By Redacción
La propuesta del gobierno municipal de Celaya, encabezado por el alcalde Juan Miguel Ramírez Sánchez, de crear una constructora municipal —bautizada desde ahora como la “Constructora de la Esperanza”— ha encendido el descontento entre algunos integrantes del sector empresarial local. El debate no es menor: se juega la eficiencia del dinero público frente a las inercias y vicios del libre mercado.
La iniciativa contempla una inversión inicial de aproximadamente 80 millones de pesos para dotar al municipio de maquinaria pesada, camiones y herramientas. El objetivo principal es que el propio ayuntamiento ejecute de forma directa la obra de infraestructura urbana básica y social menor.
Desde la trinchera del sector privado, organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE)acusan una supuesta “competencia desleal” y advierten sobre los riesgos de un “Estado empresario”. Pero gran parte del argumento empresarial se sostiene en un prejuicio muy obvio y difundido: los gobiernos suelen ser malos gestores de procesos industriales o logísticos, y advierten que las nóminas infladas y el mantenimiento de la maquinaria terminarán por ahogar el gasto corriente del municipio.
Sin embargo, detrás de las quejas corporativas se asoma la pérdida de un jugoso monopolio sobre los recursos públicos. Históricamente, la obra urbana y social de menor escala ha sido el terreno ideal donde algunos contratistas inflan costos abusando de “las prisas” institucionales por ejercer los presupuestos anuales. La verdadera molestia de los privados no parece ser una defensa ideológica del capitalismo, sino el cierre de una ventanilla de ganancias fáciles basada, muchas veces, en la corrupción del favoritismo político.
El diagnóstico de la autoridad municipal es impecable. El modelo actual de licitación privada para obras menores está plagado de intermediarios costosos, burocracia paralizante y graves vicios de origen. El argumento oficial es demoledor en su sentido ético: al eliminar el margen de utilidad comercial de un tercero, cada peso presupuestado rinde más y se transforma de inmediato en bienestar para las familias más vulnerables de Celaya.
La urgencia social respalda esta audaz medida. Datos del CONEVAL y del censo del INEGI revelan que en Celaya persisten miles de familias con carencias por calidad y espacios de la vivienda. Zonas de la periferia urbana y comunidades rurales como Rincón de Tamayo o San Juan de la Vega arrastran un rezago histórico en servicios básicos, hacinamiento y viviendas con techos de lámina o pisos de tierra. Esperar los tiempos de las licitaciones tradicionales,siempre sesgadas a la conveniencia personal del alcalde en turno, es condenar a estas familias a seguir esperando en sus miserias.
Además, en una región azotada por la inseguridad, las brigadas públicas ofrecen un blindaje operativo que los contratistas privados no tienen. Un contratista puede abandonar una obra comunitaria ante la primera amenaza de extorsión; las cuadrillas municipales, cobijadas por la estructura institucional, garantizan la continuidad de los trabajos en las zonas más conflictivas.
El gran elefante en el cuarto del debate es, por supuesto, la corrupción sistémica de los “moches”. El alcalde asegura que en su administración se ha terminado el cobro del “diezmo” a los constructores, y no hay elementos objetivos en contrario para no creerle. Al centralizarse la ejecución de la obra púbica, el “moche” tradicional efectivamente desaparece. El riesgo, advierten los críticos, es que la corrupción mute hacia las licitaciones de proveeduría de materiales o hacia zonas grises de auto-supervisión donde el municipio supuestamente se vuelve juez y parte.
Aunque el veredicto técnico de los particulares pareceríariguroso, descarta en forma deliberada de su análisis la corrupción como el principal factor que distorsiona todo el proceso, y además basado en un prejuicio muy obvio: supone que indefectiblemente el modelo de administración directa suele naufragar en el mediano plazo debido al abandono de la maquinaria por falta de atención y mantenimiento al cambiar el trienio, y a los pasivos laborales heredados. Con ello se pretende sostener que, en el estricto sentido de la teoría administrativa, el proyecto nace con un alto riesgo de sostenibilidad.
No obstante, frente a la urgencia de abatir la pobreza en Celaya, resulta mezquino cerrarle la puerta a una alternativa que busca sacudir un sistema de contratación privada que lleva décadas entregando resultados caros, lentos y de mala calidad. La “Constructora de la Esperanza” puede representar una rebelión legítima contra el statu quoinmobiliario. Si la autoridad logra blindar los procesos de compra de insumos de la mano de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) y abre las bitácoras de obra a la contraloría social, esta iniciativa podría demostrar que el fin social del Municipio es muy superior a la lógica del lucro privado. El beneficio de la duda le pertenece a los más necesitados.
