Villagrán.- Como un “asunto político” derivado de las posibles inhabilitaciones de ex funcionarios y miembros del Ayuntamiento pasado, es como el alcalde de Villagrán Antonio Acosta calificó las observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, que señalan un presunto desvío de 7 millones de pesos pagados por la pasada administración municipal a la empresa URVIABUS, la cual reconoció, es de su propiedad.
La ASEG revisó las cuentas Fiscales de la administración de Rubén Villafuerte Gasca en el ciclo de enero a junio de 2015, en las que detectó la asignación de contratos a la empresa de autobuses URVIABUS S.A. de CV., mismos que al parecer fueron gestionados desde la casa de campaña del PAN por Antonio Acosta Guerrero, quien para entonces era candidato a la alcaldía. La ASEG reporta que de dichos servicios no se presentaron comprobantes además de que también se señala que el domicilio fiscal de la empresa coincide con un negocio de autolavado ubicado en el municipio de Juventino Rosas, donde físicamente no se encontraron camiones y no se tiene reportado que la empresa tuviera concesiones para el servicio de transporte.
Este lunes el alcalde de Villagrán dio una rueda de prensa para aclarar los señalamientos de la ASEG. Primero dijo que desde 1960 su familia se ha dedicado al servicio del transporte por medio de 11 o 12 empresas de servicio urbano, suburbano, foráneo, de turismo y de personal, luego reconoció que URVIABUS S.A. de CV sí existe y que prestó sus servicios a la pasada administración, por un monto que no rebasaba los dos millones de pesos y que cuando pasó esto operaban en la Casa de enlace del diputado Genaro Carreño.
“Estas acusaciones pueden ser el resultado de que el actual Ayuntamiento a solicitud de la Auditoria Superior del Congreso del Estado, ha comenzado a sancionar a funcionarios y próximamente a ex integrantes del Ayuntamiento anterior y sabemos que hay algunos que tienen aspiraciones políticas que pueden verse afectados por posibles inhabilitaciones ahí está el meollo del asunto", subrayó.
Y agregó: "El asunto obedece a intereses políticos y así yo lo entiendo así lo entiende el Honorable Ayuntamiento y ningún servidor público nos prestaremos a tapar situaciones que están en proceso y que deben ser denunciadas”.
Aunque es la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato la que está señalando las observaciones, el Alcalde insistió en que “esto lleva una dedicatoria política”, de la cual no dio nombres, pero no descartó a los integrantes del Ayuntamiento anterior y abundó que es responsabilidad de la administración pasada subsanar las observaciones y no de la empresa, que solo actúo como proveedora de un servicio contratado.
“Es un pliego de observaciones a la administración pasada, no hay dictamen ni denuncia, ya si en un momento me llaman como proveedor para que subsane esas observaciones es diferente, pero no es un dictamen (…) la administración pasada es la que tiene que responder a mí me contrataban como proveedor de servicios”.
Por último el Alcalde señaló que la ASEG no lo ha llamado y que el domicilio de la empresa URVIABUS S.A. de CV, se encuentra en la calle Vicente Guerrero 202 en Juventino Rosas y que si no tenían concesiones del estado era porque estaba destinada al servicio turístico.
“Como tal no estoy obligado a tener concesiones estatales por las diferentes modalidades tenemos permisos para circular estos los otorga la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”, dijo.
