By Redacción
En memoria del Padre Celedonio de Jarauta, héroe desconocido por la mayoría de los mexicanos; uno de los pocos que enfrentaron a los gringos, y nunca aceptaron la cesión de los territorios del norte de la Patria…
La historia política de México puede leerse como un péndulo continuo entre dos visiones irreconciliables de país. Los discursos cambian, los actores mutan y el lenguaje se adapta a las épocas, pero las estructuras subyacentes de la lucha por el poder conservan una continuidad asombrosa. Para comprender el mapa político contemporáneo, es indispensable rastrear cómo las disputas ideológicas del pasado se institucionalizaron y, posteriormente, se transformaron ante la aparición de nuevos poderes fácticos.
El nacimiento del estado independiente en el siglo XIX no se gestó en partidos políticos formales, sino en el secreto de los templos masónicos. A falta de instituciones civiles estables, el Rito Escocés Antiguo y Aceptado y el Rito de York operaron como las verdaderas maquinarias ideológicas y electorales de la época. Aquella fractura inicial dividió a la élite gobernante en dos bloques con concepciones opuestas sobre el orden social y el ejercicio del poder.
Por un lado, la facción de raigambre escocesa agrupaba a las élites ilustradas, los terratenientes e incluso a la alta jerarquía clerical. Su proyecto defendía un modelo centralista, jerárquico y con instituciones fuertes capaces de contener la incipiente dispersión social. En la herencia del lenguaje político, esta visión pretendía mantener los hilos del progreso bajo el control de una aristocracia tecnócrata y educada en las corrientes más conservadoras de Europa Occidental.
Por otro lado, la vertiente Yorkina y su posterior evolución autóctona, el Rito Nacional Mexicano, representaban a los sectores populares, los profesionales provincianos y los antiguos insurgentes. Su bandera era el federalismo, la secularización absoluta de la sociedad y la destrucción de los fueros corporativos heredados del Virreinato. Esta escuela de pensamiento, que alcanzó su punto cumbre con la generación liberal de Benito Juárez, concebía la emancipación ciudadana como el motor principal de la soberanía nacional.
Pero esta enconada confrontación interna paralizó la capacidad de defensa del Estado, cobrando su factura más alta en 1848. La trágica pérdida de más de la mitad del territorio nacional ante la invasión de los Estados Unidos fue la consecuencia directa de una clase política fragmentada por lealtades masónicas y cuartelazos, donde las facciones prefirieron combatir al rival interno antes que unificar fuerzas en contra del intruso anglo-sajón en la frontera norte.
Pocos años después estuvo muy cerca de reeditarse otro acto de monstruosa traición. En el punto más álgido de la Guerra de Reforma este conflicto escaló al extremo irracional de pretender subastar la soberanía con el fallido Tratado McLane-Ocampo, un acuerdo donde el bando liberal estuvo dispuesto a ceder derechos de tránsito perpetuo e intervención militar a Washington con tal de conseguir los recursos financieros necesarios para aniquilar políticamente a sus adversarios conservadores.
El triunfo de la corriente liberal tras la Guerra de Reforma y la caída del Segundo Imperio no eliminó las tensiones, sino que modificó la forma de encauzarlas. Al llegar el siglo XX, tras el torbellino de la Revolución Mexicana, el Estado centralizador encontró una fórmula inédita para pacificar el territorio: la creación de un partido hegemónico en 1929. El sistema priísta funcionó como un gran vaso comunicante que absorbió la disciplina corporativa y el secretismo de las viejas logias.
Bajo este modelo, la toma de decisiones abandonó los templos herméticos y se trasladó a los pasillos de la burocracia oficial. Durante décadas, el régimen canalizó las demandas de las bases mediante sectores obreros y campesinos, mientras mantenía una cúpula gobernante disciplinada. Pertenecer a la estructura del partido y mantener vínculos con las redes masónicas tradicionales se convirtió en el requisito indispensable para acceder a la administración pública. Sin embargo, la llegada de las crisis económicas globales en los años 80 propició el ascenso de una élite tecnócrata educada en universidades extranjeras, desplazando los viejos códigos nacionalistas por criterios de eficiencia macroeconómica.
En el siglo XXI, el escenario político mexicano asiste a una reedición evidente de aquellas tensiones decimonónicas. La confrontación entre el proyecto de la llamada Cuarta Transformación y el bloque opositor reproduce la misma cartografía ideológica del pasado. La retórica oficialista recupera el lenguaje del nacionalismo popular y la soberanía juarista, mientras que la oposición se atrinchera en la defensa del estado de derecho, los contrapesos institucionales y la inserción técnica en la globalización.
No obstante, el paralelismo histórico enfrenta un elemento inédito y disruptivo que altera las reglas tradicionales del poder: la consolidación del crimen organizado como un actor con control territorial y capacidad de recaudación fiscal indirecta. Si en el siglo XIX la disputa se dirimía entre generales y diplomáticos en busca de legitimidad extranjera, hoy la estabilidad regional se ve condicionada por redes delictivas transnacionales y el creciente empoderamiento militar en tareas civiles.
En el centro del debate contemporáneo, las acusaciones cruzadas construyen dos versiones opuestas de la realidad mexicana. La narrativa de la oposición sostiene que el avance electoral del oficialismo y el control de la mayoría de las gubernaturas regionales obedecen a un pacto implícito de no confrontación con los cárteles, financiado por economías ilegales como el contrabando volumétrico de combustibles. Desde esta perspectiva, la institucionalidad ha sido capturada por una Pax Mafiosa que vulnera la seguridad nacional.
Por el contrario, la postura del oficialismo descarta estas afirmaciones catalogándolas como una campaña de desprestigio diseñada por las antiguas élites desplazadas del presupuesto público. El descargo gubernamental fundamenta su legitimidad en el respaldo orgánico de las mayorías, la efectividad de los programas sociales universales y la necesidad de reformar un aparato judicial percibido como el último reducto de los privilegios del pasado.
Al analizar el fenómeno con objetividad, se hace evidente que ninguna de las dos versiones encontradas posee la verdad absoluta, pues ambas omiten variables fundamentales para sostener su propio relato. Atribuir la hegemonía territorial de una fuerza política exclusivamente a la coacción criminal ignora el arraigo social legítimo, el resentimiento histórico de la población hacia la corrupción previa y el impacto económico directo de los apoyos estatales en los sectores vulnerables. De igual forma, negar la interferencia de los poderes fácticos en los procesos locales resulta insostenible frente al registro de violencia y veto delictivo contra candidatos en los municipios en conflicto.
La realidad más plausible apunta hacia un complejo sistema de coexistencia pragmática. El Estado central conserva la legitimidad de las urnas y el control legislativo a través del voto masivo, mientras que en la escala municipal se tolera, por omisión o parálisis, el control operativo de los grupos que manejan las economías locales. En esta ecuación, las fuerzas armadas operan como el pilar de la gobernabilidad de la infraestructura nacional, sustituyendo las antiguas alianzas civiles por un blindaje de seguridad nacional.
El espejo de las facciones mexicanas demuestra que los dilemas del origen siguen vigentes. La disputa actual no es un fenómeno aislado, sino la continuación de la larga búsqueda histórica por definir el modelo de nación. En este proceso, el mayor desafío de la estabilidad democrática no radica en el triunfo de una postura sobre la otra, sino en la capacidad de las instituciones para preservar la soberanía interior frente a la erosión silenciosa de los poderes que operan al margen de la ley.
