By Redacción
José Luis Ramírez
En 1911, Francisco I. Madero llevó a la Constitución el principio que había encendido la Revolución Mexicana:«Sufragio Efectivo, No Reelección». Ciento catorce años después, la presidenta Claudia Sheinbaum lo restituyó con un decreto publicado en el Diario Oficial el 1 de abril de 2025. Lo hizo, sin embargo, con fecha diferida: la prohibición opera hasta 2030.
En medio queda una elección, la del 6 de junio de 2027, la última en que alcaldes, síndicos, regidores y legisladores podrán repetir. En esa ventana principios, programa de acción, estatutos y la coherencia de sus militantes con la herencia histórica, y la ética en defensa de la soberanía estarán a prueba.
¿La no reelección, un derecho o un principio?
La no reelección nunca fue un dogma estable. Porfirio Díaz la enarboló en el Plan de Tuxtepec en 1876 y él mismo la desmontó en 1887 y 1890, hasta dejar la reelección indefinida. Madero la restauró; Obregón la torció en 1927 y 1928 para volver al poder; la reforma de 1933 la extendió a diputados, senadores y ayuntamientos.
Durante 81 años rigió esa regla. La reforma de 2014, nacida del Pacto por México, abrió la reelección consecutiva con el argumento de acercar al representante con su electorado y profesionalizar la carrera pública. La reforma de 2025 la cierra. Ya en 1932, en la convención del Partido Nacional Revolucionario, Manuel Pérez Treviño, reconocía que reelegirse podía considerarse un derecho, pero subrayaba que «la necesidad de renovarse es un principio de la Revolución». Esta idea buscaba legitimar el principio de la no reelección como parte esencial del legado revolucionario.
La reelección inequitativa por naturaleza
La iniciativa presidencial de la presidenta Sheinbaum no se anduvo con rodeos. Sostuvo que la reelección permitió a ciertas élites perpetuarse en cargos estratégicos y que quien ocupa el puesto compite con acceso a recursos, medios y redes que el aspirante común no tiene. Es decir: la reelección es inequitativa por naturaleza.
Los datos académicos matizan el diagnóstico, pero no lo desmienten. En 2024, 467 de 500 diputados federales manifestaron intención de reelegirse; solo 133 obtuvieron candidatura y 95 lo lograron, según el estudio de Diego Forcada Gallardo para el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El filtro real no fue el elector, sino la dirigencia de cada partido.
Las dos caras del rechazo ciudadano: nepotismo y reelección.
Conviene precisar algo que la propia narrativa de Morena ha opacado. La iniciativa de la presidenta Sheinbaum ya proponía 2030 para la no reelección y 2027 para el nepotismo electoral. Lo que el Senado aplazó, por presión del Partido Verde y con una reserva de Adán Augusto López, fue el nepotismo, no la reelección.
Cuando en agosto de 2026 la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, dijo que su partido había propuesto la no reelección para 2027 y que la Cámara la llevó a 2030, omitió que el expediente legislativo señala que la fecha de 2030 fue diseño presidencial desde el primer día.
Lo que se pudo prohibir y no fue
El Consejo Nacional de Morena nunca prohibió reelegirse en 2027. Sus lineamientos de mayo de 2025, presentados como un «no a la reelección», solo replicaron la regla constitucional; lo que sí adelantaron a 2027 fue la prohibición de postular familiares. La prueba de que el partido puede exigir más que la ley, está en su propio acuerdo.
Por eso la frase «permitimos lo que permite la ley» es una decisión que tiene doble lectura. La convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del 6 de octubre de 2026 obliga a los servidores públicos a renunciar o pedir licencia para buscar una coordinación municipal, pero exime a presidentes municipales, síndicos, regidores y diputados. De cierto, el partido reguló la separación del cargo, pero decidió no aplicársela a quien busca repetir.
Arbitro y tirador a gol olímpico
El caso de Juan Miguel Ramírez lo ilustra. El 3 de octubre, como titular de la administración, advirtió que los funcionarios que quisieran competir tendrían que renunciar o pedir licencia: «No les vamos a dar permiso de que hagan campaña». Tres días después anunció que él sí se inscribiría, sin licencia y sin hacer campaña. El 9 de octubre lo reiteró al cierre de una rueda de prensa; el 13 calculó una docena de aspirantes y anunció que daría de baja a quien hiciera proselitismo con recursos municipales.
El alcalde es, al mismo tiempo, competidor y árbitro de las condiciones de sus competidores. La convocatoria prohíbe a los alcaldes favorecer a cualquier aspirante, pero no prevé qué pasa cuando el alcalde es favorecido por la naturaleza de su cargo.
La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió en 2023, en el expediente SUP-JE-1308/2023, que la función de un presidente municipal es permanente e ininterrumpida: no hay «horario de oficina» que lo separe de su investidura. La jurisprudencia 38/2013 permite los actos propios del cargo siempre que no lleven mensajes de aspiración o búsqueda del voto. Expresar la intención de reelegirse desde los espacios institucionales roza esa frontera.
El espacio institucional no es solo el edificio. Es también el tiempo laboral, las redes y boletines oficiales y los medios a los que el cargo da acceso. Existen convenios del municipio para difundir las tareas del gobierno; no se paga de forma explícita la cobertura de los dichos políticos del alcalde, pero esa dependencia económica presiona a los medios a cubrirlos. La Relatoría de la CIDH llama a la publicidad oficial un mecanismo de censura indirecta. Lo asiento como presunción y como parte del entorno de privilegios: no se necesita hacer campaña cuando la estructura del cargo lo hace en automático. En los hechos es el más expuesto, y el que más visibilidad tiene como ventaja para la contienda.
En el Estatuto se llama vicio, en la convocatoria se llama derecho
«Honestidad valiente» es un lema; el compromiso escrito está en el Estatuto de Morena. Su artículo 3 establece que no se participa en los procesos internos para obtener los beneficios o privilegios inherentes a los cargos, y su inciso f llama vicio de la política a la perpetuación en ellos. El Programa de Acción promete «servir y no servirse» y combatir la simulación.
La convocatoria de octubre contradice esos textos en dos puntos: permite competir con los privilegios del cargo y trata como derecho lo que el partido llama perpetuación. La defensa previsible es que decide la encuesta. Pero una encuesta mide reconocimiento, y el reconocimiento es justamente lo que el cargo produce.
Defensor de la soberanía, deudor de la herencia
Antes de llegar a la campaña constitucional está la coordinación del partido. Si Morena nombra a Juan Miguel Ramírez coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía en Celaya, y después candidato, es legalmente posible pero estadísticamente inviable porque tres de cada cuatro ciudadanos no quieren que el alcalde se reelija (75.5%); porque más de la mitad no avala su gestión (55%); porque ni siquiera entre los simpatizantes del partido lo prefieren (26%). Lo peor es que doctrinalmente sería insostenible, porque contradice la herencia antirreeleccionista que su partido y la doctora Claudia Sheinbaum representan.
Que un alcalde de Morena busque repetir, desde el cargo y sin licencia, es legal. Pero contradice la herencia que su partido invoca. La ironía está en el nombre del puesto que se busca: «defensor de la transformación y la soberanía» cuandoprecisamente el pueblo en busca de su soberanía, gestó la revolución mexicana para alterar y modificar la forma siniestra del gobierno de Díaz, bajo el principio del Sufragio Efectivo y la No Reelección.
Si la encuesta interna es uno de los instrumentos que valida la coordinación y ganara el alcalde, no alcanzarían las explicaciones para justificar el rechazo a su reelección, la precaria preferencia a su candidatura, la desaprobación a su gestión que son un hecho público. Si la dirigencia lo designa de forma directa pese a los negativos que lo posicionan como inviable, enfrentará en la elección constitucional el gran rechazo anunciado.
REVOLCADERO. Entre la aspiración y la realidad hay una distancia estadística; entre la aspiración y la doctrina, una distancia moral. La primera la medirán las urnas. La segunda ya la midió Madero.
