By José Luis Ramírez
Guanajuato, y en general sus zonas industrializadas atraviesan por una falta de agua potable debido a la sobreexplotacion de los pozos, y como consecuencia la perdida de la calidad del agua. Particularmente la ciudad de León, enfrenta hoy una carencia de agua que ha empeorado dado el crecimiento de su población, su desarrollo económico, la ineficacia de políticas públicas que incidan en el cuidado, y reúso del agua doméstica, así como la usada para fines industriales como la curtiduría.
En el pasado mes de marzo, en el día mundial del agua, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) informó que Guanajuato, es uno de 15 Estados con alto riesgo de quedarse sin agua, es decir, está cerca del “día cero”, por consumir más agua de la disponible, por la sobreexplotación o un mal manejo del recurso.
Hace unos días estalló la burbuja para dotar de agua a la ciudad de León, de los afluentes de nuestros vecinos de Jalisco. La construcción de la presa el Zapotillo y el destino del agua, fue el tema de discusión entre el Gobernador de Guanajuato, de Jalisco y el Presidente de la república.
En el año de 1995 se expidió un Decreto de Reserva de un porcentaje del agua disponible del Río Verde para los Estados de Jalisco y Guanajuato, y fue modificado en 1997, estableciéndose la distribución de la siguiente forma: 384,739 metros cúbicos por segundo para Jalisco, y para Guanajuato 119,837 metros cúbicos por segundo. Jalisco, la utilizaría para su zona metropolitana y para los municipios de los Altos; en Guanajuato, serían para la ciudad de León.
Los estudios de ingeniería se iniciaron en el año 2006 con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable durante los próximos 30 años, en el caso de León, era para beneficiar una población de 1´095,000 habitantes. En 15 años transcurridos, la zona metropolitana de León cuenta con poco más de 2,170,000 habitantes (Inegi 2020), es la sexta más poblada del país, y el tercer municipio con mayor población, 1 millón 721 mil 215 habitantes. Casi se duplicó su población, se escaló su necesidad de agua, y la solución se estancó con la construcción de la presa el Zapotillo.
El proyecto inicio con la intención de construir una cortina de 80 metros, y 411 hm3 de almacenamiento, esto no hay que perderlo de vista. La propuesta incluía la reubicación de 2 localidades: Acásico con 365 habitantes, y Palmarejo 185 habitantes; además, una tercera localidad Temacapulín, que se protegería de una posible inundación, mediante la construcción de 2 diques.
En la marcha del proyecto de construcción, se determinó incrementar 3 metros cúbicos por segundo, y con ello 25 metros mas la cortina, y de 411 a 991 hm3 de almacenamiento. Y claro, se incrementaba la dotación de agua a los beneficiarios del proyecto. En cuanto a la población impactada, las reubicaciones serían las mismas, y los diques de protección para Temacapulín aumentarían 2 metros mas de altura. La reubicación involuntaria, dio inicio a la resistencia de sus habitantes, y el freno jurídico para su inicio.
En el 2009 se determinó iniciar la construcción de la presa, concluir los estudios y proyecto ejecutivo para una cortina de 105 m de altura. Además de resolver la problemática social. Los terrenos para el embalse de la presa y el acueducto con sus zonas federales, así como los bienes distintos a la tierra se adquirirían y liquidarían, pero la población no aceptó.
A raíz de la negativa de reubicación de las comunidades afectadas, se amparan, y el 10 de febrero del 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordena detener la cortina de “El Zapotillo” a 80 metros. Señala que las autoridades responsables, deben detener las obras en tanto no garanticen los derechos fundamentales de los demandantes. La sentencia explica que las autoridades han privado “a los pobladores de Temacapulín y Acasico, del derecho que tienen a que su propiedad privada sea respetada, a preservar su vivienda, sus costumbres, tradiciones, identidad reduciéndoles el nivel de los derechos de que goza la población”. Además del aspecto ambiental y en el “derecho que tienen los quejosos como todo ciudadano, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
De acuerdo a la perspectiva de los analistas, “la autoridad judicial estimó fundados los conceptos de violación que expusieron los quejosos sin embargo, existe un conflicto de intereses pues de un lado está el interés social y natural de los oriundos del lugar para preservar su medio ambiente y entorno histórico en contraposición con la necesidad del Estado a brindar el desarrollo nacional “integral y sustentable”. El agua hirviendo que no quiso tocar Felipe Calderón, ni Peña Nieto para no quemarse políticamente.
En la perspectiva jurídica, la juez, señala que el Estado debe utilizar “métodos de proporcionalidad en la ponderación de los valores en juego” para analizar la pertinencia de la obra, y en caso de que considere inminente la “expropiación”, ésta debe estar fundada conforme a principios de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad. Hasta el 2014, a los habitantes se les había concedido tres suspensiones provisionales para que la cortina de la presa el Zapotillo, no exceda de los 80 metros.
La visión de los pobladores se resume en la declaración de su vocero, el padre Gabriel Espinoza Iñiguez: “lo que no queremos es que se nos afecte, que se mienta con alternativas que no lo son y se privatice el agua en beneficio de unas cuantas empresas y usuarios que por años han contaminado y desperdiciado el vital líquido”.
Si hay necesidad, hay negocio diría la premisa básica de los malos políticos. Considere lo siguiente: “Guanajuato destinó un presupuesto a la construcción del vaso, y en octubre de 2011 se licitó la construcción del acueducto El Zapotillo-León, Guanajuato, se le concesionó a la empresa española Abengoa, que por 25 años transvasaría agua con modernas plantas de bombeo y una planta potabilizadora, a un costo de seis mil 866 millones de pesos”.
Abengoa, en agosto del 2017 renuncia a la “concesión”, y al estilo Jalisco, “cuando no gana arrebata”, su filial Concesionaria del Acueducto El Zapotillo, S.A. de C.V., reclama a la CNA, sin haber construido un solo metro, el pago de cinco mil millones de pesos como indemnización, porque no cumplió con la entrega de las tierras liberadas para que se construyera el acueducto.
La visita del ciudadano Presidente a Jalisco y la propuesta a los habitantes de las comunidades Temacapulín, Acasico y Palmarejo, para concluir la presa El Zapotillo, fue salomónica: reducir la altura de la cortina al planteamiento de inicio, 80 metros, reducir el volumen de agua, y evitar que se inunden las poblaciones. A Guanajuato le tocaría la parte proporcional del Decreto de 1995. El gobernador de Jalisco Enrique Alfaro respaldó su propuesta.
Pero en Guanajuato Diego Sinhue, gritó a pulmón lleno, que el Presidente había dejado a León sin agua, dijo, “Vamos a pelear en todos los aspectos por el derecho que tienen los leoneses de tener agua potable en sus hogares”. Y en otro de sus típicos desplantes, señaló, “si se cae el decreto, se cae con derechos y obligaciones” y Guanajuato ya no estaría obligado de surtir agua de la presa Solís a la Laguna de Chapala. En dicha Laguna, ya se puede caminar descalzo…
El señor López destrabó un conflicto, que podría durar cien años mas, y Diego Sinhue, otra vez hizo el ridículo… Los leoneses tendrán agua de la Presa el Zapotillo, y la faltante estará en los proyectos que dieron comienzo hace un par de días.
Revolcadero.
Celaya consume agua envenenada con arsénico y flúor. ¿Quién tocará la puerta de la federación para potabilizar el agua, y además, crear las plantas de tratamiento para frenar la descarga de veneno al río Lerma?
