By Redacción
Por. Íñigo Javier Rodríguez Talancón
El diagnóstico sobre la agonía de la colonia Alameda en Celaya está hecho: la metamorfosis de un barrio residencial en un centro de anarquía comercial no fue un accidente, sino el resultado acumulado de omisiones institucionales crónicas. Ante esto, la indignación vecinal se encuentra en una encrucijada donde las simples quejas o las protestas públicas ya no son suficientes para frenar el deterioro de toda una vida.
La verdadera vía para rescatar la zona y dignificar el patrimonio familiar ya no pasa por la buena voluntad de la autoridad municipal, sino por los tribunales. El derecho moderno ofrece hoy una herramienta jurídica contundente que los vecinos de La Alameda pueden —y deben— activar de manera colectiva: la demanda por responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Municipio.
El sustento no es un invento legal, sino un mandato constitucional directo regulado en el artículo 109 de nuestra Carta Magna. Esta figura establece que cuando un gobierno municipal causa un daño a los bienes o derechos de los ciudadanos debido a una “actividad administrativa irregular”, tiene la obligación ineludible de indemnizar económicamente a los afectados.
En La Alameda, la irregularidad es evidente y sistemática. Se configura cada noche en que la Dirección de Fiscalización tolera niveles de ruido insufribles en las terrazas de la calle Guillermo Prieto y otras, o cada día en que la laxitud regulatoria permite que las inmediaciones de nuestro centenario parque operen bajo un esquema de tianguis permanente e insalubre…
Y a todo esto, por si no fuera suficiente, agregando la gran inseguridad que priva en toda esta zona como reflejo del ambiente de desorden auspiciado por esta reiterada negligencia gubernamental.
La viabilidad de este reclamo judicial colectivo es franca porque la ley de la materia ya no exige demostrar la “mala fe” o la corrupción personal de algún funcionario en particular. Lo que se juzgaría en el Tribunal de Justicia Administrativa local, o en su defecto, en los tribunales federales ante eventuales juicios de Amparo, es el funcionamiento defectuoso del Municipio de Celaya como institución, el cual ha permitido la degradación habitacional de la colonia.
El éxito de esta estrategia legal dependerá de dos pilares técnicos que dejen de lado el discurso político para centrarse en la ciencia jurídica. El primero es el daño material: un peritaje formal en valuación inmobiliaria que demuestre científicamente cómo el valor comercial de las casas va en caída frente a otras zonas residenciales similares de la ciudad, por culpa de las externalidades negativas que el propio ayuntamiento tolera.
El segundo pilar es el daño moral, plenamente cuantificable y reclamable. El estrés acústico, la pérdida del descanso nocturno, la vulneración al derecho a un medio ambiente sano y, como agregado, la inseguridad, no son meras incomodidades; son afectaciones directas a la salud que pueden probarse mediante estudios psicológicos y mediciones técnicas de decibeles dentro de los hogares de los afectados.
El Municipio de Celaya debe entender que ejercer la autoridad no es un cheque en blanco para el desorden. Si las administraciones pasadas y presentes decidieron abdicar de su función regulatoria en beneficio de unos cuantos comercios que nunca debieron establecerse ahí, el marco legal obliga a que la institución asuma el costo financiero del patrimonio que destruyó.
Pasar de la inercia en la participación electoral y el lamento vecinal, que han demostrado ser vanos, a la acción jurídica colectiva es el camino conducente. Una demanda conjunta de los residentes de La Alameda no solo representaría un hito en la defensa de los derechos urbanos o derechos a la ciudad en Celaya, sino la única oportunidad real de obligar al orden legal a volver a gobernar nuestras calles antes de que la pérdida sea absoluta.
