By La Diputada Federal por el Distrito 12 de Celaya, Sarai Núñez Cerón, presentó una reforma constitucional con la que se podrá garantizar la entrega de un bono contra el hambre priorizando a las familias en condiciones vulnerables.
Dicha iniciativa surge por las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), quienes afirman que el esfuerzo de dos décadas para eliminar la pobreza extrema se está perdiendo en cuestión de meses y millones de personas más pasarán hambre debido a la crisis del Covid-19, y de las malas decisiones de los gobiernos al actuar frente a estos problemas.
“De acuerdo con dichas organizaciones, en América Latina necesitamos medidas urgentes para evitar que la actual crisis de salud causada por el coronavirus se transforme en una crisis alimentaria”, destacó Núñez Cerón.
Dijo que, entre 2016 y 2018 ya habían 53.7 millones de latinoamericanos en inseguridad alimentaria severa, mientras que con esta crisis que será la más grande en la historia de la región, sin duda habrá un aumento de la pobreza extrema y el hambre.
“La ONU menciona que la gran tarea es impedir que la crisis actual de la pandemia se convierta en una crisis alimentaria, algo se puede alcanzar complementando con un bono contra el hambre. Este bono podría materializarse en la forma de transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema”, afirmó la legisladora celayense.
Cabe mencionar que el 25 de septiembre del 2015, México se comprometió al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con la meta denominada “Hambre Cero”, que consiste en poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente.
Sin embargo, Sarai Núñez reveló que en los últimos años México ha tenido un pobre crecimiento en la lucha contra la inseguridad alimentaria, mientras que en este 2020 con la crisis sanitaria, se afectará a largo plazo la economía y, por consiguiente, se generará un mayor asentamiento de la brecha de la pobreza y desigualdad.
Lo anterior demostrado con información preliminar divulgada por el INEGI en el último trimestre del año pasado, donde señala que el Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo en 0.3% respecto del nivel alcanzado en el cuarto trimestre previo, cuando la actividad se quedó estancada, sin registrar crecimiento alguno.
“El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), organismo que mide la pobreza en México, calculó que la crisis sanitaria en México dejaría unos 12 millones de personas en pobreza extrema. La crisis alimentaria en México se controlará si el gobierno en turno acata las recomendaciones que emiten los altos órganos internacionales como la ONU con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, el Informe COVID-19 CEPAL -FAO.
“El espíritu de esta iniciativa es retomar esta recomendación y plasmarla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Estado garantice la entrega de un bono contra el hambre, para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y las y los afromexicanos, las personas mayores de 68 años, las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la Ley y las personas y las familias que se encuentren en condición de pobreza extrema.
“Esta propuesta de implementar el bono contra el hambre, no está fuera de la realidad, tal y como se realizó el pasado 8 de mayo de 2020, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los programas sociales impulsados por el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que estarán a rango constitucional, como las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos para personas con discapacidad siendo una obligación del Estado”, puntualizó Sarai Núñez Cerón.
Finalizó detallando que con esta reforma se garantiza que cada año se deberá incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el financiamiento para estos programas.
