By Por: Ara Morales.
La migración humana ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde los primeros desplazamientos por necesidad de alimento o condiciones climáticas más favorables, hasta los movimientos masivos contemporáneos motivados por la violencia, la guerra, la pobreza o la falta de oportunidades laborales El ser humano ha migrado en busca de supervivencia y dignidad.
En el siglo XXI, este fenómeno se ha agudizado por múltiples factores: crisis políticas, guerras, desastres naturales, y más recientemente, la violencia criminal y la represión política. México, y en particular el estado de Guanajuato, no ha sido ajeno a esta realidad.
La historia de la migración humana está marcada por grandes oleadas que transformaron en el mundo regiones enteras. Durante la Revolución Industrial, el éxodo rural trasladó a millones de campesinos hacia zonas urbanas. Más tarde, entre 1800 y 1950, la llamada Gran Emigración Europea llevó a millones de personas a países como Estados Unidos, México, Argentina y Australia, en busca de oportunidades económicas. A partir de 1950, las migraciones desde países con bajo o precario nivel de desarrollo hacia países desarrollados se intensificaron, en el caso de América latina, reflejando una brecha creciente entre el norte y el sur.
Otro motor histórico de la migración ha sido la guerra. La Segunda Guerra Mundial, provocó desplazamientos masivos en Europa y Asia. En el caso de América del Norte, el conflicto bélico llevó a Estados Unidos a establecer el Programa Bracero, por medio del cual miles de mexicanos fueron contratados temporalmente para trabajar en el campo. Muchos de ellos formaron familias en territorio estadounidense, consolidando vínculos binacionales que perduran hasta hoy.
En la actualidad, los motivos que impulsan la migración son múltiples y complejos: económicos, sociales, políticos, ambientales, demográficos y, cada vez con mayor peso, como la violencia criminal. En Guanajuato, el incremento de la violencia ha derivado en una tragedia silenciosa: el desplazamiento interno forzado. Miles de familias guanajuatenses han abandonado sus hogares, negocios y comunidades, obligadas por el miedo a grupos delictivos y la incapacidad de las autoridades para garantizar su seguridad. Estas personas migran dentro del país o hacia Estados Unidos y Canadá, donde enfrentan nuevos desafíos: racismo, pobreza, insolidaridad y políticas migratorias hostiles.
En este contexto, resulta fundamental analizar el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos. La primera administración de Donald Trump (2017–2021), se caracteriza por su retórica antiinmigrante y medidas extremadamente represivas. Bajo la política de “tolerancia cero”, miles de familias fueron separadas en la frontera sur de Estados Unidos, incluso, niños fueron encarcelados y alejados de sus padres, generando un daño psicológico irreparable. Igualmente, se endurecieron los criterios para obtener asilo, y se implementaron los Protocolos de Protección al Migrante, obligando a solicitantes a esperar en territorio mexicano en condiciones precarias y sin acceso adecuado a representación legal.
Además, se impulsó la ampliación del muro fronterizo, y se redujeron drásticamente las visas de trabajo y refugio. El discurso de odio promovido desde la Casa Blanca contribuyó a normalizar el racismo y la xenofobia en el país de las barras y las estrellas, generando un ambiente hostil para comunidades migrantes en todo el país. Aunque algunas de estas políticas fueron revertidas después por el gobierno de Joe Bien (2021-2025) , muchas prácticas restrictivas persisten, como las deportaciones inmediatas bajo el Título 42, que han sido criticadas por organismos internacionales de derechos humanos.
Estas medidas no solo afectan a quienes cruzan la frontera, sino que también han tenido un efecto de externalización de la política migratoria: Estados Unidos ha presionado a México para contener el flujo migrante, convirtiéndolo en un filtro que actúa muchas veces con violencia y sin garantías. Las fronteras norte y sur de México están colapsadas, sin infraestructura ni presupuesto suficiente para atender a los miles de personas que buscan refugio. Como resultado, se han formado cinturones de pobreza y desesperación que representan una verdadera crisis humanitaria.
Ahora, desde su segunda llegada al poder en enero de este año, Donald Trump transformó la política migratoria de Estados Unidos en un instrumento de persecución. Lo que comenzó con promesas de “mano dura contra la migración irregular” terminó por convertirse en una maquinaria de represión que ha trastocado la vida de millones de personas, muchas de ellas con vínculos legales y legítimos con la nación norteamericana.
Estos meses han sido especialmente críticos: más de doscientas mil personas fueron deportadas, muchas de ellas con permisos válidos o con órdenes judiciales que debieron protegerlas. La política migratoria dejó de ser un asunto administrativo, legal, para convertirse en una estrategia de control autoritario.
El rostro más visible de esta política ha sido el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE), que ha ejecutado deportaciones con una agresividad creciente, incluso desafiando los límites legales. Durante los primeros meses de este año, numerosos casos han salido a la luz mostrando cómo ICE ha deportado o intentado deportar a ciudadanos estadounidenses, refugiados, activistas y niños. Se ha ignorado el debido proceso y las garantías básicas, como si el simple hecho de parecer latino o tener apellido extranjero fuera motivo suficiente para ser expulsado del país.
Uno de los casos más indignantes fue el de una niña mexicana de apenas cuatro años, quien recibe tratamiento médico especializado en Estados Unidos y cuya vida corre peligro si es obligada a salir del país. La decisión de deportarla junto con su familia, pone en evidencia la brutalidad de una política que no discrimina entre personas en situación irregular, y aquellas con necesidades humanitarias urgentes. Este caso no solo vulnera derechos humanos fundamentales protegidos en la Constitución de los Estados Unidos, sino que retrata el rostro más cruel de una administración de Trump que ha dejado de ver a los migrantes como personas.
La indignación ciudadana no se ha hecho esperar. El 14 de junio, cientos de miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades estadounidenses para protestar contra el autoritarismo de Trump. La coincidencia entre estas manifestaciones y un desfile militar encabezado por el propio presidente fue simbólica: mientras el mandatario buscaba mostrar su poderío, la sociedad civil daba una lección de democracia. Estas movilizaciones son una respuesta no solo a la política migratoria, sino a un estilo de gobierno que se ha acercado peligrosamente al fascismo.
Detrás del discurso de “orden y seguridad” se esconde una narrativa excluyente, que apunta a los más vulnerables: niños, refugiados, personas pobres y comunidades racializadas. Trump ha construido un enemigo interno y ha convertido la diferencia en una amenaza. Así, la migración ha dejado de ser un fenómeno social y económico para ser tratada como un problema de seguridad nacional, con consecuencias devastadoras para millones de familias.
Actualmente la política migratoria de Donald Trump representa uno de los retrocesos más alarmantes en materia de derechos humanos en la historia reciente de Estados Unidos. La persecución de migrantes, incluidos ciudadanos estadounidenses, ha revelado un proyecto autoritario que se alimenta del miedo, el racismo y la desigualdad. Frente a ello, las voces que se levantan en las calles de Estados Unidos y otros países son una esperanza: la democracia aún respira cuando la gente se organiza para defenderla.
AL FINAL.
El amparo en contra del Congreso del Estado de Guanajuato, firmado por decenas de integrantes de colectivas feministas, de Celaya Batucada Celaya 8M y Colectiva Aude, se encuentra en la fase de solventar observaciones, dicho documentos se entregó para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligue al Congreso del Estado de Guanajuato a legislar a favor de la despenalización del aborto, garantizando los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres guanajuatenses: Será Ley.
