Opinión

SALARIOS Y CORRUPCION A LA VISTA. Doble o nada.

Por: José Luis Ramírez

La demanda de amparo promovida hace unos meses por la posible inconstitucionalidad del aumento de sueldo del Ayuntamiento, continua. No es un tema menor, fue el inicio de un tortuoso camino por el que sigue transitando el actual ayuntamiento, presidido por el incorregible ciudadano presidente, Mendoza Márquez.

Hace unos días, en relación con el juicio de amparo promovido por la organización “Juventud Cabal”, la Octava Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, resolvió que es infundado -sin fundamento- el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento, la Comisión de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, la Presidencia, y Tesorería, todos del Municipio de Celaya, Guanajuato, por lo cual se confirma el proveído de ocho de marzo de dos mil veintidós”. Esto significa, que la demanda está admitida, y no se puede desechar como lo deseaba el conjunto de ediles y funcionarios.

Lo anterior es muy importante para la ciudad, porque el uso abusivo del dinero de los contribuyentes ha sido una norma en las administraciones que han gobernado Celaya, y desde luego, pocos habían sido cuestionadas desde los tribunales. Hoy, es un precedente, y debe ser una cadena de hechos frente a este grupo organizado de servidores públicos, que siguen en la tónica de legalizar lo inmoral e injusto, en su provecho.

Recordemos que el aumento del 28% a sus salarios, fue promovido por el regidor de Morena, Gaspar Aguado , y defendido por su compañera de partido, Catalina Puga Resillas, sus fundamentos fueron risibles como afirmar que “los regidores no habían tenido el aumento recomendado por el Congreso en los últimos años”, ellos tenían menos de 90 días en funciones; el otro, argumento fue que “no era mucho”. Los demás regidores y síndicos, los dejaron que se enredaran en sus argumentos, y los apoyaron en esa exótica avidez por el signo de pesos que les caracteriza.

Es común que los presidentes municipales -prefijo, entes- validen con el voto de la mayoría sus propósitos personales y públicos, dan por hecho que manos alzadas pueden estar por encima de nuestra Ley Superior, y cuentan a su favor, el silencio cómplice o interesado. De esa manera, el uso a conveniencia de los recursos públicos se queda a buen resguardo.

El caso de las ultimas adjudicaciones directas a proveedores por montos millonarios, son un ejemplo de la ligereza o conveniencia de quienes debieran vigilar que el dinero contribuido sea para el bien de la ciudad. El Comité de adquisiciones, reúne institucionalmente a todas las partes que fueron elegidas para observar y vigilar que las compras se apeguen al cumplimiento estricto de la Ley Máxima de nuestro país, están representados todos los partidos políticos, Morena, Pan, Pri, Verde, Pt, la Tesorería, la Contraloría, las Comisiones de Hacienda, es decir, los principales responsables del buen uso del dinero público. Curiosamente, están aquellos que solicitaron que se desechara la solicitud de amparo promovida por los ciudadanos, por su inmerecido incremento del 28%.

El aumento salarial, no es un “hecho aislado”, como los demás emanados del ciudadano Mendoza. La historia de nuestro país está salpicada de ese tipo de actos, incluso se han parodiado en películas como “La ley de Herodes”. La visión fría y mecánica de la aplicación de la Ley, presuponen, les da derecho a vivir y actuar sin ética, aunque eso siga pudriendo las relaciones sociales, hasta convertir el gobierno en una meta para conseguir poder y dinero sin límites.

El recurso de queja interpuesto por el gobierno municipal, en contra de la resolución que admitió la demanda de amparo, fue declarado infundado, lo que significa que el litigio de amparo sigue, y habrá que esperar una sentencia que pueda declarar la inconstitucionalidad de dicho Acuerdo. Este litigio no es solo un tema de abuso económico, sino está de por medio el derecho humano a la buena administración pública, por cierto, derivado del establecimiento del sistema anticorrupción que fue acogido en la Constitución federal, y en la Local para el Estado de Guanajuato.

Venga lo anterior para resaltar que el promotor y defensor del aumento, es ni más ni menos, que Agustín Gaspar Aguado, Presidente de la Comisión de Contraloría y Combate a la Corrupción, su conducta no solo lastima socialmente las expectativas ciudadanas de un cambio necesario, sino el hecho de estar en el banquillo de los acusados por violar el derecho humano a una buena administración, derrumba la confianza en el “combate a la corrupción” dentro de la administración municipal.

Si a lo anterior le suma que no hay señales, ni ánimos de profundizar en los últimos actos de abuso del presupuesto, como desayunos, árboles, semáforos, cámaras de videovigilancia, atropellos laborales, agua contaminada, dadivas en las comunidades, selectividad en los apoyos sociales, tenemos ante nosotros un ente retrograda, que no desmerece en compañía de su protector y benefactor.

Un fallo favorable a la sociedad por la vía del amparo sería un parteaguas en el verdadero combate a la corrupción, y un revés urgente y necesario a los simuladores, que envilecen el servicio público, y fomentan por reflejo social, las conductas de violencia y delincuencia que se dan en las calles por lo mismo que ellos persiguen: poder y dinero.

La resolución favorable al amparo promovido sería una gran oportunidad para combatir, vía el juicio de amparo, los actos de autoridad que siendo ilegales -por no respetar la legalidad- constituyan una mala administración, es decir, en detrimento del bienestar de la sociedad, y eso podría trascender hasta en los casos de endeudamiento público, que de manera irresponsable ya están asomando la cabeza. Celaya necesita un buen gobierno.

 

Revolcadero. Arboles de 3mil pesos, cámaras de 145mil pesos, desayunos de 800 mil pesos, 300 trabajadores reemplazados para colocar familiares, amigos y conocidos, son el mejor ejemplo de abuso para que en las calles otro tipo de violencia por el poder y dinero aparezca, y deje en llamas nuestra ciudad.