By Por: Ara Morales
El pasado 19 y 20 de abril, en nuestro país se conmemoró el Día Nacional de las Familias Buscadoras. A lo largo y ancho del país se realizaron diversas actividades, desde pegar fichas de búsqueda, pintar nombres, rastreos en campo, marchas, hasta protestas en donde denunciaron, la falta de acciones y apoyo del Estado ante la crisis de desapariciones que vive el país, y la revictimización y criminalización hacia ellos y sus familiares.
Recordemos que los primeros reportes de desapariciones en el país comenzaron en 1964 con la famosa guerra sucia, orquestada por el Estado Mexicano para nulificar los liderazgos de organizaciones sociales que amenazaban el estatus quo del poder, desde ese entonces el número de desaparecidos ha aumentado año con año.
La Comisión Nacional de Búsqueda para el estado de Guanajuato reportó en abril del 2025 un gran total de 3 mil 327 personas desaparecidas. Por eso, las Buscadoras van de un lugar a otro con la esperanza de encontrar, aunque sea “un huesito” de sus familiares, que les calme el dolor del corazón, y les de paz en sus vidas.
En Guanajuato, del 1 de enero hasta el 15 de abril de 2025, se han acumulado 123 casos de personas desaparecidas. De esa cifra 101 casos se registraron en el período del 1 de enero al 3 de marzo, y de esas 101 personas se han localizado vivas a 35 personas, lo que representa un 34.65%.
De las 101 personas reportadas como desaparecidas, 78 eran hombres y 23 mujeres. La desaparición de las mujeres, y su localización sin vida, involucra el pronunciamiento de las organizaciones feministas, en el sentido de que, “todos los asesinatos de mujeres deben ser considerados feminicidios, y que la justicia y la prevención requieren una respuesta integral que considere la violencia de género como la causa subyacente”. Y una alarma para prevenir los feminicidios, que debe encenderse desde el primer minuto de su desaparición.
La ciudad de Irapuato tiene la mayor cantidad de Colectivos de Búsqueda, seguido por Celaya y León, es decir, realizando las tareas o responsabilidades que a la fiscalía estatal le corresponden. Por ello, ante la falta de resultados por parte de las anteriores autoridades, las familias afectadas crean o se unen a colectivos de búsqueda para acompañarse, y en su caso, exigir a la Fiscalía General del Estado avances en las investigaciones y la localización de sus familiares. La narrativa de atención y solución del nuevo Fiscal, debe pasar del discurso a los hechos.
La búsqueda de una persona, a menudo culmina en el sitio más siniestro para el gobierno, y triste para la sociedad: las fosas clandestinas. Gracias al trabajo de las familias buscadoras, entre el 2009 y 2020 se han encontrado e identificado 235 fosas clandestinas, en 29 de los 46 municipios de nuestra entidad. El 80% de los cuerpos exhumados (995 de 1245) fueron encontrados entre 2020 y junio de 2024, siendo el 2023 el segundo año con más hallazgos.
El 58% de las personas desaparecidas tenían entre 20 y 39 años, y el 7% de las mujeres desaparecidas están entre los 15 y 19 años, lo que supone, otro delito de ingrata conducta, el delito de trata de personas y comercio sexual.
En 2017, hace 8 años, México aprobó la Ley General de Desaparición de Personas y Desaparición Cometida por Particulares con el objeto de poner freno a estas desapariciones multifactoriales, pero se trataba de una ley que estaba lejos de ser implementada. Desde 2006, y hasta el 21 de abril del 2025, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas en México contabiliza 117,195 personas desaparecidas.
La búsqueda de una persona desaparecida en nuestro país debe ser realizada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y las Comisiones de Búsqueda de los estados. Estas comisiones se encargan de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda. También están involucradas las autoridades ministeriales y las instituciones de seguridad pública.
El proceso de búsqueda incluye: Reporte de desaparición, Acciones de búsqueda, Investigación, Coordinación y Comunicación. Esto último, tiene mucho sentido porque las autoridades están obligadas a mantener una “comunicación fluida y transparente con los familiares de la persona desaparecida, informándoles sobre el avance de la búsqueda y proporcionándoles el apoyo necesario”.
Aunque la ley marca que la Comisión Nacional, o estatal deben encabezar las acciones de búsqueda, son los familiares los primeros que comienzan a realizarlas ante la lentitud institucional. Sin embargo, el costo en su salud, fuentes de ingresos, finanzas y grupos sociales es muy alto, ya que sufren, además, distintos padecimientos físicos.
La búsqueda es un camino azaroso, que solo el amor a los familiares desaparecidos puede soportar. Ellas comparten haber enfermado tras la desaparición de sus familiares. Las buscadoras sufren de padecimientos como insomnio, ansiedad, problemas de presión arterial, trastornos metabólicos, irritación en la piel, problemas gástricos, bruxismo y, en algunos casos, cáncer, principalmente de mama, útero y pulmón. Aseguran que, tanto parientes como integrantes de sus colectivos, desarrollan este tipo de afecciones. Pero, además y la revictimización y criminalización hacia ellos y sus familiares por sectores de la sociedad, e incluso por las mismas autoridades.
De acuerdo con la Ley General de Victimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV, es la instancia encargada de satisfacer y garantizar “necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos”, se lee en el artículo ocho de la ley. Pero la realidad es otra.
La búsqueda a veces se paga con la vida. Además del daño a su salud física y mental, las familias que buscan a sus seres queridos también se han vuelto objeto de amenazas y ataques. Al menos 27 personas buscadoras fueron asesinadas de 2010 a la fecha, 11 son hombres y 16 mujeres.
Los asesinatos se han registrado en Chihuahua, Durango, Sonora, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Puebla y Baja California, contabilizados desde el sexenio de Felipe Calderón, hasta la fecha. La mayoría de los casos permanecen impunes. Guanajuato es el estado donde más buscadores desaparecen, actualmente hay dos mujeres y un hombre que podrían estar en esa larga lista de impunidad.
Nada de lo anterior está lejos de nosotros. Entre el 4 y 10 de abril, el alcalde de Celaya Juan Miguel Ramírez celebró, e informó, que no se registraron homicidios, pero el sábado 5 de abril Juan Arturo Martínez Martínez, comandante de la Policía Auxiliar de Celaya, desapareció al salir de turno, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Este caso aumenta el número de personas desaparecidas en Celaya.
Durante el primer trimestre de 2025 en Celaya, fueron 24 personas desaparecidas, lo que representa un incremento del 433% en comparación con el mismo período del año anterior. Celaya no está en paz, para las familias la desaparición duele más que la muerte. Hay una paz sepulcral, y el miedo tocando las puertas de los celayenses.
Las buscadoras hoy tienen una fecha para recordarlas, pero aún no tienen lo más importante, respuestas que alivien su vida, y sus largas noches de insomnio y desesperanza. Al final de esta oscuridad, la luz que encendió la Doctora Claudia Sheinbaum el 23 de marzo, al anunciar diversas iniciativas de reforma a la Ley General de Población, a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas puede ser la respuesta esperada. ¡Ojalá, así sea!
AL FINAL.
SEMANA SANTA. Los barrios de Celaya, se tiñen de sangre. Hay una gran nostalgia y dolor por la paz y la convivencia comunitaria que se ha perdido en sus celebraciones de antaño.
