CELAYA, GTO; El presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, manifestó que no esperarán a que caduquen las indicaciones, que acaba de emitir la Auditoría Superior del Estado (ASEG) para denunciar por la vía civil a ex funcionarios por diversas irregularidades en el ejercicio del segundo semestre del 2014 y que tomarán cartas en el asunto de manera inmediata en cuanto se reciba la indicación de manera oficial.
“Atenderemos todo en marco de la ley (…) de ninguna manera le apostaremos a que prescriban, ya les había dicho que en tiempo y forma íbamos a realizar y en marco de la ley lo que nos corresponde (…) vamos en tiempo no hay todavía plazos vencidos ni por vencer” indicó.
Al ser uno de los señalados, el actual director de fiscalización, Ignacio Lomelí Alejandre, el Alcalde fue cuestionado sobre, si tendría que dejar el cargo y dijo que “habría que revisar qué tanto está el documento, cómo viene el documento y si viene en ese sentido tendríamos que hacerlo”.
Entre las cinco órdenes de denuncias civiles, tres son para el área de Transporte y Vialidad (ahora Tránsito y Policía Vial) por no comprobar el pago ante la tesorería, de por lo menos 18 folios de infracciones que suman un faltante de arriba de 21 mil pesos, de la que se señala como presunto culpable al encargado del área de infracciones; una más por aplicar descuentos de más del 20 por ciento en infracciones y por calificar infracciones por importes menores a los estipulados en el tabulador del reglamento de tránsito.
Una siguiente orden de denuncia, es contra los ex regidores de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (Georgina Suárez Díaz, Rubén Guerrero Merino y Rodolfo Segura) por usar el logotipo de su partido político en esquelas pagadas con recurso público por 3 mil 800 pesos.
Y el faltante más cuantioso es por 410 mil 230 pesos, que fueron cargados en la cuenta de “Gastos relacionados con actividades cultuales, deportivas y ayudas” de la dirección de Desarrollo Social Jessica Jannett Campos García, para materiales, sin documentos que acrediten su uso y destino.
En éste último, los presuntos responsables serían la entonces tesorera municipal, Angélica María Camarena y el ex director de Desarrollo Social, Ignacio Lomelí Alejandre.
