By José Luis Ramírez.
En diciembre del 2018, se inició un nuevo círculo vicioso en la procuración de justicia con el nombramiento o ratificación de Carlos Zamarripa, como Fiscal estatal. El Congreso del Estado, lo aprobó a solicitud del gobernador, a pesar de que traía un lastre inocultable, acumulado en 9 años de haber ejercido la titularidad de la Procuraduría de justicia estatal.
A tres años de distancia, y con 12 años en el mismo puesto, la procuración de justicia sigue estancada en un hoyo que se hace más profundo. Recordemos que estuvo tres años con el gobierno de Juan Manuel Oliva, seis años con Miguel Márquez, y ahora 3 en el gobierno de Diego Sinhue. De acuerdo a la reforma constitucional, le faltan 6 años más, de tal manera, que estaría tres años con el gobernador que llegará en la elección del 2024.
El hecho de estar 12 años con tres gobernadores del Pan, no habla de un simple acompañamiento, dado que su eficacia en el cargo es cuestionada, no solo a nivel local, sino estatal, y ventilado a nivel internacional. Su empleo de los primeros nueve años fueron aprobados directamente por los tres gobernadores, así que la subordinación fue un elemento que presuponía una falta de autonomía al asumir su cargo, pero los hechos han sido más contundentes.
Desde el 2018, la idoneidad del cargo para Carlos Zamarripa Aguirre, estuvo cuestionada profundamente debido a la deficiente investigación y persecución del delito, en ese momento se habían realizado mas tres mil homicidios dolosos en nuestro Estado, con una alza en homicidios de policías, feminicidios, robos a negocios, robos a casa habitación, y el robo de hidrocarburos y su venta colocándolo en uno de los peores lugares del país,
A la fecha, solo el promedio de homicidios dolosos bajo, pero por ejemplo solo en el mes pasado rebasó los 300 como hace tres años, aunque el nivel de violencia es peor a cualquier pesadilla. Los feminicidios se incrementaron y las fosas clandestinas convirtieron a Guanajuato en un panteón al aire libre. La intervención del gobierno federal, contribuyó a disminuir el robo y venta del guachicol. Pero la impunidad sigue caminando a la luz del día en hechos que la Fiscalía ya asume como cotidianos.
En el 2018 el rezago de expedientes sin resolver era notable, es decir el derecho a la justicia, estaba violentado. Durante nueve años, el deber de investigación penal de la Procuraduría como parte fundamental de su trabajo, había sido deficiente, hasta llegar a más de 47 mil casos en trámite (carpetas de investigación). Desde luego se incrementaron.
A lo largo de estos últimos tres años, se recrudeció el desamparo y la justicia fue corriendo detrás de una bola de lodo que iba cuesta abajo, debido a la omisión de la Ley que acompaña en su quehacer a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, así como a los encargados de dichas dependencias.
A tres años de distancia la improvisación, en el mejor de los casos, sigue campante porque los programas en materia de seguridad y procuración de justicia no se han aplicado correctamente o bien no se han seguido por omisión o conveniencia, como fue con el Programa Escudo, y con la nueva estructura burocrática. La incidencia delictiva, genera una mayor carga a la responsabilidad de la fiscalía, y su respuesta deja mucho que desear.
Igualmente, no hay señales que haya una evaluación a los titulares, directivos, ministerios públicos, y policías ministeriales encargados de la procuración de justicia, y el resultado obvio es ineficiencia y laxitud en la ejecución de sus funciones como lo ordenan las Leyes. Las quejas siguen siendo recurrentes.
Ante el tremendo lastre de nueve años en la procuración de justicia, y estos últimos tres años de ir en contra del tiempo y la suma acumulada de hechos delictivos, los ministerios públicos, el personal operativo y la falta de idoneidad del personal, provoca que las investigaciones de los delitos estén mal integradas y documentadas, generando la impunidad y el impedimento al acceso a la justicia. Como es el reciente caso político de Jorge Romero, que trataremos en su momento.
Recordemos las aprehensiones erradas, de personas que han atentado en contra del patrimonio e integridad de ciudadanos, que fueron liberadas porque el número de domicilio no coincidía con el de la orden del juez. Tres años han transcurrido con Diego Sinhue, y la nota roja llena todos los días los titulares de los periódicos locales, nacionales e internacionales, los dos hombres de negro que puso al frente de la procuración de justicia y seguridad, siguen tan firmes como la desolación que hoy habita en miles de hogares. No hay luz al final del túnel, de hecho, también la han apagado.
Revolcadero.
Compete a la Fiscalía General: Procurar justicia; Promover investigaciones de política criminal que permitan conocer la evolución del fenómeno delictivo; Establecer y operar estrategias de inteligencia en materia de investigación de los delitos; Crear y administrar bases de información y de estadística criminal en el ámbito de su competencia. Y ésta, de antología: “Implementar un sistema de control de la gestión institucional a través del establecimiento de indicadores que sirvan para la evaluación del funcionamiento de la Fiscalía General…”. Se califican solos, así de fácil.
