By Guanajuato,Gto.- Con el propósito de que los derechos de niñas, niños y adolescentes se respeten especialmente cuando enfrenten un procedimiento jurídico, la diputada de morena Martha Edith Moreno Valencia, presentó una iniciativa de reforma al artículo 73 de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Guanajuato.
La iniciativa prevé que las autoridades estatales y municipales consideren que las niñas, niños y adolescentes sean parte de un proceso jurisdiccional de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, para entre otros aspectos garantizar la protección y prevalencia del interés superior de la niñez a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley.
Algunas de las propuestas de la iniciativa, es proporcionar información clara, sencilla y comprensible para las niñas, niños y adolescentes sobre el procedimiento judicial o administrativo de que se trate y la importancia de su participación en el mismo, incluyendo, en su caso, formatos accesibles de fácil comprensión y lectura para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
La propuesta también plantea proporcionar la asistencia de un traductor o intérprete, ponderar, antes de citar a una niña, niño o adolescente a alguna audiencia la pertinencia de la misma, considerando su edad, madurez, estado psicológico, así como cualquier otra condición especifica, entre otros aspectos.
Resaltó que es fundamental que aquellos que se encuentren en un procedimiento judicial o administrativo lo entiendan y tengan el acompañamiento necesario, implementándose medidas para protegerlos de sufrimientos durante su participación y garantizando el resguardo de su intimidad y datos personales, protegiendo y vigilando siempre el interés superior de la niñez, ya que no se puede establecer el mismo trato que a los adultos.
Finalmente la diputada Edith Moreno, resaltó que el comité de los derechos del niño, en las observaciones finales sobre los informes cuarto y quinto consolidados de México, recomienda que se implemente de manera efectiva la legislación que reconoce el derecho de niñas y niños a ser escuchados en procedimientos judiciales y administrativos relevantes, así como asegurar su acceso a la justicia, facilitando mecanismos de denuncia confidenciales y amigables.
