By Redacción
Celaya, Gto.- El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, rechazó que exista falta de voluntad de su gobierno para concretar las obras de urbanización complementarias a la Unidad de Hospitalización e Internamiento del Bajío del Centro de Integración Juvenil (CIJ), y aseguró que el principal obstáculo es la negativa de propietarios de terrenos aledaños a vender los predios necesarios.
Sin precisar cuánto, el alcalde afirmó que el municipio cuenta con recursos para ejecutar los trabajos de introducción de agua potable, drenaje, pavimentación y colocación de postes de alumbrado público, por lo que sostuvo que la administración está en condiciones de avanzar una vez que se resuelva la disponibilidad de los terrenos.
“Tenemos el dinero para meter el agua, tenemos el dinero para pavimentar y poner postes de luz. Ya se lo hice saber a él, que tenemos el dinero, pero los que están alrededor no nos quieren vender a nosotros”, declaró.
Ramírez Sánchez explicó que, de acuerdo con la información que tiene, serían uno o dos propietarios los que mantienen detenida la negociación. Señaló que inicialmente hubo disposición para vender, aunque los precios solicitados eran elevados, y posteriormente los dueños dejaron de aceptar la operación.
Ante esta situación, pidió al presidente del patronato del CIJ, Salvador Molina, que intervenga para facilitar el diálogo con los propietarios, al considerar que existen relaciones entre las familias involucradas que podrían ayudar a concretar las negociaciones.
“Yo sí estoy muy interesado en eso, es una obra que hace falta en Celaya”, enfatizó el presidente municipal, quien incluso dijo haber planteado la posibilidad de impulsar otro proyecto similar en la ciudad.
El edil aseguró que los recursos para las obras complementarias ya están contemplados en el presupuesto de egresos y sostuvo que no pretende que la unidad de hospitalización e internamiento termine convertida en una infraestructura sin utilidad por la falta de servicios y accesos adecuados.
“Yo no voy a hacer que en mi periodo ese proyecto sea un elefante blanco”, afirmó.
-Analizan alternativas para destrabar el proyecto-
Cuestionado sobre la posibilidad de recurrir a la expropiación de los terrenos, el alcalde reconoció que no ha revisado a fondo esa alternativa, aunque no descartó explorar alguna vía legal que permita resolver el problema.
Indicó que solicitó al área jurídica de la Presidencia Municipal atender el asunto con rapidez, pero aclaró que la solución también requiere la intervención de otras dependencias.
Explicó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SIGAA), de acuerdo con sus declaraciones, debe definir los trazos y las conexiones de los servicios; Desarrollo Urbano tiene que intervenir en la configuración de los predios, mientras que el área jurídica debe revisar los aspectos relacionados con la compraventa.
“Todo eso pasa, entre todos se tiene que poner de acuerdo para verlo”, señaló.
Aunque reconoció que el proyecto enfrenta riesgos por el retraso, Ramírez Sánchez sostuvo que todavía existe la posibilidad de avanzar si se logra resolver la adquisición de los terrenos. Incluso aseguró que, si se cuenta con las condiciones necesarias, el gobierno municipal podría actuar de inmediato.
Finalmente, al ser cuestionado sobre el desempeño del director jurídico municipal ante las dificultades para resolver este tipo de asuntos, el alcalde manifestó que, en términos generales, está satisfecho con su trabajo.
