la opacidad y evaden el rigor de la rendición de cuentas, la percepción ciudadana confirmará el escenario más lamentable: que el cambio pregonado no fue más que una retórica vacía para dar paso a las mismas prácticas corruptas de siempre. A otra chusma hambreada que llegó a robar.
