By Redacción
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Descartan investigar a directora exhibida por título falso; buscarán origen de información
Celaya, Gto. La regidora del PAN, Isabel Herrejón Arredondo, criticó la postura del Gobierno Municipal de Celaya de descartar una investigación contra la directora de Personal, María Alma Rosas López, y anunciar, en cambio, una indagatoria para conocer el origen de la investigación periodística que exhibió presuntas irregularidades en su título profesional.
La edil sostuvo que la transparencia y la rendición de cuentas no pueden interpretarse como un ataque político, sino como una obligación de cualquier administración pública y un derecho de la ciudadanía.
“La transparencia y la rendición de cuentas no deben verse como un ataque, sino como una obligación de todo gobierno y un derecho de la ciudadanía”, afirmó.
Las declaraciones de Herrejón Arredondo surgen luego de que el jefe de Gabinete, Gustavo Paloalto Castillo, asegurara que el gobierno no investigará a María Alma Rosas López, pese a que una investigación periodística documentó, con una respuesta obtenida mediante transparencia, que la universidad donde estudió informó que la funcionaria sí cursó estudios, pero no obtuvo título profesional ni cédula profesional, además de deslindarse del documento presentado como título.
En respuesta, Paloalto Castillo sostuvo que el municipio cuenta con el título, certificado, carta de pasante y comprobantes del proceso de titulación de la funcionaria, por lo que la administración le expresó su respaldo y anunció que buscará conocer “de dónde salió la nota y cuál es la intención”.
Para la regidora panista, esa postura desvía la atención del asunto de fondo.
“Si un medio de comunicación obtiene información mediante los mecanismos legales de acceso a la información y la publica, está ejerciendo la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Investigar el origen de una publicación periodística, en lugar de esclarecer los hechos, envía un mensaje equivocado”, expresó.
Asimismo, cuestionó que el gobierno municipal aplique criterios distintos dependiendo del servidor público involucrado.
“Lo que la ciudadanía espera es que cualquier señalamiento sea revisado con el mismo criterio para todos los servidores públicos. Si en otros casos ha habido despidos o sanciones sin brindar las mismas oportunidades de aclaración, pero en este caso existe una defensa inmediata de la funcionaria, surge una pregunta legítima: ¿por qué no se aplica el mismo trato para todos?”, señaló.
Herrejón Arredondo añadió que la imparcialidad en el servicio público exige actuar bajo los mismos estándares de legalidad para todos los funcionarios.
“La imparcialidad en el servicio público significa actuar con el mismo estándar, sin importar el cargo o la cercanía política. Cuando hay diferencias en el trato, la percepción ciudadana es que prevalecen los intereses políticos sobre los principios de legalidad, igualdad y transparencia”, afirmó.
Finalmente, defendió el trabajo periodístico realizado a partir de mecanismos de acceso a la información pública y consideró que la mejor forma de disipar la controversia es transparentar la documentación.
“Defender el trabajo de un medio de comunicación que realiza una investigación basada en solicitudes de transparencia no es defender intereses políticos; es defender el derecho de la sociedad a conocer información de interés público. Si la documentación presentada por la autoridad acredita plenamente la legalidad del caso, lo procedente es mostrarla y despejar cualquier duda, no cuestionar el ejercicio periodístico”, concluyó.
