Tarimoro.- Valentín Rosas Galván de 33 años de edad perdió la vida dentro de los separos preventivos de seguridad pública en este municipio hace ya tres años, sin embargo, los presuntos culpables de su muerte no han sido castigados, ha sido un largo proceso del cual esperan pronto tener una resolución favorable.
Su hermana Juana Rosas, ha sido la encargada de dar seguimiento al caso en el que dice, hay serios indicios de que las investigaciones han sido alteradas y a pesar de existir recomendaciones por parte de Derechos Humanos, los funcionarios involucrados siguen laborando en el municipio.
Relata mientras muestra infinidad de documentos que el 2 de febrero de 2015 fue detenido Valentín por presuntamente alterar el orden público minutos antes de las 3 de la mañana, situación que no era extraña pues en varias ocasiones había sido detenido con anterioridad pues le gustaba consumir alcohol y a veces otras sustancias, “era ya conocido, cuando lo agarraban le hablaban a mi hermana Angelina para que fuera a pagar la multa, lo extraño es que esta vez no llamaron, hasta muchas horas después y fue personal de la funeraria para decirnos que estaba muerto y que teníamos que reconocer el cuerpo en el SEMEFO”.
El certificado médico señala que la muerte se derivó de traumatismo craneoencefálico, pero el cuerpo presentaba señales de haber sido golpeado salvajemente pues tenía los ojos morados y otros hematomas en diferentes partes del cuerpo.
“Todos se echan la bolita, los policías que lo llevaron dicen que ellos no fueron y los que estaban de guardia tampoco, pero erróneamente de su parte nunca levantaron un certificado médico de las condiciones en que ingresaba a barandilla mi hermano, y otra situación que no cuadra es que cuando derechos humanos solicita los videos de la detención, solo envían unos minutos donde nunca se ve su ingreso y extrañamente al interior de la celda donde estaba, era la única cámara que no servía”.
Cuando se envió la recomendación de Derechos Humanos al municipio, el entonces alcalde Rafael Ramírez Tirado solo respondió que los jueces calificadores Miguel Ángel Hernández y Omar López Morales fueron removidos del área y enviados a otras áreas del municipio a laborar, en tanto a los policías María Guadalupe Canchola, Gabriel Hurtado y Rafael López, solo se les arrestó por 36 horas a manera de amonestación.
En la Averiguación Previa 1894/2015 presuntamente acudió a declarar de manera voluntaria Juan Carlos Rodríguez, quien estuvo en la misma celda que Valentín el día de los hechos, donde de acuerdo Juana, también hay varias inconsistencias, pues se asienta que se identificó con credencial de elector, de la cual no se mencionan los registros o números de la mica, pero más adelante menciona que no cuenta con domicilio por encontrarse en situación de calle, y no recordar su fecha de nacimiento lo cual entonces dice, no le hubiera permitido obtener una credencial del INE, sin contar con acta de nacimiento y comprobante de domicilio.
“Otra inconsistencia es que él ya había declarado ante derechos humanos y en esa ocasión manifiesta no saber leer ni escribir, lo cual corroboré yo con una hermana de él, me dijo que es analfabeta, incluso por no contar con firma puso su huella digital en el expediente, pero en esta declaración ministerial dicen que estudio hasta el tercero de primaria y aparece una firma con unas letras que incluso en las diferentes hojas se ven diferentes, -dice mientras las muestra- y para acabalar el cuadro, manifiesta que no deseaba ser acompañado por un abogado para declarar”.
Al reconocer que su hermano consumía alcohol y alguna droga, tampoco le parece coherente que tras la autopsia se haya entregado un certificado médico en el cual se señala que no había rastros de ninguna de estas sustancias, “eso es increíble, él había salido de una reunión en una casa donde habían estado tomando, y hay testigos de eso, en unas horas no podía haber eliminado de su cuerpo lo que hubiera consumido”.
Juana Rosas culmina la entrevista señalando que aunque hayan pasado ya varios años no puede permitir que el caso quede impune, pues se trata de la vida de un ser humano y de una enorme negligencia de las autoridades que hoy se quieren “lavar las manos” tratando de recomponer en el expediente situaciones que estuvieron mal desde el inicio.
