Se han cumplido de 25 años de gobiernos panistas en Guanajuato. Desde el acuerdo con el régimen priista encabezado por Carlos Salinas de Gortari, el Partido Acción Nacional ha gobernado en la mayor parte de los 46 municipios del estado y, en especial, en las ciudades del corredor industrial de la entidad.
En ese lapso, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha tenido una presencia secundaria, con gobiernos en municipios de relativa fuerza económica, pero en medio de una serie de conflictos internos y en alianza con otras fuerzas políticas, especialmente el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en 2009, incluso, con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En lo que respecta al PRD, su fuerza se ha concentrado en municipios del sur, en especial en Acámbaro y Valle de Santiago y, recientemente, en Moroleón. En Valle de Santiago su fuerza ha dependido esencialmente del liderazgo que en su momento tuvo el ya fallecido Fernando Arredondo Franco, hecho que exige un trabajo de institucionalización partidista que fortalezca los avances logrados en la región.
Actualmente, el PRD tiene tres curules en el Congreso Estatal y gobierna en 4 municipios: Acámbaro, Moroleón, Santa Cruz de Juventino Rosas y Cortazar, en donde se ha registrado una problemática política reciente.
El reto es el de un eficiente ejercicio de gobierno en donde el PRD tiene esa responsabilidad, y el ser una oposición propositiva, garante de la exigencia de una mayor rendición de cuentas, necesaria en el contexto de 25 años de panismo que se ha corrompido y que está a cargo de una generación de políticos conservadores, que políticamente han nacido y crecido al amparo del poder y que lo ejercen para beneficio propio y de los intereses que les respaldan.
Situación económica
De acuerdo con información generada por el gobierno del estado, gracias a la atracción de inversiones, especialmente de la industria automotriz, Guanajuato es la segunda entidad con mayor crecimiento económico en el país, sólo después de Querétaro.
La instalación de armadoras de autos de empresas como Toyota, Honda y Mazda, que se suman a la General Motors, instalada desde hace más de 25 años, ha generado la creación y apertura de empresas periféricas del ramo que desplazan a la industria local, esencialmente zapatera y textil, y que han contribuido al desarrollo de nuevos polos de desarrollo económico, en especial municipios como Silao y Apaseo el Alto, lo que hace más compleja la dinámica productiva del corredor industrial al vincularse con ciudades como León, Irapuato y Celaya.
Sin embargo, ese crecimiento no se ha reflejado en un desarrollo económico más igualitario: Guanajuato ocupa el lugar 19 en la tabla promedio de percepción salarial en el país, por debajo de la media nacional, lo que implica que los nuevos empleos no van de la mano con mejores condiciones salariales.
A lo anterior se suma una problemática de perspectiva de género: en salarios para hombres, Guanajuato se ubica arriba de la media, pero para mujeres está muy por debajo de ésta.
El proyecto de desarrollo económico del gobierno estatal ha tenido impactos negativos en dos rubros: el campo y la industria local. Los recursos se han canalizado en su mayor parte a la infraestructura destinada a la atracción de inversiones, en detrimento del apoyo a inversionistas locales, en especial la pequeña y mediana empresa; de igual manera, los recursos asignados al campo son mínimos en relación a los destinados al apoyo a empresas externas, sobre todo corporativos extranjeros, que se instalan en la entidad.
De esa manera se ha establecido una dependencia económica hacia las inversiones extranjeras, situación de alto riesgo ante la incertidumbre generada por el ascenso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos.
La inseguridad, el gran problema
En los últimos tres años se ha incrementado de manera muy alarmante la inseguridad en el estado de Guanajuato. Las ejecuciones y la presencia del crimen organizado, en especial del cártel de Jalisco Nueva Generación y los derivados de La Familia Michoacana, han llevado a la entidad a destacar en el país en el índice de criminalidad.
Los datos oficiales señalan que Guanajuato es el primer estado en homicidios culposos y noveno en dolosos. Al iniciar el actual sexenio estatal, estaba entre los lugares 14 y 15 a nivel nacional en homicidios dolosos, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; desde el año pasado se encuentra entre los 7 con mayor número de asesinatos.
Guanajuato es la entidad número 5 en índices delictivos de alto impacto, como son homicidios, secuestros y extorsiones, entre otros; entre 2014 y 2015 se registró un incremento del 30 por ciento en homicidios dolosos y Celaya, aseveró, es el municipio con mayor índice delictivo en el estado.
Como parte de otro aspecto que deriva de una dinámica social, cultural y educativa, resaltan también la violencia de género y violencia sexual: ha habido un creciente aumento en número e índice de feminicidios y el estado ocupa el primer lugar en violencia sexual, con menores de edad como principales víctimas.
A esa violencia social se agrega la derivada de la delincuencia: una actividad relacionada con la venta de droga es la extorsión, misma que se ha convertido en fenómeno “normal”, con pocas denuncias, a la que se suman actividades ilícitas como el robo de combustible de PEMEX, ámbito en el que Guanajuato ocupa el primer lugar a nivel nacional; y el robo a ferrocarriles, en el que destaca como segundo lugar.
Lo anterior llevó a que el gobierno del estado pasara de asumir una postura de minimización de hechos y un discurso triunfalista en materia de seguridad, sobre todo con la promoción del Programa Escudo.
En vez de reconocer esta realidad, el gobernador y sus secretarios aducían que los asesinatos registrados en la entidad derivaban de “gente que anda en malos pasos”, que “no pasa nada”, que “es una mala racha” o que se trata de “un fenómeno cultural”.
Pasaron de lo anterior a establecer un acuerdo con el gobierno federal y aceptar una mayor participación del ejército en la lucha contra el crimen organizado.
En las últimas semanas aumentó la presencia militar en la entidad, sobre todo para la seguridad en torno a los ductos de combustible y el tránsito ferroviario, y recientemente se anunció la construcción de un cuartel militar en León.
Sin embargo, la decisión ha tenido más un impacto mediático que un ejercicio real de combate a la delincuencia. A pesar de que diversas voces, coincidentes con la propuesta del perredismo guanajuatense e incluidas algunas del interior del partido en el poder, señalan la necesidad de un amplio acuerdo social contra la inseguridad y el desarrollo de un programa integral y transversal para su prevención y combate, el gobierno estatal ha mantenido una postura de sólo militarizar la entidad.
Educación y cultura: asignaturas pendientes
En materia de educación y cultura, Guanajuato mantiene los niveles históricos de rezago en la materia. Continúa en los últimos lugares tanto en calidad de Educación Básica como en Media Superior, no obstante los avances en materia de cobertura.
El gobierno del estado presume que el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES) tiene más de 40 mil estudiantes en la entidad han egresado más de 100 mil en sus 20 años de existencia, sin embargo, esos números no han arrojado mejores resultados en las evaluaciones nacionales en educación media superior y superior.
En el caso de la Universidad de Guanajuato, ha tenido un aumento en su cobertura y algunos logros en los procesos nacionales de evaluación, pero se trata de resultados productos de su dinámica como entidad autónoma, avances logrados a pesar de las limitaciones presupuestales tanto a nivel estatal como federal.
En materia de cultura, Guanajuato ha proyectado a través de sus festivales una imagen de entidad de promoción y creación en el campo de las artes, pero ello no se ha reflejado en un desarrollo integral educativo. Las instituciones de cultura, tanto la estatal como las municipales, enfrentan políticas públicas de menosprecio por parte de los gobiernos y limitaciones presupuestales que se agravan con el anunciado recorte de presupuesto federal en la materia.
Descomposición del tejido social
En la entidad persisten y se agravan las desigualdades sociales. Los rezagos educativos y económicos y la creciente inseguridad social han provocado una percepción de incertidumbre y temor y condiciones de confrontación y polarización social crecientes.
Más de 20 linchamientos, el surgimiento de “justicieros” que han agredido a presuntos delincuentes, el temor creciente y el ver como hechos cotidianos los asesinatos en la entidad son referencias de los niveles de debilitamiento del tejido social.
Esta situación está poniendo en riesgo la posibilidad de mayores inversiones, una de las fortalezas económicas de la entidad, y está generando un cada vez más marcado contraste social, con el Guanajuato de gente pudiente, de alto consumo, y un Guanajuato de población cada vez más pauperizada, asolada por la delincuencia y los rezagos de toda índole.
Los programas sociales aplicados por los gobiernos estatal y federal, que en teoría implican la posibilidad de atenuar las profundas desigualdades, han sido esencialmente actividades de carácter político-electoral.
En ese sentido, el PRD ha planteado una serie de propuestas de solución en las que destacan:
- Mayor impulso a la industria local.
- Un Plan Integral y Amplio Acuerdo Social contra de inseguridad.
- Hacer un diagnóstico y replantear las estrategias en materia de educación y cultura.
- Que los programas sociales no sean usados para fines electorales.
- Garantizar la transparencia y la rendición de cuentas