By Redacción
Celaya, Gto; El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, reconoció que su gobierno contratará un despacho externo para atender las posibles demandas que interpongan trabajadores jubilados y pensionados, luego del retiro de algunas prestaciones.
El alcalde explicó que la administración ha detectado irregularidades en la forma en que fueron otorgados ciertos beneficios, ya que algunos dictámenes de jubilación incluyeron prestaciones completas, otros solo de manera parcial y en algunos casos no se contemplaron. Incluso señaló que en distintos momentos se otorgaron prestaciones sin la aprobación del Ayuntamiento.
“Nosotros queremos una certeza jurídica, aunque tenemos el dinero yo no les puedo pagar si no tenemos esa certeza. Lo que sigue es que si no se puede negociar, lo mejor es que nos demanden, porque entonces un juez nos dará la certeza de si son derechos adquiridos o no”, afirmó.
Ramírez Sánchez subrayó que el derecho de los jubilados está garantizado en sus pagos de pensión, pero puso en duda que todas las prestaciones correspondan a derechos adquiridos.
“Si un juez determina que lo son, se les pagará y con eso tendremos claridad”, añadió.
En cuanto al mecanismo para enfrentar los litigios, el edil adelantó que se replicará la estrategia utilizada en otros procesos administrativos.
“Vamos a contratar un despacho para que vea cada caso en particular. No lo vamos a pagar con recursos directos del gobierno, se hará con ahorros, como lo hicimos en el tema de los espedepales”, indicó.
El presidente municipal también reconoció que el tema ha generado inconformidad dentro de la propia fracción de Morena en el Ayuntamiento, pues algunos regidores consideran que no se les ha tomado en cuenta ni se ha manejado con suficiente cuidado político.
Ramírez Sánchez sostuvo que la negociación con los jubilados continuará, pero advirtió que, de no llegar a un acuerdo, a partir de enero se pagará únicamente conforme a los dictámenes y contratos colectivos vigentes.
“Nosotros estamos dando oportunidad al diálogo, pero si no convenimos, pagaremos como corresponde por ley y ellos tendrán que denunciar. No se trata de quitar derechos, sino de ordenar las prestaciones, porque eso también significa garantizar los derechos del pueblo”, concluyó.
