By Celaya.- La Fundación Un Paso a la Luz, A.C., obtuvo la suspensión provisional para evitar el desalojo de sus instalaciones en la colonia Arboledas segunda sección, luego de que la dirección de Desarrollo Urbano les negara la factibilidad de uso de suelo para su funcionamiento, pese a que han venido prestando sus servicios como centro de rehabilitación desde hace 2 años y 7 meses.
Dicha medida fue otorgada por el Juzgado Administrativo Municipal con expediente 239/2022 por lo que se puede continuar prestando la actividad que se ha venido realizando hasta ahora, señaló la abogada Estela Bailón Vázquez.
Abundó que la suspensión provisional se da hasta en tanto se defina si se afecta el orden público o el interés social, por lo que la autoridad demandada (el municipio) tiene un término de tres días para rendir informe para manifestar y adjuntar constancias originales y copias certificadas en ese sentido y ante las supuestas quejas vecinales.
José Daniel Rodríguez García, presidente de la fundación, por su parte comentó que el Centro de Tratamiento Especializado en Adicciones, obtuvo en octubre de 2020 una primer factibilidad de Desarrollo Urbano firmada por el entonces director Luis Gustavo Báez Vega, el aval de Protección Civil el 29 de abril del 2021, el 14 de mayo del mismo año una factibilidad permitida por Desarrollo Urbano firmada también por el arquitecto Báez, la autorización de Medio Ambiente el 26 de octubre de 2021 para el uso del temazcal y el 1 de diciembre de 2021 otra factibilidad permitida firmada ya por el nuevo director de DU, Jorge Granados Valencia.
De este último dijo, de manera verbal se informó que se autorizaría la licencia de uso de suelo, sin embargo, al salir de la administración y quedar a cargo del área Oswaldo Alfredo Rodríguez, toda factibilidad fue negada bajo el alegato de inconformidad vecinal, por lo que mostró una encuesta entre vecinos que dijeron no tener inconveniente con el funcionamiento del centro donde medio centenar dio su aval para el mismo.
Incluso señaló ser víctima de discriminación por parte de Brenda Garcidueñas, funcionaria de dicha dirección quien le comentó que “nadie querría estar cerca de drogadictos”, conminándolos a buscar otro espacio en donde prestar sus servicios, que abundó, “cabe destacar que el estado no presta este tipo de servicio, no hay lugar público que lo ofrezca, cuando sería su obligación por tratarse de un problema de salud pública”.
