By Redacción
CELAYA, Gto; El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, confirmó que el Instituto de Cultura de Celaya volvió a ser víctima de un robo, esta vez de equipo de audio valuado en más de 40 mil pesos, y señaló nuevamente como sospechosa a la empresa privada contratada para la vigilancia del inmueble, a pesar de que es diferente a la firma señalada en el hurto anterior.
Informó que se presentó ya la denuncia ante la Fiscalía y que se está investigando si el guardia de turno incumplió con su deber. Dijo que ya se dialogó tanto con la empresa como con el vigilante involucrado.
El robo habría ocurrido entre miércoles y jueves de la semana pasada, según explicó Ramírez Sánchez. Entre lo sustraído hay bocinas y micrófonos, con un monto superior a los 40 mil pesos.
También admitió que aún no descartan la posible complicidad de personal interno.
“Fíjate que no hemos descartado eso. Nos extraña como a ustedes que la mayoría de los robos últimamente sean en el Instituto de Cultura”.
Respecto a la vigilancia del lugar, dijo que una de las cámaras funcionaba y ya se entregó esa evidencia a la Fiscalía, pero confirmó que no hay cobertura de videovigilancia completa.
“El resto no, no hay cámaras. Lo que pasa es que las vamos a meter al C4. Estamos viendo la posibilidad de que las cámaras en inmuebles municipales se puedan monitorear desde ahí”.
Sobre la empresa anterior —acusada de otro robo en el mismo sitio y a la que se le rescindió el contrato—, explicó que hay una demanda en curso, y que buscarán resolverlo por la vía de la negociación para evitar largos procesos legales.
“Todo parece que es bien fácil, tú acusas, pero el otro dice ‘yo no te robé’ y son luchas difíciles. Queríamos que fuera rápido, por eso se contrató otra empresa, y ahora también nos demandó. Se está contestando, pero nos podemos tardar días o años”.
Agregó que trabajan en fortalecer su propia policía auxiliar para reducir la dependencia de servicios privados de seguridad y que se evalúa exigir más requisitos y controles a las empresas de seguridad privada a las que como Ayuntamiento otorgan aval para operar en el municipio.
