By Por: José Luis Ramírez
El agua es vida, pero en nuestra ciudad ha sido un factor de muerte lenta para muchas personas. El flúor, arsénico, y otros metales pesados que se encuentran en el agua, por encima de la norma que señala la Secretaría de Salud, ha estado presente oficialmente desde hace 20 años, y es hasta el 2004 que se inicio en la zona nororiente de nuestra ciudad, los primeros intentos por potabilizarla, y buscar su inocuidad.
Las poblaciones que se encuentran cercanas al rio laja, desde la zona norte hasta el sur, han sido afectadas en su salud por el consumo de agua contaminada, igualmente las colonias de la zona urbana. Sin embargo, muy poco hicieron las administraciones municipales para dotarlas de agua potable, y en el mejor de los casos, sus soluciones fueron parciales, poco efectivas, o simplemente para efectos de promoción electoral.
En la zona norte, en la colonia la Herradura, en el 2008 se inició la construcción de una planta potabilizadora conectada a la red hidráulica para suministrar agua potable a las colonias aledañas. Años después se construyó otra en la colonia Santa Rita, en la misma zona, debido al crecimiento urbano de colonias como los Olivos, Privanzas y otras más. Pero la construcción de ambas plantas potabilizadoras fue planeada solo para la remoción de arsénico, así lo establece el proyecto de Jumapa, lo cual fue un error de proporciones económicas y de salud enormes, porque el arsénico por su propia naturaleza química siempre va acompañado de flúor. Esto, independientemente de otros metales pesados que puedan encontrarse en los pozos de agua.
En las comunidades también se han realizado obras para eliminar los metales pesados, estas consisten en purificadoras de agua para “rellenar garrafones” con costo adicional. En Galvánes hay una, vandalizada y abandonada; en Jauregui, hay otra, que se encuentra en reparación; en San Miguel Octopan, existe otra, que se surte de agua de uno de los tres pozos que hay en la comunidad; en la Aurora, hay una pequeña rellenadora de garrafones de reciente creación que permanece cerrada.
Estos datos, validan la información y denuncias, que en lo personal he realizado desde esta tribuna, y las acciones que ha emprendido la organización civil, Alianza ciudadana Celayense para que se garantice el derecho constitucional a la salud, y claro, al agua potable. E igualmente, he señalado la urgente necesidad que tienen poblaciones como San Juan de la Vega, y Rincón de Tamayo de contar con plantas potabilizadoras conectadas a la red de agua para garantizar la salud de la población y frenar las enfermedades renales. Aclaro, no “rellenadoras” por su poca capacidad de purificación de agua,
Hay otros casos de retraso inexplicable para la construcción de purificadoras como es el caso de Tenería del Santuario, a pesar de su alto índice de enfermedades renales. Le cuento, que incluso se ha contado con el presupuesto para su edificación y operación.
De manera reiterada he señalado el tipo de enfermedades degenerativas que se asocian a la ingesta de agua contaminada por flúor y arsénico, y lo repetiré: retraso mental en niños, daño renal, reblandecimiento de los huesos, cáncer en la piel. Esto se ha ignorado, y en momentos se ha desmentido de manera criminal para evitar el reconocimiento de errores, o para evitar la inversión, pero en todo caso es una negligencia, que puede derivarse en responsabilidad por delitos contra la salud.
El día de hoy, después de largos años de denuncias y gestiones, el presidente municipal reconoció formalmente la presencia de metales pesados en el agua que se suministra a las comunidades que he mencionado, lo cual permite el ejercicio jurídico en caso de omitir la responsabilidad que se ha aceptado públicamente. El ciudadano Mendoza Márquez, aceptó que conoce las comunidades afectadas, y se comprometió a disponer de los recursos necesarios para garantizar la inocuidad del agua a sus habitantes. Hoy hablamos de un reconocimiento institucional, con valor legal de enorme trascendencia, y de repercusiones jurídicas, administrativas, y de violaciones a los derechos humanos que puede escalar a nivel internacional.
Otro funcionario que reconoció públicamente que el agua está contaminada por flúor, arsénico y manganeso, fue Gerardo Martínez Figueroa, él ha sido por muchos años, el Coordinador de agua potable, alcantarillado y saneamiento rural, la omisión de su responsabilidad en la procuración de agua sin contaminantes a la población es manifiesta. Acepta que tenía conocimiento, y no formuló desde su responsabilidad la inhabilitación de esos pozos, ni gestionó como era su obligación los recursos objetivos para la prevención de las afectaciones a la salud de la población. Su reconocimiento público en el video que ustedes han visto revela una actuación que puede ser sujeta a investigación por la presunta responsabilidad de un delito contra la salud, culposo o doloso. La evidencia es contundente, y desde este medio, señalo que su renuncia sería lo mejor que podrá haber hecho en su añejo paso por la administración municipal.
En el caso de las potabilizadoras de La Herradura y Santa Rita, la responsabilidad de su operación efectiva en la remoción de los contaminantes y el suministro de agua POTABLE como la señala la Norma 127 de la SSA, es de Jumapa, y desde luego, de quien presentó el proyecto incompleto: “Remoción de arsénico a través de un sistema de tratamiento por coagulación-microfiltracion, caso Celaya. Gto.” me refiero la servidora pública Patricia A. Estrada Orozco, quien ostenta el cargo de Directora de Sanamiento en Jumapa.
En este asunto es necesario que se intervenga en varios sentidos: una auditoria técnica-científica para evaluar el proyecto con el cual se construyeron las potabilizadoras de forma incompleta; investigar la veracidad de los análisis físicoquímicos que se han presentado en los últimos años; desde luego, la realización de análisis rigurosos del agua, bajo protocolos científicos, desde su entrada a la planta y a su salida. En esas dos plantas potabilizadoras hubo una inversión aproximada de 30 millones de pesos, eso también debe auditarse. La salud de la población mientras no exista una respuesta seguirá afectada, al igual que la responsabilidad por afectaciones a la salud de quienes por omisión o comisión lo permitan.
La oportunidad para darle un giro a la irresponsabilidad reiterada de las administraciones municipales, y frenar el deterioro de la salud de los celayenses está a la vista. Pero eso no se puede garantizar, si quienes han sido identificados como los probables causantes, se quedan, y son los encargados del problema que ellos crearon y dejaron pasar. Tiene igual importancia, abrir la participación en la evaluación, y solución a las organizaciones ciudadanas, y en la contratación de expertos externos en el tema, para darle confianza y transparencia a un asunto de salud pública, que por hoy nos quita la vida.
Revolcadero.
El anterior Contralor, Rubén Guerrero Merino, no resolvió con profesionalismo y ética, la denuncia que presentó Alianza Ciudadana debidamente motivada y fundamentada por el suministro de agua contaminada desde las plantas potabilizadoras la Herradura y Santa Rita; igualmente, la Presidente de la Comisión de Salud, y actual sindica, María de la Salud García Rodríguez a pesar de tener conocimiento de la denuncia, y de su responsabilidad moral, ética, profesional, y política, la ignoró en una sospechosa complacencia con el ex Contralor. La ciudad muere por el crimen organizado, pero también por los daños a la salud que han permitido los políticos.
