By Redacción
Celaya, Gto; Una actuaria del Tribunal de Conciliación y Arbitraje acudió este martes a la Presidencia Municipal para notificar la ejecución de un embargo derivado de un juicio laboral perdido por el Sistema DIF Celaya; sin embargo, el procedimiento fue suspendido luego de que el Municipio solicitó la abstención del embargo y se comprometió a cumplir con el pago correspondiente.
El secretario del Ayuntamiento, Daniel Nieto Martínez, explicó que el caso corresponde a un laudo laboral promovido por una extrabajadora, quien demandó al Gobierno Municipal desde 2019 por presunto despido injustificado.
Precisó que el litigio no se originó en la actual administración, sino que proviene de gobiernos anteriores y que incluso el laudo quedó firme desde el 18 de enero de 2024, después de que un tribunal federal negara el amparo promovido por el DIF.
“Es un laudo que ya está en firme. No hay realmente mucho que hacer; al final se tiene que pagar”, declaró el funcionario.
Nieto Martínez explicó que el expediente era atendido por un despacho jurídico externo y, de acuerdo con la información disponible, no compareció a una diligencia convocada por la autoridad laboral, lo que derivó en la ejecución del laudo.
Detalló que el Tribunal notificó al representante legal del DIF el pasado 23 de abril de 2026 y posteriormente citó al representante del despacho el 10 de junio, sin que acudiera, por lo que este martes se presentó la actuaria para ejecutar el embargo.
Aunque la diligencia se realizó en la Presidencia Municipal, aclaró que ello ocurrió porque el Municipio figura como obligado solidario del DIF.
“Lo que hicimos hoy fue solicitar una abstención a efecto de que no se ejecutara el embargo, revisar bien el tema y darle seguimiento al cumplimiento del laudo”, señaló.
El secretario indicó que el monto reclamado ronda los 191 mil 500 pesos, aunque dijo no tener la cifra definitiva al momento de la entrevista.
Respecto a quién cubrirá la indemnización, señaló que aún no existe una definición, ya que deberá analizarse entre el presidente municipal, la Oficialía Mayor y la Dirección del DIF.
“No he platicado con el presidente, con la Oficialía Mayor ni con la directora del DIF; tendremos que revisar quién se hará cargo del pago”, comentó.
Asimismo, reconoció que la actual administración no tenía conocimiento de este procedimiento hasta la notificación realizada este martes, por lo que ya solicitó a la Dirección Jurídica un informe completo sobre todos los litigios laborales pendientes, con el objetivo de conocer su estatus y evitar que otros casos lleguen a la etapa de embargo.
“Pedí un informe de todos los asuntos pendientes para revisar cada uno y que no terminen en esta instancia; incluso poder prever presupuesto para los pagos cuando corresponda”, concluyó.
