By Celaya.- El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato confirmó el pasado mes de octubre la sentencia con fecha 24 de mayo de 2018 que favorece a Oraida Grisel Sánchez como poseedora del terreno de la antigua feria en este municipio, sentencia en la que además se asienta que “En su oportunidad procesal, archívese el presente expediente como asunto concluido y dese de baja en el Libro de Gobierno”.
Pese a que el ex director jurídico del municipio, José Ignacio Ramírez Valenzuela aseguraba que la demandante debía incluso pagar 104 mil pesos por rentas adeudadas al Patronato de la Feria, al no sustentar adecuadamente en el proceso el agravio al municipio, el pasado 18 de octubre el Tribunal resolvió por unanimidad confirmar la sentencia de mayo, dictada por el Magistrado de la Sala Especializada dentro del proceso administrativo 2454/2aSala/16.
Cabe recordar que el conflicto inició desde el pasado 28 de febrero de 2012, cuando tomo posesión de las instalaciones Grisel Sánchez al rentarlas para la realización de varios eventos, de febrero a diciembre de ese año, por lo que el patronato no pudo devolver el terreno al municipio como les fue solicitado al contar ya con las instalaciones de Celanese para la realización de sus eventos.
Al respecto el propio Ramírez Valenzuela declaró que fue hasta el 13 de julio del mismo año que “se autorizó el caso fortuito por acto de autoridad administrativa competente, conforme al articulo 1929 del Código Civil, lo que impidió que se generaran rentas a partir del mes de julio del 2012, por lo que solo se condenó al pago de las rentas de las meses de marzo, abril, mayo, junio y hasta el 12 de julio y no a todo el tiempo que duró en posesión del predio”.
Sin embargo en 2015 el propio patronato demando a Grisel Sánchez, para rescindir el contrato y cobrar las rentas vencidas, y ya en 2016 el patronato cedió las instalaciones al municipio quedando a cargo de la Dirección de Servicios Municipales y posteriormente incluso se procedió al desalojo de las instalaciones, por personas que aseguraban tener derecho de ocuparlas por un subarrendamiento a cargo de la propia Grisel.
Asimismo, el ex director jurídico señaló que Grisel Sánchez Montoya promovió la ejecución por razón del amparo, donde pidió que se ejecute la sentencia y se le ponga en posesión del terreno, sin embargo, presuntamente en segunda instancia se modificó la resolución. Y aunque en varias ocasiones aseguró que no había incertidumbre y que podían dar inicio las obras del llamado parque urbano con una inversión destinada de 140 millones de pesos y 100 más, destinados a la realización de un teatro, lo cierto es que legalmente, se ha otorgado de nueva cuenta la razón a la demandante.
