By Redacción
Cortazar.- Al no contar con permiso de uso de suelo vigente, ni licencia de alcoholes, además de encontrar a menores de edad consumiendo bebidas con contenido etílico al interior del bar denominado “Finca San Pablo” durante el operativo “Trueno” realizado este fin de semana, el establecimiento fue clausurado, pese a ser propiedad de la regidora de morena Mary Cruz Mata.
Y es que aun cuando la edil morenista realizó una transmisión en vivo de la presunta arbitrariedad, mencionaba apegarse a la Ley Orgánica Municipal, cuando la misma no se encuentra vigente, ya que en el mes de septiembre pasado en su lugar aplica la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato.
Cabe recordar que Mata Medina ya había sido exhibida en febrero del año pasado, cuando trascendió que adeudaba más de 25 mil pesos por concepto de agua potable y alcantarillado a la JUMAPAC, por lo que la toma se encuentra clausurada y también la descarga de agua residuales, en el establecimiento ubicado en bulevar Paseo de la Juventud.
En el video además la propia regidora menciona que realizó llamada al presidente municipal Mauricio Estefanía el cual no le contestó, sin tomar en cuenta que la Jefatura de Fiscalización cuenta con atribuciones en el artículo 9, fracción III que a la letra señala: Realizar lo actos de fiscalización en los lugares que realicen una actividad comercial, de conformidad con los convenios de colaboración administrativa que para tales efectos el Municipio suscriba con el SATEG.
Mientras que en la fracción IV se señala: Determinar las infracciones, imposición de sanciones, declaración de clausura de establecimientos, así como el secuestro de mercancía, de conformidad con los convenios de colaboración administrativa que para tales efectos el Municipio suscriba con el SATEG.
Acompañada de un supuesto socio, comentaban al personal de fiscalización que requerían de un aviso u orden para revisión de documentos, la cual supuestamente tendría que emitir el alcalde o el Ayuntamiento por mayoría, y tres notificaciones, lo cual no está sustentado legalmente.
Al final, el establecimiento fue clausurado a pesar de que se amenazó al personal con ser demandados por “violentar sus derechos” y al final en el mismo video la regidora reconoce que un día antes ya se les había visitado solicitando la documentación.
