By Por: José Luis Ramírez
El despido de la Arquitecta Elizabeth Arroyo Salazarde la Dirección de Movilidad y Transporte, era una tonada que venían cantando los asesores del ciudadano presidente municipal desde hace meses. Dos temas eran candentes, el del transporte público, y el destino de las vías del tren que atraviesan la ciudad, y que supuestamente quedarían liberadas, al desviar Ferromex y Kansas City su paso por la ciudad al través del libramiento construido al sur de nuestro municipio, pero que podrían usarse para un trenecito interurbano que, por cierto, es la obsesión y ambición del expresidente Ismael Pérez Ordaz.
De la misma manera, el asunto de retirar las concesiones de transporte publico municipal a los actuales permisionarios, por la ineficiencia e ineficaciaque arrastran, fue un tema recurrente en sus reuniones durante la elaboración del Programa de gobierno que presentó al IPLANEG, la intención erasuplirlos con otro tipo de empresas y empresarios foráneos de transporte. Pero, es importante destacar que el Servicio Público de Transporte de Pasajeros en su modalidad de Urbano y Suburbano en ruta fija, así como el Transporte Incluyente Público es responsabilidad del Municipio, y no un negocio en sentido estricto, privado.
Ambos asuntos, traen tras de sí, inversiones millonarias, y jugosos dividendos para quien fuese beneficiario de las concesiones de transporte, y del tren interurbano (el tren de pasajeros México-Guadalajara es una obra nacional, nada que ver con el Interurbano). No hay casualidad en el despido, porque necesitaban un peón que les sirviera a sus particulares intereses, pero su estrategia falló, la directora de Movilidad, efectivamente tenía otra visión, estructurada en función del interés de la ciudad y sus habitantes.
En su acostumbrada justificación de despidos, el ciudadano presidente, hizo gala otra vez de la violencia de género, del uso de violencia simbólica, de violencia laboral, y del atropello a la dignidad de la persona. Usaron el mismo patrón, arrogante y prepotente para el despido, lo cual, entraña en si mismo un despido injustificado. Una violación mas al principio de legalidad por ordenes expresas del ciudadano alcalde.
En defensa de su decisión, señaló: “se tuvieron muchas diferencias y ella no pudo apegarse al sistema de gobierno y lo que implica la 4T”, y añade que no se “apegó al Programa de gobierno”. Le comento el famoso Programa “mocho” de gobierno -el de las letras chiquitas-, contempla el seguimiento del SIT, Sistema Integrado de Transporte, y desde luego, nada de lo que argumenta, se equipara. Tampoco, se menciona el tren interurbano como propósito de gobierno municipal, porque es un estudio del gobierno del estado, realizado inexplicablemente a petición de los traficantes de influencias, y no del sentir social.
La Arquitecta Elizabeth Arroyo, contesta a esos dichos y precisa en redes sociales: “Yo no propuse hacer estaciones, propuse que se reconsiderara el resultado del diagnóstico que hizo la SICOM en 2018 avalado por el IMIPE donde se definió que el derecho de vía se utilizaría para ampliar vialidades, hacer ciclovías, un parque lineal, andadores, pero no un tren, mucho menos si va a costar 10 mil mdp y 370 mdp anuales para la operación. Y el tren interurbano si tendrá un gran beneficio, pero debe irse por un libramiento, no atravesar la ciudad con otro tren enrejado. Los usuarios del transporte público van a la baja, ya queda menos de la mitad de los que eran antes de la pandemia, ese tren puede quedarse como elefante blanco. ¿Y cómo es que pretenden pasar 2 trenes por las mismas vías? Tampoco solicité subsidiar a las empresas transportistas, pero sí hice hincapié en que se requiere algún tipo de apoyo porque, con la disminución de los usuarios y el aumento de precio de los autobuses, ya difícilmente los concesionarios tendrán la capacidad para renovar las unidades que ya rebasan por mucho, la vida útil”. Hasta ahí su aclaración. En lo personal, le he dado seguimiento público a esos temas, previa investigación y entrevistas a expertos y permisionarios, y coincido engrandes líneas con esa apreciación.
Durante su argumentación, el ciudadano alcalde Ramírez, otra vez mostró un compendio de ignorancia sobre los temas jurídicos que encarnan la administración pública. Y lanzó un disparate más para su colección. Señaló que, “aún contempla la desintegración de la Dirección de Movilidad en Celaya, una de sus áreas sería enviada al Instituto Municipal de Investigación Planeación y Estadística (IMIPE) y otra a la Dirección de Tránsito y Vialidad…” “porque dentro de la dinámica de la administración municipal, está desintegrar la Dirección de Movilidad, la cual, no se tiene entendido del porqué fue creada”.
El ciudadano alcalde, como en la mayoría de las cosas que afirma, y luego las desmiente, efectivamente NO ENTIENDE por qué fue creada la Dirección de Movilidad y Transporte, creo que lo dicho fue un acto de sinceridad, y debemos creerle porque piensa que puede gobernar por encima de la Constitución y de las Leyes que de ella emanan, y no del conocimiento. Le comento:
La Dirección de Movilidad y transporte tiene su origenjurídico en la LEY GENERAL DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL, que fue reformada y publicada por ultima vez, en el DOF 29-12-2023, precisamente por ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ese momento.
La mencionada Ley, señala que, “la presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto en el párrafo décimo séptimo del artículo 4o. y 73, fracción XXIX-C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de movilidad y seguridad vial, y tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el DERECHO A LA MOVILIDAD en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
En ese mismo sentido, también tenemos la LEY DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y SUS MUNICIPIOS, “es de orden público e interés general y tiene por objeto establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, bienes y mercancías, garantizando a todas las personas que se encuentren en el Estado, las condiciones y derechos para su desplazamiento por el territorio, especialmente por los centros de población y las vías públicas, de manera segura, igualitaria, sustentable y eficiente”.
Dicha ley estatal, contempla entre otras cosas,“establecer el sistema estatal de ciclovías y de estacionamiento de bicicletas; garantizar la participación ciudadana en las políticas públicas estatales y municipales relativas a la movilidad; planear, regular, ordenar, administrar, supervisar e inspeccionar el servicio público y especial de transporte; definir la competencia y atribuciones de las autoridades en materia de movilidad y transporte (…).Y entre otras mas obligaciones señala, “impulsar sistemas tecnológicos que permitan un desarrollo eficiente de la movilidad, generando eficiencia en los sistemas de transporte y el desplazamiento de personas y bienes”.
Y desde luego, no podemos pasar por alto el REGLAMENTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS EN RUTA FIJA DEL MUNICIPIO DE CELAYA, GUANAJUATO, que “es de orden público, interés social y observancia general y tiene por objeto establecer las bases y programas para garantizar la movilidad de las personas; y las normas para la planeación, organización, operación, prestación, administración e inspección del Servicio Público de Transporte de Pasajeros en su modalidad de Urbano y Suburbano en ruta fija, así como el Transporte Incluyente Público”.
Y en relación a las facultades y obligaciones específicas del alcalde Ramírez, el Artículo 2. Le dicta que, “Las Autoridades Municipales en materia de transporte planearán, desarrollarán y organizarán su actividad conforme a lo previsto en este Reglamento y la Ley de Movilidad, del Estado de Guanajuato y sus Municipios y los respectivos planes de desarrollo”, y no desde improvisaciones o torcimientos de la ley.
Precisamente su argumentación en el despido de la arquitecta Elizabeth Arroyo mencionaba que no era compatible con su Programa de la 4T, y lo primero que debió hacer desde hace meses, es que sus ocurrencias, pero ya de manera formal, fundadas y motivadas como propuestas de gobierno, deberían haber sido contempladas racionalmente y de manera obligada, en la elaboración de los planes municipales, y como autoridad vincularlas al Plan Municipal de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial, Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable y al de Transporte como lo señala el Reglamento municipal, pero claro, no la ha hecho, y parece que no lo haráporque no lo ENTIENDE.
Se comprende que el alcalde Ramírez, no sea un erudito, ni que mínimo tenga nociones de lo que habla, pero si alrededor suyo tiene decenas de asesores que le cuestan a la población millones de pesos anuales, sería correcto que lo apoyaran con algunas notas que le impidan decir tantas barbaridades y brutalidades en menos de 10 minutos, con riesgo a que sean usadas para argumentar su incapacidad para gobernar, y pedir su destitución o renuncia por las reiteradas violaciones a la Carta Magna.
En resumen, el despido de la Arquitecta Elizabeth Arroyo, es injustificado, y tiene como propósitos paralelos, beneficios, negocios y ganancias privadasque son incompatibles con el interés público, y los Principios de la Cuarta Transformación. Y desde el punto de vista político, tal parece que está poniendo en charola de plata a los opositores y sus socios comerciales, la elección del 2027
La caminera. Los SERVIDORES PUBLICOS de la Unidad de Transparencia en Celaya están cayendo en un juego sucio, ocultando información y sesgándola. ¿Valdrá la pena la vergüenza publica que no podrán ocultar por años?
