Celaya.- Las contribuciones económicas que realizan los habitantes a través del pago de impuestos, deben ser para mejorar la calidad de vida de la población, y la administración debe ser equitativa, honesta, responsable, pero ha ocurrido lo contrario. El uso y abuso de los recursos públicos ha generado una corrupción imparable. Cuando gobiernan los mismos, no solo se traspasan el gobierno, sino también una cadena de impunidad y corrupción que los alimenta y protege.
Ara Morales, continua recorriendo las calles de nuestra ciudad y sus comunidades. Un asunto que le urgen, es un transporte eficiente, cómodo y ágil. En su recorrido por las colonias Ejidal, Lagos, Monte Blanco, les plantea agilizar la restructuración del sistema de transporte público.
En ese sentido plantea la necesidad de romper el círculo vicioso que han fomentado los últimos gobiernos sobre los transportistas, negociando la “tolerancia” o los aumentos de tarifas a cambio de favores políticos como la inserción de propaganda electoral, o el “acarreo” de personas para votar a favor del candidato en época electoral. Es urgente terminar con eso.
El gobierno municipal, plantea Ara Morales, debe generar la infraestructura vial y carretera para que haya un cambio de calidad en el servicio de transporte, y desde luego, debe frenarse la dispersión urbana que eleva los costos de traslado, gasolina, llantas, tiempo, salarios, frecuencias de servicios. Entre más alejados estén los desarrollos inmobiliarios, mas costoso será el servicio de transporte, y la generación de la infraestructura urbana como iluminación, seguridad, drenajes, agua potable, limpieza, mantenimiento de parques, jardines, y claro, servicios de salud y mas.
Un servicio de transporte confortable, seguro, ágil, tiene un costo y una inversión, que deben cubrir los transportistas de las utilidades que obtengan de la venta de sus servicios. El transporte es una empresa como cualquier otra, da empleo, genera intercambio comercial, ofrece un servicio de traslado que permite ahorro de tiempo laboral, ofrece servicios ambientales que pueden mejorarse, pero el hecho de ser un servicio concesionado por el municipio, lo convierte en un blanco del chantaje político por el partido político en el poder. Es necesario generar un acuerdo entre gobierno, transportistas, y usuarios para que el costo del pasaje refleje cabalmente los intereses de los tres sectores.
Ara Morales, les comenta, un servicio integral de transporte público, moderno, cómodo, responsable con el medio ambiente es una responsabilidad municipal, y los empresarios transportistas, están obligados a prestarlo siempre y cuando exista equidad entre la inversión y la utilidad. La modernización del transporte requiere la subsidiaridad del gobierno estatal y municipal, sin condicionantes político-partidistas, de otro modo seguirá el mismo circulo vicioso.

