By Redacción
Por: José Luis Ramírez
La visita de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, y de la gobernadora de Guanajuato LibiaDenisse García Muñoz Ledo, a territorio celayense para inaugurar el Centro de Atención de Becas para el Bienestar en Celaya, fue un acto protocolario y de concordia. Si consideramos que también visitó los municipios de Silao y Guanajuato Capital –en donde gobierna el PAN–, con el mismo propósito de darle seguimiento a los trabajos de orden federal, nadahabía de extraordinario políticamente, pero solo en Celaya se desplegó una campaña en medios, pagada, para ensalzar al ciudadano alcalde con motivo de esa visita.
En la revista Alcaldes de México, en Cultura Popular y en Red Popular trataron de capitalizar el hecho, que no tuvo mayor impacto local, porque hubo otros acontecimientos que llamaron la atención, como el acceso restringido que afectó a legisladores, regidores, síndicos y servidores públicos. Simplemente no estaban invitados, pero quisieron hacer uso del “charolazo” pero no les valió. Así, entre ciudadanos comunes, se destacaban por estar rodeados de sus escoltas y Guardia Nacional, pero el pueblo ni siquiera los miraba. Volvían después de meses a tocar tierra, a respirar sin branquias.
Horas más tarde, después de haber terminado elevento, hubo otro, pero de sangre que ensombreció la visita presidencial, y terminó por apagar la euforia del alcalde, quien aún no se explicaba la diferencia entreuna Unidad de Medicina Familiar y un Hospital de Zona del IMSS que, por cierto, ya festinaba como logro personal.
Pasadas las 10 de la noche, se reportó en los mediosde comunicación un ataque en un Bar del barrio de San Antonio, frente a la Colonia Alameda, anunciaban la muerte de una persona y siete heridos. No era un hecho aislado, el bar es un espacio independiente del Hotel Condesa. En el 2021, dentro del hotel hubo un par de homicidios; en febrero del 2023, asesinaron al dueño del Bar. En el contexto de violencia en el centro de la ciudad, ese lugar no podía pasar por alto, o por error. Hay antecedentes periodísticos del acoso que sufría.
Hoy lunes 4 de agosto, las aclaraciones eran pertinentes y necesarias. El alcalde, en relación al acceso restringido que afectó a la casta política, simplemente señaló, “el evento no era mío. El evento era de becas, era de la presidente y yo no tenía que ver en eso”. Es saludable preguntarse ¿Por qué el Estado Mayor Presidencial no consideró conveniente la presencia de los ilustres servidores públicos celayenses?
Un acto que los políticos del siglo pasado, aprecian como indicador de popularidad, son las porras y los aplausos, eso se ve en todos los eventos políticos. Es más, existe la porra oficial de directores y subdirectores en el municipio, que es carísima, pero que no puede faltar en la foto de inauguraciones y celebraciones. Sin embargo, a veces hay reticencias, y algunas pueden ser algo más que palabras, sobre todo tratándose de eventos como el del sábado pasado.
El alcalde, denunció que eran porras pagadas para la gobernadora, y afirmó: “Una de esas personas me dijo que nos podían apoyar; me cobraban mil pesos por persona. Luego dijeron que quedaban en 100. Les dije que no, muchas gracias”. Pero la prensa destaca que de ambas partes se escuchaban las aclamaciones a la presidenta, y a la gobernadora.La diferencia, las del PAN estaban organizadas instrumentalmente, las del alcalde, a pleno pulmón. Sus declaraciones, pudieran ser intrascendentes, pero lo que diga o haga el alcalde, afecta a los celayenses.Veamos.
Un evento de carácter nacional, de dos mujeres que son importantes en el contexto político nacional, lo reduce a una competencia de porras y aplausos, pero lo peor, es que siendo anfitrión, acuse a la gobernadora de traer porras pagadas en menoscabo de la imagen de la presidenta de la república. Y eso no termina ahí, les extiende sin ningún pudor, la mano, y a la presidenta le pide 5 mil 923 millones de pesos, para sus obras; a la gobernadora, le pide 497 millones 942 mil pesos, también para obras que, por cierto, son de gabinetazo sin consenso social, y no están en un esquema de prioridad municipal.
En su petición escribe, vamos a “trabajar para nuestra población, con énfasis en las zonas de mayor vulnerabilidad”, pero solo contempla dos obras para comunidades: un puente de 35 millones para Galvanes, con una población de 2 mil habitantes; y un centro comunitario en la comunidad de San Miguel Octopan por 65 millones de pesos, con una población de 15 mil habitantes. El resto, es para la zona urbana, que de lograrse colapsaría la ciudad en meses. No hay orden, no hay planeación, es una apuesta a la suerte, o la reelección en medio del caos.
En su mañanera, hubo la respectiva aclaración sobre su confusión hospitalaria, lo traduzco para usted, uno de mis tres lectores, él pedía, de acuerdo a su escrito,“un hospital general regional de 260 camas del Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo cual se estima se necesitan más 4 mil millones de pesos”. En el evento, la presidenta Claudia Sheinbaum, ofreció la construcción de una Unidad de Medicina Familiar (UMF) en donde los trabajadores afiliados al IMSS y sus familias pueden recibir atención médica, incluyendo consultas, chequeos y acceso a medicamentos. El alcalde, en viva voz, reclamó, “la unidad médica, no sé qué sea, lo que nosotros queremos es una clínica”. Lo bueno es que va en el pliego petitorio, y según él, está en la fila, para cuando le toque.
Las explicaciones por lo que pudo haber sido una masacre en el Bar 501 o Bar del Hotel La Condesa, eran necesarias, y revelaron asuntos muy preocupantes. Pero vamos por partes, en noviembre del año pasado, Eduardo Griss Kauffman, actual Director de Fiscalización, señaló que a su llegada fueron despedidos 16 inspectores, pero que “hay personas que siguen ejerciendo y usurpando una función que ya no tienen, por eso los únicos inspectores legales son los que se identifiquen con la nueva credencial”. El 1 de enero de este año, informó que, “actualmente están dados de baja 20, entre inspectores y coordinadores, de la anterior administración, hoy por hoy continuaban con prácticas de cobro de piso”.
El 10 de enero, el alcalde, informó que los inspectores y coordinadores serán despedidos sin demandas legales debido a la falta de pruebas. “Por esopreferimos liquidarlos y buscamos otros perfiles para los inspectores”. El 11 de abril, dos funcionarios de la Dirección de Ingresos fueron despedidos tras ser descubiertos por cometer actos de corrupción en contra de comerciantes ambulantes, utilizando a falsos inspectores de Fiscalización para cobrar permisos ilegales en la vía pública. Tampoco hubo denuncias.De acuerdo, a lo declarado, la Dirección de Fiscalización tenía 54 empleados, y en la lógica de los hechos, con los despidos y nuevas contrataciones, esa área estaría depurada de malos elementos.
Hay un mapeo del delito, las zonas de alto riesgo e impacto, se conocen, desde luego, está el caso de la colonia Las Fuentes, en donde han sido atacados dos centros de esparcimiento en las últimas semanas. El centro histórico, por sí mismo, es un espacio que requiere seguridad, y los bares están a la vista, recuerdo en este momento, el bar Capilano, de la calle Insurgentes, que fue víctima de una masacre en enero de este año, en donde perdió la vida, el hermano del anterior director de Protección Civil. Con lo referido, queda muy claro, que los bares deben ser fiscalizados, y vigilados para seguridad de sus visitantes. ¿Por qué se repiten crímenes en zonas con focos rojos?
El alcalde, con relación a los hechos ocurridos en el Bar 501 o Bar del Hotel La Condesa, mencionó:“Unos me dicen que este bar creo que ni tenía permisos y le digo, ¿cómo nosotros vamos a clausurar bares que tienen permisos y permitir que haya bares sin permiso? Su declaración deja al descubierto irregularidades, y abiertas implicaciones legales, las refuerza cuando dice: “No podemos permitir que haya bares sin todos sus documentos porque eso pone más en peligro a la gente”. Nada más cierto, la omisión en este caso, no solo conlleva a una consecuencia administrativa, sino penal, porquehay vidas de por medio, en este suceso perdió la vida una persona, y siete están heridos, y de continuar con esas irregularidades, los hechos se pueden repetir. No es un asunto menor.
La Fiscalía Estatal de Guanajuato, aparte de la investigación obligada del órgano de control municipal, debe considerar en sus investigaciones, la posible omisión, negligencia, corrupción o cualquier otro delito en que pudieran haber incurrido el personal de Fiscalización o de otras áreas, y que trajo como consecuencia ese evento delictivo. Urge querespondan una pregunta que los celayenses nos estamos haciendo ¿por qué no se clausuró el bar si no tenía permiso?
De confirmarse las anomalías, como lo señaló el alcalde Ramírez, las responsabilidades del municipio con las familias de las víctimas y afectados serían entre otras: atención integral a las víctimas y familiares; apoyo económico y reparación del daño: –Según la Ley de Víctimas del Estado de Guanajuato-; responsabilidad administrativa por omisión; sanción a los responsables, y supervisiónefectiva. Por supuesto, está obligado a facilitar la investigación del delito, y la búsqueda de justicia para la reparación integral a las víctimas y familiares.
Independientemente de lo anterior, el municipio debe considerar medidas preventivas y de seguridadurgentes como intensificar los operativos conjuntos con policía, protección civil y otras dependencias para asegurar que los establecimientos operen conforme a la ley, y ofrezcan condiciones de seguridad. Los mapas de incidencia delictiva los tienen, conocen los sitios de peligro y vulnerables, es su deber alertar a la población.
Al señalar líneas arriba la depuración de la dirección de Fiscalización, resulta impensable que se estén escalando irregularidades. La sensación de inseguridad en los espacios de convivencia, regresa otra vez. El alcalde repitió, “Nos faltó, nos faltó. Si es que no tiene permiso, nos faltó”. La pregunta que queda en el aire, es ¿Cuántos sitios estarán operando ilegalmente? ¿Cuántos más, legales o ilegales estarán siendo una trampa mortal? ¿Cuánto le falta para cumplir con sus obligaciones?
REVOLCADERO. La construcción de un Hospital General de Zona para derechohabientes del IMSS, es una necesidad, sin lugar a dudas, pero se ha convertido en una bandera electoral para promocionar la figura, del exsecretario del Ayuntamiento de Celaya, Jorge Gámez, con miras a la elección municipal del 2027. Desde el 2018, tuvieron tiempo para gestionar y resolver las condicionantes que ello implicaba. Ahora,apoyados por el presidente municipal, y legisladores -ni siquiera del PAN-, presionan al gobierno federal, suben y bajan, en busca de reflectores. No es el hospital para los trabajadores, lo que les interesa, es un pretexto para recuperar el poder perdido, el traje guinda o azul, es lo que menos les importa.
