By José Luis Ramírez
La motocicleta en Celaya se ha convertido en una necesidad social y económica. Reconocerla como transporte alternativo implica diseñar infraestructura segura y políticas públicas que integren a los motociclistas en el sistema de movilidad urbana, en lugar de excluirlos.
En los últimos años Celaya ha vivido una transformación en el modo de movilizar personas y productos. Las motocicletas se consolidan como el vehículo de mayor crecimiento, con fuertes implicaciones económicas, sociales y políticas.
Las motocicletas un transporte alternativo que crece día a día.
El uso de motocicletas ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos siete años en Celaya. Según datos oficiales del Padrón Vehicular del Estado de Guanajuato: del 2018 al 2025, pasó de 23,600 a 59,734 motocicletas privadas, y con respecto a las oficiales, de 200 a 338.
Este aumento representa un crecimiento acumulado del 150%, con un promedio de más de 5,000 nuevas motocicletas registradas cada año.
Rápidas, accesibles y adaptables.
Las motocicletas representan un vehículo estratégico en Celaya por su bajo costo de adquisición, ahorro en gasolina y mantenimiento. Son un vehículo clave para reparto, mensajería y comercio electrónico. Representan una forma de inclusión social, porque son el medio de transporte para jóvenes, estudiantes, trabajadores con ingresos medios y bajos.
Comparándolo con el transporte público tiene mayor accesibilidad en la periferia donde el transporte público es insuficiente, caro e irregular. Celaya se ha extendido, y al mismo tiempo está uniendo la zona rural con la zona urbana, lo que genera rutas más largas y mayor consumo de tiempo. La rapidez, la adaptabilidad, y el bajo costo del traslado en motocicleta ayuda a superar esas BARRERAS, incluso en los trayectos urbanos congestionados.
Las motocicletas dejan atrás al transporte Público.
El transporte público en Celaya ha experimentado una reducción importante en su oferta y calidad desde la pandemia de COVID-19. Antes de 2020, el sistema contaba con más 400 unidades y atendía a más de 300 mil usuarios diarios.
Actualmente este sistema atiende entre 140-150 mil usuarios diarios, y su tendencia va a la baja, mientras el uso de la motocicleta es explosivo, y casi imparable.
Mas automóviles, mas congestión de vialidades y costos al alza.
Celaya enfrenta un crecimiento acelerado del parque vehicular (todo tipo de vehículo), con 227mil 740 unidades registradas hasta diciembre del 2025 -Secretaria de Finanzas Guanajuato-, lo que equivale a un automóvil por cada dos habitantes. Esta relación es superior al promedio nacional y refleja una tendencia hacia la motorización individual.
El aumento en el número de vehículos ha generado problemas de congestión, deterioro de la infraestructura vial, incremento en los accidentes de tránsito y un impacto negativo en la calidad del aire y la salud pública.
El auge de las motocicletas y la multiplicación de los problemas.
Es precisamente en este contexto que las motocicletas se multiplican, pero vale la pena hacernos una pregunta: ¿son las motocicletas un medio alternativo de transporte urbano? Sí, sin lugar a dudas.
Las motocicletas como transporte alternativo representan accesibilidad económica: las motos son más asequibles que los automóviles y representan una opción de movilidad para sectores populares y jóvenes. Ocupan menos espacio en calles y estacionamientos, lo que ayuda a reducir la congestión; permiten trayectos rápidos en zonas con tráfico denso. Aunque generan emisiones, suelen consumir menos combustible que un coche.
A pesar de ello, el uso de las motocicletas enfrenta problemas, sobre todo por un modelo de planeación urbana, excluyente en donde el diseño urbano prioriza el flujo vehicular. Esto genera desigualdad en el acceso, fragmenta la ciudad y acentúa la dependencia del automóvil.
Un asunto controversial es la estigmatización, porque el uso de la motocicleta la se asocian con informalidad o riesgo, lo que limita su reconocimiento como transporte legítimo, y lo mas importante, como un factor de apoyo económico que genera inclusión social.
Y quizá el problema mas grave, es la ALTA SINIESTRALIDAD. Las motocicletas se han multiplicado, pero eso ha pasado inadvertido, generando un escenario invisibilizado de beneficios, pero también de perjuicios.
Las cifras del miedo.
En Celaya, los accidentes de motocicleta han escalado a niveles alarmantes en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la salud pública y la economía local. De acuerdo con reportes recientes, el número de accidentes en motocicleta ha aumentado, y los jóvenes de 19 a 30 años son las principales víctimas.
El impacto de esta crisis no se limita a las pérdidas humanas y las lesiones graves, sino que genera un costo económico directo e indirecto que afecta a familias, empresas, instituciones de salud y al propio municipio.
En el 2025 se registraron 200 accidentes por mes, y entre un 25 y 30% terminaron con personas lesionadas (agosto 2025, Dirección de Tránsito y policía vial). Aproximadamente el 20% de esos accidentes involucraron motocicletas, reflejando alta siniestralidad con un impacto millonario. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), estima que cada accidente grave de motocicleta puede representar un costo promedio de 100 mil pesos.
En una aproximación, en el 2025 hubo 720 accidentes con motocicletas: partiendo del costo que representa cada evento, hubo un impacto económico de 72 millones de pesos. Este costo incluye gastos médicos, daños materiales, pérdida de productividad y otros costos directos e indirectos.
Este monto representa un gasto invisible que la ciudad, sus habitantes y sus instituciones asumen cada año, sin considerar aún los costos sociales y emocionales asociados a las familias.
¿Qué se gana al reducir los accidentes vehiculares?
Actualmente tenemos un costo promedio de 72 millones de pesos anuales por accidentes -solo de motocicletas-, reducir el 10% en un año como mínimo, representaría un ahorro social de 7.2 millones de pesos; reducirlo en un 50% representaría 36 millones de pesos de ahorro para la ciudad, y un alivio en costos sociales y laborales.
Estos ahorros podrían destinarse a fortalecer servicios de salud, educación vial, infraestructura segura y programas de prevención, generando un círculo virtuoso de bienestar y desarrollo local.
Nadie por encima de la Ley.
El artículo 4º constitucional establece que “toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”. Esta disposición no es recetario a gusto: es una obligación concreta para los gobiernos municipales, estatales y federales.
En Celaya, la posible desaparición de la Dirección de Movilidad representa una amenaza directa a este derecho. Justificar su desaparición fragmentando sus responsabilidades, y atribuyéndolas bajo supuestos ahorros a otras instancias, no solo es un desatino, es una acción que atenta contra el interés público y la seguridad de los jóvenes y su derecho a la inclusión social.
Los accidentes viales no son en sentido estricto responsabilidad de los conductores o los peatones, sino una responsabilidad de la autoridad municipal al no garantizar, en el marco de La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial.
Seguridad vial con acceso equitativo.
La infraestructura que Celaya debería desarrollar para la inminente y masiva presencia de las motocicletas, es: carriles compartidos con transporte público diseñados para baja velocidad y seguridad; estacionamientos regulados para motos en centros urbanos y posibles nodos de transporte; puentes y pasos seguros, permitiendo acceso con señalización y barreras de protección; intensas campañas de cultura vial, enfocadas a la educación sobre convivencia entre autos, motos, bicicletas y peatones. E incentivos a motos eléctricas como parte de la transición hacia movilidad sostenible.
La movilidad también es un principio de justicia social.
El desarrollo de diversas formas de movilidad tiene que partir de un principio, la infraestructura urbana con una visión INCLUSIVA, es decir, que contemple a todos los actores de la movilidad —peatones, ciclistas, motociclistas, transporte público y automóviles— sin exclusiones. SUSTENTABLE: que reduzca la dependencia del coche, disminuya emisiones y aproveche energías limpias. SOSTENIBLE: que se mantenga en el tiempo, con costos razonables y beneficios sociales amplios.
En síntesis: el desarrollo de la movilidad en Celaya debe partir de un principio de justicia espacial y social, donde la infraestructura urbana sea inclusiva, sustentable y sostenible. Pero, si el enfoque es desmantelar, mutilar las áreas de gestión de las problemáticas sociales, no hay nada que hacer, salvo arrancar de raíz, con el voto en mano, la desmesura e irresponsabilidad que nos gobierna.
¡Celaya merece un buen gobierno!
REVOLCADERO.
La autoridad moral y política se ha perdido en el gobierno municipal. ¿Qué queda?
