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(Una consejería jurídica que defienda a un gobierno posiblemente asediado)
Por Íñigo Javier Rodríguez Talancón.
“En política forma es fondo…” (Frase de Jesús Reyes Heroles, sabio político del viejo PRI)
Las expectativas ciudadanas de que ocurran cambios sustantivos con el nuevo gobierno municipal son muy altas, tanto como lo fue la cifra de votantes a favor de Morena en los comicios recién celebrados (más de 107 mil votos, cifra récord de cualquier elección en Celaya).
Para el nuevo ayuntamiento, y para quien lo presida, el profesor Juan Miguel Ramírez Sánchez, será un reto formidable estar a la altura de esas expectativas y enfrentarse con solvencia a la enorme corrupción que heredará…
Y es que con esta alternancia se corta de tajo una larga saga de 9 gobiernos panistas, todos del mismo corte autoritario y deshonesto; de gobiernos que por años han tejido un amplísimo entramado de intereses y complicidades facciosas circundantes al ejercicio del poder, y multitud de negocios corruptos con cargo al erario del Municipio.
Ante esta tesitura, la nueva administración se enfrentará a una realidad muy dura y compleja, y deberá optar entre el continuismo o el rompimiento con lo anterior. Porque el estado de cosas que hereda difícilmente admite “medias tintas”, que al final llevarían a anular la gran oportunidad política que ahora se presenta. Creo entonces que se pueden desde ahora plantear dos escenarios posibles y contrapuestos:
- Un gobierno anodino y paralizado que no se atreva a nada importante, para así llevar “la fiesta en paz” con el oficialismo estatal, y además conviviendo con los mismos actores e intereses favorecidos durante la larga noche panista;
- O, por el contrario, un gobierno decidido a cambiar los paradigmas impuestos por el conservadurismo yunque-panista, dispuesto a emprender cambios sustantivos con sentido social, y a enfrentar sin concesiones la enorme corrupción que hereda…
Y ambos escenarios conllevan riesgos importantes:
- Por una parte, una administración incapaz de proponer cambios sustantivos pronto rompería con las enormes expectativas creadas y de esta manera levantaría frente a sí obstáculos para gobernar con solvencia, incluso sobre los aspectos más nimios o prosaicos…
- O, por el contrario, una administración que efectivamente plantee esos cambios sustantivos, y busque llevarlos a cabo, pronto se enfrentará a esa enorme red de intereses, complicidades y negocios corruptos que han estado en connivencia con el poder municipal ya por mucho tiempo, generándose así toda clase de resistencias, oposiciones, e incluso sabotajes al quehacer público…
Aunque me inclino a pensar que el nuevo gobierno optará por lo segundo, la parquedad hasta ahora mostrada por el alcalde electo respecto a su disposición para emprender esos necesarios cambios sustantivos no permite aclarar esta cuestión.
Y aquí cabe preguntarse: ¿acaso un alcalde y su mayoría en el ayuntamiento surgidos de un movimiento de izquierda, como lo es Morena, podría gobernar de la misma forma en que lo ha hecho el PAN guanajuatense, un partido de trasfondo ultraderechista en su vertiente adscrita al Yunque? ¡Claro que no!
Aunque el alcalde electo nos está enviando señales contradictorias, al estar, si no aceptando, al menos siendo muy paciente con, los impúdicos “coqueteos” de esa parte del empresariado local y de sus muy conocidos personeros que han sido muy allegados al panismo que se retira.
Como sea, para despejar esta incógnita no deberemos esperar mucho. En el sentido de sus primeras decisiones advertiremos ya hacia dónde pretende dirigirse con el nuevo ayuntamiento; hay entonces que poner atención sobre lo siguiente:
- En quienes ocuparán los cargos más importantes en la administración municipal; en particular los de secretario del ayuntamiento, tesorero y oficial mayor; así como los directores de JUMAPA e IMIPE; ratificar a cualquiera de los que ahora están sería una señal ominosa.
- En la ratificación en sus términos, o no, de los proyectos que heredará del gobierno panista que se retira; la mayoría de estos proyectos involucran intereses y negocios particulares abusivos de algunos empresarios allegados al panismo.
- Sobre la destitución, o no, de la contralora municipal; como argumento en otra parte, la Señora Laura Lara Rodríguez fue designada de manera ilegal, por lo que este acto se encuentra aquejado de nulidad, y debe ser corregido por el ayuntamiento entrante.
- Sobre efectuar, o no, una profunda limpieza administrativa en JUMAPA, IMIPE y otras direcciones generales relacionadas; todos los cargos altos e intermedios de estos dos organismos descentralizados y esas otras entidades administrativas, están estrechamente vinculados con esos empresarios allegados al panismo que se retira.
- Sobre conservar, o no, las pesadas burocracias de todos los organismos paramunicipales, y de algunas direcciones que han mostrado su crasa inutilidad; todos estos organismos se han constituido en reservorios de empleos fáciles o regalados (sinecuras o “aviadurías”) que se han otorgado a familiares, amigos y otros compinches.
- Sobre despojar de nueva cuenta, o no, al ayuntamiento entrante de su facultad para “convenir y contratar obra pública”; el despojo de esta facultad ha determinado la base de la corrupción endémica de todos los gobiernos municipales; siempre ha sido arbitrario e ilegal, e incluso constituye un delito de abuso de autoridad.
Entre estas importantes decisiones, que en su mayor parte deberán ser tomadas durante las primeras semanas del ejercicio político y administrativo del nuevo gobierno existen dos en particular que nos pueden indicar, sin lugar a duda, hacia donde nos pretenden llevar; me refiero a las mencionadas en los puntos (iii) y (vi) anteriores y que, para bien o para mal, mutuamente se complementan:
- En primer término, de no destituirse a la contralora municipal, el nuevo gobierno nos indicaría que las formas y los esquemas de corrupción e impunidad heredados del panismo prosiguen sin cambio alguno;
- En cambio, si se le destituye, ya que su nombramiento fue ilegal, y se convoca a un nuevo proceso para designar a quien le sustituya, el nuevo gobierno nos manifestaría todo lo contrario.
- En segundo término, si el alcalde, como puntalmente lo han hecho todos los anteriores, decide despojar al ayuntamiento de su facultad propia para “convenir y contratar obra pública”, la cual no es subrogable, nos indicaría que concibe al ejercicio público como un botín al que puede tener libre acceso;
- Pero si el alcalde decide respetar la legalidad y permitir que el ayuntamiento ejerza esta facultad por sí mismo, sin intermediarios, estaríamos en presencia del inicio de un gobierno que se atreve a romper con los paradigmas anteriores de abuso y despotismo, y a combatir efectivamente la corrupción.
COROLARIO: Con el subtítulo de este artículo “Una consejería jurídica que defienda a un gobierno posiblemente asediado” me inclino, quizás impulsado más que por un simple deseo, a la posibilidad de que el nuevo gobierno sí se atreverá a combatir la enorme corrupción panista y efectúe los cambios sustantivos necesarios para desmontarla… y también, en consecuencia, que estará dispuesto a asumir los riesgos inherentes a la confrontación con esa red tupida de intereses que se han prohijado desde el poder municipal, toda clase -como menciono- de resistencias, oposiciones, e incluso abiertos sabotajes al quehacer público. Lo cual es de prever en el presupuesto de todo buen “realismo” político, si se considera que el PAN conservó la gubernatura del Estado y la mayoría en el congreso local, y con ello, herramientas de control y manipulación política importantes que seguramente pondrán a disposición de los adversarios al nuevo gobierno… Y es que los panistas siempre han pretendido constituir a Guanajuato como su primer bastión de poder político, por lo que recuperar Celaya les es imperativo… Por todo lo anterior, concluyo en la necesidad de contar con una consejería jurídica de alto nivel que defienda al nuevo gobierno del asedio que pudiera ocurrir.