By Efraín Rico Rubio
Cuando el ex presidente Enrique Peña Nieto declaro que la corrupción era un “problema cultural” seguramente tenía bastante información sobre las redes, grupos y autoridades que hoy públicamente se sabe: tenían como modus operandi principal el robo de combustible (principalmente en cinco estados, destacando entre ellos, Puebla y Guanajuato).
La mafia dedicada al robo de combustible fue acrecentando poder e influencia hasta infiltrarse en autoridades de gobierno y de PEMEX. Era imposible no darse cuenta de la gravedad del problema, a tal grado que se sabía de comunidades y autoridades coludidas con los “huachicoleros” y toda la mafia involucrada en ello.
Durante dicho periodo, pero principalmente en los últimos años, los medios de comunicación dedicaron un gran número de reportajes, entrevistas y notas periodísticas sobre la ordeña de ductos de PEMEX, pipas robadas y autoridades locales involucradas en este negocio ilícito.
Ante la decisión tomada por el nuevo gobierno federal de hacer frente al problema del robo de combustible, surgen un gran número de interrogantes, algunas van encontrando respuestas otras siguen en el aire. La firmeza mostrada por el Ejecutivo Federal es apoyada en lo general por la población y por las autoridades estatales y locales de todas las fuerzas políticas, ¿a qué se debe que ahora sí, estén de acuerdo en hacer frente común al problema?, ¿por qué la Confederación Nacional de Gobernadores (CONAGO) nunca se mostro decidida a actuar contra esta mafia?
Efectivamente el robo de combustible es el problema general, pero hoy se sabe que carteles del narcotráfico estaban infiltrados o participaban decididamente en el control de la ordeña, distribución y venta de gasolina robada.
Hace unos días, el gobernador de Guanajuato declaro que a raíz de las últimas acciones podría declararse que el 80% de las gasolineras compraban gasolina robada; el año pasado, en medios nacionales se reporto que la violencia que vivía el estado de Guanajuato estaba relacionada con la pelea entre dos carteles del narcotráfico también dedicados a la ordeña de ductos de PEMEX.
A casi dos semanas de iniciada esta cruzada en contra del robo de combustible y con toda la información que involucra a funcionarios de PEMEX y a autoridades locales, es curioso que no se haya tocado la influencia y probable infiltración financiera de los grupos dedicados al robo de combustible en las campañas electorales.
La hipótesis es clara: “si autoridades federales, estatales y locales protegían (por complicidad, conveniencia o indiferencia) a grupos dedicados al robo de combustible es porque obtenían algo a cambio de ello (protección, dinero, combustible, etc). El grado de violencia que vivió el estado entre 2016 y 2018 siempre fue señalado como producto de la pelea por el control del corredor industrial (desde Apaseo el Grande hasta León), tanto el gobernador como los presidentes municipales argumentaban que eran delitos federales en los cuales no podían involucrarse.
Con algunas excepciones, los partidos políticos y sus candidatos (en todos los niveles) preferían abstenerse de opinar sobre el robo de combustible y las acciones que podían llevar a cabo para hacerle frente.
De acuerdo al reporte: Dinero Bajo la Mesa: Financiamiento y Gasto Ilegal de Campañas políticas en México. (Mayo 2018) realizado por el ex consejero presidente del antiguo IFE Luis Carlos Ugalde (Director general de Integralia Consultores) y de la politóloga María Amparo Casar (Presidenta de Mexicanos contra la corrupción y la Impunidad), en las campañas políticas siempre fluye dinero de diferentes fuentes que no necesariamente es legal uno de ellos es el financiamiento del crimen organizado.
Cuando el crimen organizado financia una campaña lo hace para proteger su negocio, sea en la forma de rutas de trasiego de droga, protección policial o para infiltrarse en el gobierno y apoderarse de plazas de venta.
Si el problema del robo de combustible y su crecimiento se estudiara desde esta óptica, podría saberse el cómo y por qué muchas autoridades locales y estatales se hacían de la vista gorda ante el problema. Para su mala fortuna, la violencia y la inseguridad que se vivía en sus estados y municipios podría ser la variable que delataría dicho contubernio, la Federación no se quedaría muy atrás.
