Por: Ara Morales
La violencia vicaria es aquella en la que el agresor busca dañar a las mujeres a través de sus hijas e hijos, familiares o seres queridos. El término “violencia vicaria” es reciente, pero el fenómeno ha existido desde hace siglos. Acompáñeme estimado lector en este recorrido por la historia.
En la antigüedad, en muchas sociedades patriarcales, ya se usaba a las y los hijos para castigar o controlar a las mujeres, especialmente en rupturas o conflictos familiares. Por ejemplo, documentos de la Roma Clásica registran a padres que separaban a las madres de sus hijos como forma de castigo. En los siglos XIX y XX en el derecho de familia europeo y latinoamericano, el padre era considerado el titular absoluto de la patria potestad. Tras las separaciones familiares, las madres podían ser alejadas de sus hijas e hijos como una “sanción” social, aunque se presentaba como una decisión “legal”.
En la década de 1990–2000, colectivos feministas en España y América Latina, empezaron a describir este patrón de violencia dentro de los procesos de divorcio y custodia. En 2012, la psicóloga y feminista española, Sonia Vaccaro, acuñó formalmente el término “violencia vicaria” (del latín vicarius, que significa “sustituto” o “el que actúa en lugar de otro”, en términos simples: “lastimar a alguien que amas para herirte”) para diferenciarlo de otras formas de violencia de género. La violencia vicaria es una estrategia de control y venganza, el agresor sabe que el vínculo materno-filial es el punto más vulnerable de la mujer, y lo utiliza para infligir dolor emocional extremo.
En nuestro país, aún antes de usar el término violencia vicaria, ya se denunciaban casos en los que padres agresores dañaban o secuestraban a los hijos para castigar a las madres. A partir del 2021 varios estados —Ciudad de México, Estado de México, Puebla, entre otros— han reformado sus leyes para reconocer la violencia vicaria como delito, aunque Guanajuato aún tiene vacíos normativos.
Este modelo patriarcal se ha perpetuado, ya que la violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres se refleja todos los días en nuestra ciudad, y en nuestro estado, ya que Guanajuato sigue estando entre los primeros lugares nacionales en violencia de género y feminicidios. Por ejemplo, entre enero y julio de 2025, se registraron 224 asesinatos de mujeres, lo que equivale al 17.6 % de todos los homicidios dolosos de mujeres del país. Aunque hay muchos homicidios de mujeres, solo un pequeño número se tipifican oficialmente como feminicidios.
Las cifras hablan por sí solas, de acuerdo al Secretariado de Seguridad Nacional de esos 224 homicidios dolosos, en 2025 (enero-julio), solo 7 casos fueron reconocidos como feminicidios. En 2024, de 304 homicidios contra mujeres solo 14 se clasificaron como feminicidios. En 2023, hubo 406 homicidios de mujeres, de los cuales 26 se clasificaron como feminicidios. En 2022, de 321 homicidios de mujeres, solo 21 fueron clasificados como feminicidios. Derivado de esto, en septiembre de 2024, se emitió en 17 municipios del estado, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Celaya entre ellos, por el alto nivel de violencia, incluidos feminicidios y desapariciones.
En Guanajuato no existía (hasta hace poco) un registro formal ante las autoridades sobre violencia vicaria, lo que dificulta cuantificar cuántos casos se denuncian, y cómo se procesan. La sociedad mexicana cuenta con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, https://www.fncvv.com/, ellos han trabajado intensamente a nivel nacional y en Guanajuato, para visibilizar y atender la violencia vicaria, que consiste en dañar a la mujer a través de agresiones y manipulación de sus hijos u otros seres queridos. Respecto a las cifras y datos específicos en Guanajuato, el Frente Nacional reconoce que Guanajuato concentra el 20.4% de las víctimas de violencia psicológica vicaria en México, y forma parte de los estados con mayor incidencia que incluyen al Estado de México y Chihuahua.
Las víctimas han señalado que al intentar denunciar la violencia vicaria se enfrentan a revictimización institucional, demoras, que no se les toma en serio, que les responden mal, que los procesos se extienden, y denuncian amenazas por parte del agresor. Muchas madres o mujeres afectadas, no denuncian la violencia vicaria por temor a represalias, amenazas, por no sentirse protegidas, o por la complejidad legal, falta de conocimiento del concepto de parte de las autoridades y cómo aplicar la ley. Ellas señalan, que los agresores muchas veces tienen mejores recursos jurídicos o económicos, lo que les permite dilatar procesos, presentar denuncias contrarias, o usar influencias para obstaculizar la defensa de la mujer.
La violencia vicaria tiene consecuencias profundas y graves en las niñas y niños, que incluyen trauma, ansiedad y ruptura de vínculos afectivos con la madre. Los niños y niñas son expuestos a conflictos de adultos que no les pertenecen, con información sesgada por parte del agresor y de otras personas, lo que altera su percepción emocional y cognitiva. Se daña la figura materna como referencia afectiva, llegando incluso a romper el vínculo de apego, lo que afecta profundamente su desarrollo emocional.
La violencia vicaria provoca en los menores trastorno de estrés postraumático (TEPT), problemas de habilidades sociales, apego, agresividad y baja autoestima. Se observan deterioros en la atención, concentración y rendimiento académico, además de trastornos de ansiedad y del estado de ánimo como depresión.
Los menores tienden a desarrollar desconfianza en sus relaciones interpersonales, y dificultades para establecer vínculos afectivos sólidos. Esto puede llevar a conductas antisociales, agresivas o psicopáticas en el futuro, y también a la posible reproducción de patrones violentos. En casos extremos, los hijos pueden ejercer violencia psicológica o física hacia la madre, como resultado de la rabia y daño emocional transferido por la violencia vicaria ejercida por el agresor.
El vínculo materno, fundamental para el desarrollo humano, se ve afectado por la separación forzada o manipulación, afectando el bienestar emocional y psicológico de los niños. Los niños y niñas víctimas de violencia vicaria sufren un impacto psicológico difícilmente reversible, donde su imagen, pensamiento y emociones respecto a la madre quedan profundamente dañados. Estas consecuencias demandan una atención especializada para proteger a la infancia afectada, y romper el ciclo de violencia, ¿contamos con las instituciones para ayudarlos?
Carga psicológica y económica para las madres.
La violencia vicaria genera una carga psicológica, física y económica muy pesada para las madres que la sufren, con efectos complejos y profundos: en el ámbito psicológico, las madres reviven el maltrato a través de sus hijos e hijas, experimentan estrés postraumático (TEPT), ansiedad severa, miedo constante por la seguridad de sus hijos, y un sufrimiento emocional muy intenso. Se sienten impotentes ante la manipulación del agresor y la ruptura del vínculo afectivo con sus hijos, lo que provoca un daño emocional irreparable.
La constante manipulación y amenazas por parte del violentador, generan un desgaste mental grave, y en muchos casos las madres sienten que deben ceder a las demandas del agresor para proteger a sus hijos, lo que perpetúa la violencia y la indefensión. Económicamente, la violencia vicaria puede implicar la negativa a proveer pensión alimenticia, o bien, el agresor logra obtener pensión alimenticia para los hijos, limitando los recursos básicos que la madre necesita para mantenerlos. Además, el proceso legal para recuperar la custodia o enfrentar al agresor implica gastos en abogados, terapias y trámites judiciales que muchas veces son inaccesibles para las víctimas.
Las madres sufren aislamiento social, limitación de actividades laborales, o personales debido al combate constante con el agresor, y las demandas legales, las tensiones familiares y emocionales que deben atender, lo que agrava su situación económica, psicológica y social. Algunos testimonios relatan cómo el agresor se apodera de cuentas bancarias, controla las actividades de la madre y la limita para dificultar su autonomía económica y social, disminuyendo sus oportunidades de recuperación y bienestar. Esta violencia no solo afecta la salud mental, la estabilidad legal, laboral y económica de la madre, sino que pone en riesgo el bienestar integral de la familia, además de las consecuencias traumáticas para los hijos.
Urgen protocolos claros en ministerios públicos y juzgados familiares.
Aunque se ha avanzado legislativamente con la inclusión de la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Guanajuato, la implementación práctica en las instancias judiciales y ministeriales presenta vacíos y falta de procedimientos específicos para su atención, seguimiento y sanción.
El “Informe Contextual sobre Violencia Vicaria” (2023) señala que estas autoridades deben tomar medidas precautorias, antes de otorgar visitas o custodia provisional para proteger a las víctimas, y a los menores, pero no en todos los casos hay aplicación efectiva, o capacitación suficiente para identificar la violencia vicaria y sus consecuencias. Las víctimas reportan carencias en la atención especializada, asesoría jurídica y psicológica en agencias del Ministerio Público, lo cual limita que las mujeres puedan denunciar con confianza, y obtener el respaldo necesario para casos de violencia vicaria.
Además, en juzgados familiares, falta un protocolo unificado, y protocolos de actuación claros para evaluar riesgos, aplicar medidas de protección adecuadas y considerar la violencia vicaria como causal para restringir visitas, custodia o patria potestad a los agresores. La alerta de violencia de género, y las reformas legales han sido un paso importante, pero las autoridades administrativas y judiciales deben coordinarse mejor para implementar protocolos homogéneos, y capacitar al personal para atender estos casos.
Políticas y vacíos legales.
En noviembre de 2022, el Congreso de Guanajuato aprobó reformas para incluir la violencia vicaria en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También se modificó el Código Civil para que, en casos de violencia vicaria, un juez pueda decretar cambio de custodia de menores, si hay impedimentos injustificados por parte de quien tiene la custodia. En esas mismas reformas, se dispone que quien sea sentenciado por violencia vicaria puede perder la patria potestad.
La violencia vicaria fue tipificada en el Estado de Guanajuato el 24 de noviembre de 2022, cuando el pleno del Congreso local, aprobó reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluirla como una forma específica de violencia contra las mujeres. Posteriormente, se adicionó un tipo específico en el Código Penal del Estado de Guanajuato, para sancionar la violencia vicaria con penas de 3 a 7 años de prisión, y multas económicas de 300 a 700 días por unidad fiscal diaria. Esta tipificación reconoce que el agresor utiliza a sus hijos, familiares o personas cercanas para causar daño psicológico, económico o patrimonial a la mujer con quien tiene o tuvo relación afectiva, como matrimonio, concubinato o noviazgo.
La iniciativa legislativa y la tipificación legal se enfocan en proteger a las mujeres y sus hijos, estableciendo un marco jurídico para la prevención, sanción y reparación del daño causado por esta forma cruel de violencia.
Nombrar la Violencia Vicaria.
Nombrar la violencia vicaria es el primer paso para erradicarla, no podemos permitir que las niñas y niños sean armas de venganza, debemos reconocer institucionalmente a nivel municipal, estatal y nacional la violencia vicaria dentro del ámbito de la violencia de género, con leyes específicas o marcos legales amplios, políticas públicas de protección integral, y programas multidisciplinarios de apoyo a las víctimas, además combinar acciones legales con programas de apoyo psicológico, asesoría legal, refugios y redes de ayuda comunitaria para mujeres y niños afectados, buscando un abordaje integral que incluya prevención, atención, justicia y reparación del daño.
AL FINAL.
Se marca un hito histórico: con el reconocimiento de Palestina por parte de numerosos países en la Asamblea General de la ONU, la comunidad internacional envía un mensaje claro: la dignidad, los derechos y la soberanía del pueblo palestino merecen reconocimiento pleno. Este reconocimiento refuerza la idea de que la paz duradera sólo será posible si se respeta el derecho internacional, si se protege la vida humana y si se recupera la esperanza. Qué este paso inspire tanto a gobiernos y sociedades a apoyar la justicia, la igualdad y el fin del sufrimiento.
