By Redacción
Celaya, Gto; Lo que comenzó como un cambio de área laboral terminó en una batalla legal para Catalina Dena Ramírez, ex trabajadora de la Dirección de Desarrollo Urbano, quien asegura haber sido víctima de difamación, despido injustificado y malos tratos por parte del director de la dependencia, Luis Martín González Guzmán, así como de Nicolás Andrés Méndez Ramírez, funcionario del área administrativa.
Catalina narró que tras nueve años de servicio en el municipio, desde mayo de 2017, la semana del 30 de marzo de este año cambió de adscripción a Tesorería Municipal por razones de seguridad personal. Sin embargo, dijo que el movimiento nunca fue formalizado mediante oficio.
Mientras intentaba adaptarse a su nueva área, asegura que comenzaron los señalamientos en su contra.
“Empezaron a decir que me había robado la caja chica, expedientes e incluso que había borrado información de la computadora”, relató.
Catalina rechazó las acusaciones y sostuvo que cuenta con pruebas para demostrar que son falsas. Señaló además que estas versiones habrían sido expuestas ante personal de la propia dirección, afectando su imagen y estabilidad emocional.
Por ello, promovió una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y otra ante la Fiscalía General del Estado.
La ex funcionaria aseguró que posteriormente dejó de recibir pago, incluso por los días que trabajó en Tesorería, y que hasta la fecha no se le ha notificado formalmente una baja laboral.
“Nada más me dijeron por mensaje que mi situación la vería Oficialía Mayor”, comentó.
Añadió que al acudir a buscar respuestas encontró desconocimiento del caso y contradicciones entre las áreas administrativas del municipio.
Otro frente legal que mantiene abierto es el reconocimiento de su antigüedad. Explicó que en marzo de 2025 fue cambiada a un esquema de base de confianza, pero al momento de su separación laboral solo se le pretendía reconocer un año de servicio.
Catalina sostiene que el municipio obliga a firmar renuncias cuando un trabajador pasa de honorarios a base, práctica que calificó como irregular. Dijo que incluso recibió un finiquito cercano a los 3 mil 700 pesos por siete años laborados, monto que ahora también pelea ante la Procuraduría del Trabajo.
Durante su relato, la ex trabajadora también cuestionó el funcionamiento interno de Desarrollo Urbano, donde dijo haber observado cambios constantes de personal, atrasos en trámites y desconocimiento de procedimientos administrativos.
Asimismo, acusó a Nicolás Andrés Méndez Ramírez de impedirle el acceso al edificio público y de asumir funciones administrativas sin contar inicialmente con nombramiento formal.
Catalina afirmó que su intención inicial era concluir la relación laboral “de la mejor manera”, pero ante la falta de acuerdos decidió continuar por la vía jurídica.
“Esto va a continuar”, advirtió, al señalar que las acciones legales ahora son directamente contra los funcionarios a quienes responsabiliza de las presuntas agresiones.
