By 31/10/2025
Estefanía Montero
Cortazar, Guanajuato, México
En México, la palabra desaparecido ya no es solo un término jurídico ni una cifra en los informes oficiales: es una herida abierta en miles de hogares. Detrás de cada nombre hay una historia suspendida, una silla vacía, una madre que busca entre fosas clandestinas con las manos, no con la esperanza ingenua de hallarlo vivo, sino con la necesidad humana de hallarlo al menos.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, más de 114 mil personas permanecen sin ser localizadas en el país. Cada número encierra una tragedia silenciosa que se multiplica día a día. El horror se ha vuelto cotidiano, y la normalización es el síntoma más cruel de un Estado que parece fatigado de buscar.
Guanajuato: el epicentro del dolor
En el corazón del país, Guanajuato encabeza las estadísticas de violencia y desaparición. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda, se estima que más de 3,000 personas han desaparecido en los últimos años. Zonas rurales y corredores industriales se mezclan con el paisaje de la impunidad. Fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y carpetas archivadas son el retrato de una crisis que ya no puede ocultarse.
Madres, hermanas, esposas y amigas se organizan en colectivos de búsqueda. No son investigadoras ni expertas en criminología. Son mujeres que aprendieron a usar palas, mapas y GPS porque las autoridades, muchas veces, no llegan. Caminan bajo el sol con la fe que les queda y con la convicción de que el amor por sus desaparecidos vale más que cualquier protocolo burocrático.
Un Estado que llega tarde
El marco jurídico mexicano contempla mecanismos para atender el fenómeno: la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Comisión Nacional de Búsqueda y sus homólogas estatales. Sin embargo, el problema no es la ausencia de leyes, sino su falta de aplicación. Los recursos son escasos, las investigaciones tardías, y los ministerios públicos carecen de personal especializado o sensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas.
La impunidad es el verdadero rostro de esta tragedia. Según cifras de organizaciones civiles, más del 98% de los casosde desaparición siguen sin resolverse. La consecuencia es doble: el crimen se repite y la confianza en las instituciones se erosiona hasta desaparecer también.
La sociedad tiene una deuda
No basta con exigir justicia desde las redes sociales. Es urgente reconocer que la desaparición de una persona afecta el tejido moral del país entero. Guanajuato, con su historia de lucha y dignidad, necesita hoy volcar su fuerza hacia la empatía, el acompañamiento y la acción.
Apoyar a las víctimas implica escuchar sin juzgar, acompañar sin protagonismo y exigir sin miedo. Implica también que los gobiernos municipales y estatales integren programas de atención psicológica, asesoría jurídica gratuita y medidas de reparación digna. Las familias no pueden seguir siendo las únicas que buscan; el Estado debe estar a su lado, no detrás.
La memoria como resistencia
En medio del dolor, las madres buscadoras enseñan una lección profunda: la memoria es una forma de justicia. Cuando pronuncian los nombres de sus hijos en plazas, marchas o altares improvisados, se oponen al olvido. Nombrar es resistir. Nombrar es impedir que la impunidad borre el rastro de lo humano.
En cada rostro pegado en una pared hay un reclamo silencioso: “Búscame, no me dejes solo.” Ese llamado no es solo para las autoridades; es para todos. México no puede resignarse a vivir entre los desaparecidos.
Mientras la justicia no llegue, la búsqueda continuará. Porque donde el Estado falla, el amor materno se convierte en política, y la ternura, en rebeldía.
