By CELAYA, GTO; La pugna por la posesión de los terrenos de las antiguas instalaciones de la feria, luce interminable, con la notificación de un amparo que interpuso Oraida Grisel Sánchez Montoya, otrora arrendataria del predio, en contra de una resolución del Tribunal de Justicia Administrativa en donde descartan que el Gobierno Municipal deba regresar la posesión del terreno a la particular.
El titular de la dirección Jurídica municipal, Mauricio Huezo Arreguín, explicó que, fue una sentencia dentro del juicio de nulidad de la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa en el que se determinó que ya no era posible devolver el predio a los arrendatarios, debido a que la propiedad dejó de estar a resguardo del Patronato de la Feria y volvió a la administración pública en general, y éste no puede volver al dominio privado.
“Ahorita lo que tenemos es que nos acaban de notificar un amparo en contra de esa resolución en el cual la autoridad responsable es la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa y nada más por parte del Ayuntamiento, vamos como terceros, por lo cual ya hicimos manifestaciones de que estamos a favor de lo que manifiesta el magistrado” comentó el director sobre la notificación que recibieron la semana pasada.
Con ello, dijo que lo que la defensa de Sánchez Montoya busca que un juez de distrito revise la resolución esperando que se les restituya la posesión de las antiguas instalaciones de la feria, en el bulevar Adolfo López Mateos.
Aunque señaló que los juicios de amparo presentan una duración de aproximadamente siete meses, no es la última instancia a la que la defensa de Oraida Grisel puede recurrir, por lo que no hay fecha para concluir el pleito legal.
“Los juicios de amparo al menos se están tardando entre seis y siete meses, ahorita se nos notifica como terceros, ya hicimos una manifestación y se va a llevar la audiencia constitucional y después se emite la sentencia de juzgado, que se está llevando a cabo en el juzgado segundo en la ciudad de Guanajuato”.
El funcionario agregó que ante la solicitud de los particulares de que el Municipio les pagara 10 millones de pesos por daños y perjuicios tras el desalojo del que fueron objeto, un juez determinó que no hubo pruebas suficientes para acreditar el daño por lo que se le eximió de todo pago.
Concluyó asegurando que “estamos tranquilos de que no se va a devolver el bien, ni se les va a pagar nada a estas personas, así ya también para Gobierno del Estado ya se les informó para que siga la construcción del Parque Urbano”.
