By José Luis Ramírez
La virtud, es un hábito que se encuentra entre el exceso y el defecto, decía hace dos mil años mi siempre recordado Séneca. ¿Quién de los políticos y servidores públicos se encuentra en esa medianía, que alguna vez citara Benito Juárez? Claro, la virtud no es algo que puedan presumir, ni mucho menos que les interese.
Déjeme decirle, que la semana pasada señalaba la urgente necesidad de que los servidores públicos que se estaban postulando para cualquier cargo de elección popular, renunciaran a su trabajo dentro de la administración pública, o bien, al cargo político que aspiran.
Lo dicho estaba sustentado en el Código de Ética del municipio de Celaya, que señala: los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia.
Al postularse por un partido –una parte de la población-, resulta lo obvio, trabajan a favor de un interés personal o de grupo, y bajo una subordinación que afecta su desempeño, y vulnera la lealtad a las instituciones. Es decir, pierden el piso, la visión imparcial, la objetividad, y en muchos casos, lo hacen utilizando o desviando los recursos económicos del pueblo para beneficio de su partido. Esto ya es un delito electoral.
De hecho, en el ejercicio abusivo del poder, algunos servidores públicos gozaron durante años de la complicidad u omisión para realizar las prácticas más insanas que les permitieran continuar gobernando. Prácticamente, todos los servidores públicos, tenían una encomienda concreta para echar a andar la maquinaria electoral a su favor, así operó el PAN y el PRI en su momento.
La ética privada, no es ajena a la ética pública. ¿Hablamos de un concepto integrador, excluyente, o contradictorio? Un servidor público, sobre todo los que tienen una posición de autoridad jerárquica, y del que sus decisiones depende la actividad laboral de decenas o cientos de personas y use, es autoridad de manera a coercitiva para obligar a realizar actividades involuntarias a sus subordinados, debe ser sancionado con mayor rigor por la sociedad y las instituciones.
Es decir, un acto de un servidor público, no es un acto privado, es un evento que impacta a la sociedad porque a través de su actitud, actuación y desempeño puede construir o destruir la confianza de las y los ciudadanos en sus instituciones.
El señalamiento que hacia hace unos días, es precisamente porque en la época electoral, el uso y abuso de los recursos públicos para favorecer al partido gobernante, empieza a dar señales de vida. La ciudadana Paniagua coincide con este pronunciamiento, y claro llama la atención, porque en su administración hay nombres y hombres que se placean a la luz de sus puestos de dirección, al amparo del tiempo o en las sombras, con dinero de nuestros impuestos.
De cierto, cuando hablamos de servidores públicos, no hay distingo legal, ético o moral, entre un miembro del Ayuntamiento –regidores, síndicos, Presidente-, con un director de área, o un simple trabajador. Está claro, si usan recursos públicos para promoción personal están cometiendo un delito. ¿Todos lo saben? Parece que sí. ¿Quién hace algo para detener esas prácticas corruptas? Parece que nadie.
Por ejemplo, los regidores Bárbara Varela, José Luis Alfaro, Salud García, Aldo Sahib Velázquez, Ezequiel Mancera, están postulando las desventuras que tuvieron como regidores –con cargo a nuestros impuestos- para brincar a otro puesto de elección popular, y lo hacen amparados en una reglamentación idónea, es decir legal, pero que tan legal, ética y moralmente hablando, pueden hacerlo mientras están utilizando su jerarquía y poder dentro del Ayuntamiento, además de los salarios y privilegios laborales que gozan para impulsar sus pretensiones “políticas”.
Hay funcionarios menores, pero que con ingenio para aprovechar la época, Antonio Lavin, no ha dudado en publicitar sus afanes e inquietudes electorales, pero aun se desempeña en un cargo público. Otro, que si bien no es visible en los círculos políticos, hoy aparece como suplente de regidor en la Planilla de Javier Mendoza, Felipe Castillo Rodríguez, quien es Coordinador de Participación Ciudadana, desde donde se conecta la estructura electoral con los Presidentes de Colonos, y se generan cadenas de favores mutuos. Y debo decirle, es quien le está dando buenos números a la estructura territorial.
Solo sirvan de ejemplo estos botones de muestra. Pero hay más, por ejemplo hubo militantes y funcionarios del Pan, que se distinguieron por apoyar en las comunidades rurales –seguramente en sus ratos libres, y en las redes sociales- al siempre bien portado, Paulo Bañuelos, y claro, ahora están redireccionando sus intenciones, salvo que el llamado institucional de la ciudadana Elvira, los ponga en firmes.
La ética refiere, los servidores públicos deben conducirse con rectitud sin utilizar el empleo, cargo, comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal, o a favor de terceros; corresponder a la confianza que les han conferido; tener una vocación absoluta de servicio a la sociedad, y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por encima de Intereses personales. Hay un abismo de diferencia entra la conducta ciudadana, y el servidor público.
Coincido plenamente -creo que es la única vez- con la ciudadana Paniagua: “quien ostente un cargo público y quiera postularse a un puesto de elección popular, debe renunciar”, no me atrevería a decir lo que ella dijo, “o que se atengan a las consecuencias”, pero si abonaré unas líneas, hoy miles de ojos están observándolos, miles de videograbadoras móviles están en las manos de ciudadanos hartos, cansados de vivir en el miedo, el desamparo, y la corrupción.
Ya hay una experiencia de denuncia y valor cívico, que aparecerá en el momento menos esperado. Queremos ver renuncias en cualquier sentido. Sus golpes de pecho, y lagrimitas en época electoral ya ni en telenovelas venden.
Revolcadero.
FOCO DE INFECCIÓN. En 11 meses se han infectado 271 empleados municipales por covid-19. Al 11 de febrero de este año, hay 253 trabajadores en resguardo, y 11 han fallecido. Es urgente por salud y economía, rodear con espinas y clausurar la presidencia municipal.
