
Por Íñigo Javier Rodríguez Talancón.
“El Programa de Gobierno Municipal contendrá los objetivos y estrategias que sirvan de base a las actividades de la administración pública municipal… tendrá una vigencia de tres años”
(Artículos 101 y 102 de la ley orgánica municipal)
Ha trascendido por los medios locales que el gobierno municipal que se va pretende asegurar el inicio o continuidad de varios de sus proyectos, e imponérselos al nuevo gobierno, mediante una maniobra bastante ingenua: declarar en lo formal su inicio.
Y es que parece que no entienden que estos proyectos, así como otras obras ya en ejecución, necesariamente tendrán que ser ratificados por el ayuntamiento entrante que encabece el alcalde electo Juan Miguel Ramírez.
Uno de los grandes inconvenientes de que los empresarios se metan en política, y que para desgracia de todos nosotros lleguen a cargos de primer nivel, como las alcaldías, es que muchos no saben hacer otra cosa más que negocios; así, todo el programa de actual gobierno, que afortunadamente termina el próximo 9 de octubre, se ha articulado en esta lógica: mezclar la política con los negocios.
Para ellos es lo más natural, y piensan que pueden hacerlo; sin embargo, no es así, pues implica de inicio sentar la corrupción como eje transversal de sus programas, de sus actos y de todas sus decisiones; y esto es lo que precisamente ha venido ocurrido en Celaya.
Regresando al tema central de este artículo, es de mencionar que algunos proyectos como el “parque intermodal”, el “sistema integrado del transporte público de personas”, el “tren urbano”, o el “hub de la competitividad” se han puesto en duda, pues su ejecución se había reservado para un pretendido segundo periodo de Javier Mendoza, mismo que no ocurrirá.
Más allá de las supuestas bondades a Celaya que traerían estas obras, la contrariedad para estos políticos-empresarios, y para sus socios, es que corresponderá al nuevo gobierno decidir sobre ellas, pudiendo modificarlas o, incluso, cancelarlas.
Lo que implicaría, a su vez, modificar o, incluso, cancelar todos los actos jurídicos previos ya celebrados, y también, huelga decirlo, deshacer los “arreglos informales” involucrados.
Y para salvar este riesgo, los políticos-empresarios han discurrido ingenuamente “decretar” el inicio de esos susodichos proyectos, con un burdo e improcedente “madruguete”.
Ignoran que todos sus acuerdos previos, legales o no, tienen una vigencia que está ya muy cerca de fenecer, y que no pueden comprometer ni jurídica ni políticamente al nuevo gobierno.
Como ya he comentado en un artículo anterior, “los que se van” pretenden adelantarse y adquirir varios terrenos para la construcción de las “estaciones de transferencia” para el proyecto del sistema integrado del transporte público de personas, bajo señalamientos de que los mismos se comprarían a sobreprecio; sin entender que el nuevo gobierno, entre otras acciones, bien podría demandar la nulidad de esas compraventas.
Por otra parte, el gobierno del Estado, en vocería de su secretario de desarrollo económico, Ramón Alfaro, da por un hecho el apoyo cabal del nuevo gobierno municipal al proyecto del “parque intermodal”, y anuncia que éste formalmente inicia en agosto próximo; pero si esto es así, entonces hay que preguntarse ¿cuál es la prisa? ¿Por qué en agosto próximo? ¿Por qué pretender darle un “madruguete” al ayuntamiento electo?
OTRO DICHO: hablando de “madruguetes” frustrados… Recuerdo que a un día de que terminara aquel gobierno que encabezara José Rivera, 8 de octubre de 2006, el ayuntamiento saliente ratificó un título concesión otorgado a un grupo de inversionistas locales para que construyeran y operaran por 20 años un estacionamiento subterráneo en la Calzada Independencia de esta ciudad… yo, como regidor de oposición del ayuntamiento entrante, denuncié este grosero “madruguete” y posteriormente lo presenté como objeción ante la secretaría estatal de la Función Pública, instancia que me dio la razón: la ratificación de ese título de concesión correspondía al nuevo ayuntamiento… así que se anuló… y Gerardo Hernández, quien era el nuevo alcalde, ya no se atrevió a revivir el asunto por los muchas oposiciones ciudadanas que se habían manifestado.
OTRO DICHO MÁS: En los corrillos de la presidencia municipal se dice que el alcalde electo, Juan Miguel Ramírez, en su primera entrevista con el alcalde que se va, Javier Mendoza, le suplicó su ayuda y asistencia sobre “cómo le va hacer para gobernar”… lo cual es ridículo si consideramos que éste inefable personaje lo único que ha aprendido en sus dos oportunidades de gobernar Celaya, es como sacar provecho personal a costa del erario.