By Redacción
Por: Ara Morales
El TLCAN entró en vigor el 1° de enero de 1994, estableciendo el marco jurídico para facilitar el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante más de dos décadas fue uno de los principales instrumentos jurídicos que regularon las relaciones comerciales, de inversión y desarrollo entre los tres países.
Sin embargo, los cambios globales —comercio electrónico, economía digital, nuevas cadenas de suministro y transformaciones industriales— hicieron necesaria su modernización. Así nació el T-MEC, firmado en 2018 y vigente desde el 1° de julio de 2020, con disposiciones más estrictas en materia de propiedad intelectual, reglas de origen y compromisos ambientales y laborales.
La revisión de 2026 introdujo un giro decisivo: el tema laboral pasó al centro de la agenda. El mecanismo de respuesta rápida se reforzó, permitiendo sanciones inmediatas ante violaciones sindicales en México. Además, se exigieron mayores garantías de democracia sindical, transparencia en contratos colectivos y vigilancia en sectores estratégicos como el automotriz y el agroindustrial.
Este cambio convierte al T-MEC en algo más que un tratado comercial: lo transforma en un instrumento de supervisión laboral y social, donde la competitividad regional se mide también por la calidad de los derechos de los trabajadores.
Guanajuato 214 mil trabajan en exportables.
El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) introdujo un cambio relevante respecto del antiguo TLCAN: incorporó de manera directa un Capítulo Laboral y estableció mecanismos específicos para vigilar el cumplimiento de determinados derechos laborales. Entre ellos destaca el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Especificas (MLRR) previsto en el Capítulo 31 y, particularmente, en el Anexo 31-A para las controversias entre México y Estados Unidos.
En México, de acuerdo al Programa IMMEX 3,153,694 personas se encuentran laborando en establecimientos que importan temporalmente bienes para utilizarlos en procesos industriales o de servicios destinados a elaborar, transformar o reparar mercancías para exportación, de las cuales, 214 mil personas laboran en el Estado de Guanajuato, a quienes se les tiene que garantizar sus derechos laborales de acuerdo al T-MEC.
El mecanismo está diseñado para atender presuntas denegaciones de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en instalaciones específicas de México, Estados Unidos y Canadá. No se trata de un mecanismo que revise cualquier cumplimiento laboral, sino de un procedimiento dirigido a determinados derechos colectivos y a centros de trabajo que cumplen las condiciones previstas por el tratado.
Esta regulación adquiere especial importancia en Guanajuato por los casos de Pirelli Neumáticos, en Silao de la Victoria, Bader de México y Grupo Yazaki en León, todas vinculada con la industria automotriz.
El Caso Pirelli Neumáticos
En agosto de 2024, el Gobierno de México informó que había admitido una solicitud de revisión presentada por Estados Unidos respecto de Pirelli Neumáticos, ubicada en Silao, Guanajuato. La solicitud planteaba una posible denegación de los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva de las personas trabajadoras. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició una revisión interna con un plazo de 45 días.
El caso estuvo relacionado con la aplicación de las condiciones laborales, previstas para la industria hulera y con la representación sindical de los trabajadores. Como resultado de la investigación, la STPS convocó en septiembre y octubre de 2024 a mesas de diálogo entre Pirelli y el Sindicato Miguel Trujillo López, con participación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Las partes alcanzaron un convenio complementario de armonización de beneficios.
Sin embargo, el procedimiento no terminó simplemente con esas mesas de diálogo. Estados Unidos solicitó posteriormente el establecimiento de un panel bajo el MLRR. El expediente aparece identificado como MEX-USA-2024-31A-03 y, al momento de la consulta, el Secretariado de los Acuerdos Comerciales registra el procedimiento como activo, sin informe final publicado.
Esto resulta jurídicamente relevante porque demuestra que el T-MEC permite que una controversia laboral localizada en una planta mexicana pueda transcender el ámbito estrictamente nacional y activar un procedimiento internacional especifico.
El caso Bader de México.
Una situación semejante ocurrió con Bader de México, empresa ubicada en León y dedicada a la fabricación de productos de cuero para interiores automotrices. En septiembre de 2024, Estados Unidos solicitó a México revisar una posible denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la instalación de Bader de México, en León. La petición había sido presentada por un trabajador despedido y contenía alegaciones relacionadas con la creación de un comité laboral controlado por la empresa, despidos vinculados con actividad sindical y otras conductas que, según la reclamación, podían afectar la organización de los trabajadores.
México aceptó realizar la revisión. Al concluirla, el Gobierno estadounidense informó que México había encontrado una denegación limitada de derechos en la instalación. Debido a que no se alcanzó un acuerdo sobre las medidas de reparación. Estados Unidos solicitó el establecimiento de un panel del MLRR en diciembre de 2024. El expediente MEX-USA-2024-31A-04, correspondiente a Bader de México, continúa registrado oficialmente como activo y sin informe final en el Secretariado de los Acuerdos Comerciales.
El Caso de Grupo Yazaki
En el caso del Grupo Yazaki, Estados Unidos solicitó en noviembre de 2025 una revisión respecto de presuntas violaciones de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. En agosto de 2026 se anunció la resolución satisfactoria del asunto y la reanudación de la liquidación de aranceles sobre mercancías provenientes de esa instalación. Estos casos dejan una enseñanza que Guanajuato no puede ignorar. La competitividad internacional también se construye dentro de las relaciones laborales. Una empresa puede tener maquinaria de última generación, logística eficiente y excelentes productos, pero necesita además comprender y cumplir las reglas laborales que forman parte del nuevo escenario comercial.
¿Qué derechos laborales protege el T-MEC?
Los casos de Pirellli Neumáticos, Bader de México y Grupo Yazaki permiten identificar que el T-MEC presta especial atención a los derechos colectivos de las personas trabajadoras, particularmente a la libertad de asociación, derecho de los trabajadores a organizarse, libertad para elegir su representación sindical, negociación colectiva, protección frente a interferencias indebidas en la actividad sindical.
El propio Gobierno de México señala que el Capítulo 23 del T-MEC incorpora los compromisos laborales dentro del cuerpo principal del tratado, a diferencia del esquema laboral paralelo que acompañaba al TLCAN. Además, el Capítulo 23 se vincula con los mecanismos de solución de controversias del Capítulo 31.
Relación con la legislación mexicana.
El T–MEC no sustituye a la Ley Federal del Trabajo, nisignifica que las empresas dejen de estar sujetas a las autoridades laborales nacionales. Por el contrario, el MLRR opera conjuntamente con la legislación mexicana. Esto es particularmente importante después de la reforma laboral mexicana de 2019, que fortaleció la democracia sindical, la libertad de asociación y la negociación colectiva.
Por ello, una empresa ubicada en Guanajuato debe cumplir simultáneamente con las obligaciones derivadas de la legislación laboral mexicana y con los compromisos internacionales asumidos por México mediante el T-MEC.
La STPS ha señalado expresamente que el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, incluida la obligación de no intervenir en la vida sindical, constituye una de las principales vías para evitar conflictos relacionados con el MLRR.
Libertad sindical y negociación colectiva en el T-MEC.
Las revisiones de las denuncias presentadas en los casos Pirelli Neumáticos, Bader de México y Grupo Yazaki muestran que el T-MEC transformó la dimensión internacional de la protección laboral en México. La libertad sindical y la negociación colectiva dejaron de ser únicamente cuestiones que pudieran discutirse dentro del ámbito nacional y adquirieron mecanismos específicos de supervisión y respuesta dentro del tratado comercial.
En Guanajuato, estos tres casos constituyen ejemplos concretos de cómo una controversia relacionada con los derechos colectivos de los trabajadores puede activar un procedimiento internacional y colocar a una empresa, a las autoridades laborales mexicanas y a las organizaciones sindicales dentro de un mismo proceso jurídico.
El T-MEC demuestra así que el comercio internacional contemporáneo no solamente regula, mercancías, aranceles e inversiones: también establece compromisos relacionados con las condiciones en que se desarrolla el trabajo y con el respeto a determinados derechos fundamentales de las personas trabajadoras.
Este mecanismo permite que determinados casos,relacionados con instalaciones específicas, sean objeto de revisión cuando se exponga una denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva. No estamos hablando de una disposición abstracta. En Guanajuato ya tenemos ejemplos concretos.
La revisión de 2026 coloca al trabajo y los derechos laborales en el centro del T-MEC. El tratado, irónicamente, ya no se limita a regular mercancías y aranceles: ahora mide la calidad de la democracia sindical y la vigencia de los derechos de los trabajadores. Para México, el reto es doble: garantizar condiciones laborales dignas y demostrar que la competitividad regional puede construirse sobre la base de la justicia social y el respeto pleno a los derechos humanos de los trabajadores.
AL FINAL. El uso de las instituciones de educación superior como mi alma mater, el Tec de Celaya, no deben servir de escaparate electoral, es inmoral y antiético, sobre todo cuando nuestra misión como profesionales egresados de esta noble institución, es el fomentar valores como el respeto, la congruencia, la libertad de pensamiento, la responsabilidad, el amor a la patria y la rectitud de quienes dirigen las instituciones. Usar de manera sistemática a los jóvenes como receptores cautivos de mensajes políticos unipersonales, está fuera de la ética institucional.
#AraMorales
