By Por Íñigo Javier Rodríguez Talancón
“Cualquier delito contra el patrimonio público que haya sido dolosamente encubierto, es un delito continuado, y por tanto su término de prescripción no comienza a correr hasta que éste pueda conocerse” (criterio judicial)
De aplicarse efectivamente el criterio judicial que arriba enuncio, las cárceles de nuestro País estarían llenas de exalcaldes y otros funcionarios municipales de todos los colores; sin embargo, la impunidad a la corrupción en este ámbito se ha configurado en un círculo bien lacrado, diríamos casi perfecto:
(i) El encubrimiento comienza en las contralorías municipales que simulan revisar y auditar todos los procesos administrativos, cuando en realidad no hacen nada;
(ii) Después, los órganos superiores de fiscalización estatales realizan sus pesquisas a la cuenta púbica del municipio sólo en la superficie, y emiten algunas observaciones menores con la clara intención de no buscar nada importante;
(iii) Y en la eventualidad de que los actos de corrupción sean tan groseros o inocultables que trasciendan los ámbitos del silencio cómplice, como fue el caso de los “moches” en aquel desatinado gobierno que encabezara Ismael Pérez Ordaz, el ministerio público voltea hacia otro lado evitando iniciar cualquier averiguación.
Así, los alcaldes que cumplen sus mandatos, o, como puede ser también el caso, pierden la reelección, se van muy tranquilos a casa a disfrutar del producto de sus robos y otros abusos al patrimonio municipal… lo mismo puede decirse de sus muchos cómplices.
Empero, las cosas pudieran cambiar en Celaya con la próxima renovación de su gobierno; con el paso a uno que, al parecer, será integrado por personas ajenas al cúmulo de corrupciones en casi 30 años de administraciones panistas; y aunque algunos de los nuevos administradores de la finca municipal pudieran caer en la tentación de retomar las viejas prácticas corruptas, el círculo de impunidad arriba descrito virtualmente ya está roto.
Y no sólo me refiero a que el nuevo gobierno vaya a emprender acciones punitivas a la corrupción que hereda, que bien pudiera hacerlo, sino a su posición de abierta vulnerabilidad: el PAN, al retener la gubernatura y la mayoría en el congreso local, conserva el poder para fiscalizar y perseguir algunos de los delitos que con más frecuencia ocurren en los ámbitos públicos municipales, y resulta obvio que estará atento para ir en contra de cualquier malversación de recursos, por mínima que sea, real o inventada, referida a su gestión presupuestal.
Por otra parte, el nuevo gobierno heredará una contralora municipal que fue designada para un periodo de cinco años; se trata de una burócrata impuesta por consigna que ha estado en esta dependencia por más de 24 años, y cuyo desempeño deberá ser revisado como acto previo al inicio de los protocolos de la próxima entrega-recepción (fiscalizar primero a quien supuestamente ha estado fiscalizado).
Y también es obvio que después de que los panistas superen el pasmo de su estrepitosa derrota estarán prestos para denostar y estorbar en lo posible las acciones que emprenda el nuevo gobierno; buscarán, pues, con sus peores mañas aprendidas, regresar al poder perdido con la solícita ayuda del gobierno del Estado.
Aunque hay dos circunstancias importantes que los panistas quizás no alcancen a ver:
1.- Que el nuevo gobierno federal, dominado ampliamente por Morena, pudiera dar nuevo aliento a sus políticas respecto a perseguir la corrupción y acabar con la impunidad, lo cual no fue una prioridad de la administración saliente, en el sentido de que no se atrevió a tocar a los gobiernos pasados; la designación de la señora Raquel Buenrostro como próxima secretaria de la Función Pública apunta en esa dirección; y
2.- Que un parte importante de los recursos del Municipio se integran de “aportaciones” federales, cuya fiscalización y eventual persecución de los delitos ejecutados por sus malos manejos corresponde precisamente a la Federación, y que, por esto, al rebasarse las incumbencias legales del gobierno de Guanajuato, y sobre todo de su fiscal general Carlos Zamarripa, se pueden cancelar las impunidades hasta ahora procuradas.
Así que nadie podría estar tranquilo: ni los que ahora se van, ni los que ya se han ido, ni tampoco los que llegan… pues la justicia, por sus malos actos, pudiera llegarles a todos.
Otro dicho: Los que ahora se van, es de notar, no han entendido bien su efímera situación, ni tampoco lo que realmente les representa su derrota electoral; así, con ignorancia o desfachatez, el secretario del ayuntamiento, Jorge Gámez, anuncia el inicio del “proyecto del sistema integrado de transporte de Celaya” a pesar de que solo le restan unas cuantas semanas a la actual administración; ha destacado la intención de adquirir varios terrenos para la construcción de las “estaciones de transferencia”; mismos que, según ha trascendido en el ámbito del propio ayuntamiento, se pretenden comprar a sobreprecio; o sea, las mañas corruptas de los panistas derrotados estarán viva hasta el final… Allá ellos.
Otro dicho más: En los últimos días se ha hecho presente en toda la Ciudad el fétido olor que despide el rastro de pollos de la empresa Bachoco, estropeando las hermosas mañanas de este verano, frescas y húmedas… Otra nefasta herencia del gobierno panista…
