By CELAYA, GTO; Las diputadas y los diputados que integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de no atendibilidad de la denuncia presentada por la ciudadana Ma. de Jesús Rocha Jiménez, a través de la cual solicitaba la revocación de mandato de la Presidenta Municipal de Celaya.
Al respecto, la diputada María Magdalena Rosales Cruz consideró que debía se atendida la denuncia firmada por más de ocho mil ciudadanos celayenses y que se debían analizar los sucesos ocurridos en el municipio, así como las razones por las cuales los denunciantes estaban inconformes.
Agregó que se tenían que escuchar a las personas y no negarles el derecho a ser atendidos, que eso era dejar en mal al Congreso estatal.
Por su parte, la congresista Vanessa Sánchez Cordero manifestó que no se podía dar una resolución tan simplista a una petición ciudadana válida; que no se podía decir que no existían pruebas, sino que se debía entrar al estudio, ya que no le correspondía a la Comisión estudiar si era procedente o no la revocación.
Sánchez Cordero subrayó que de todos era conocida la situación en la que se encontraba ese municipio y recalcó que era simplista tratar de decir que no había un supuesto en específico. Además, indicó que lo que se debía considerar era el escuchar a los denunciantes con independencia de si había o no responsabilidad de la denunciada.
En su intervención, el legislador Raúl Humberto Márquez Albo razonó el sentido de su voto, que dijo, sería en contra. Dijo que la intención ciudadana era que se analizara su solicitud, porque era su derecho. Precisó que la Comisión de Responsabilidades en su caso, era la responsable de determinar la revocación o no, y que lo que les correspondía a ellos era escuchar a los ciudadanos.
La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá realizó algunas puntualizaciones en torno al sentido del dictamen. Apuntó que como autoridades no podían ir más allá de lo que la norma marcaba.
Dijo que era de reconocerse el valor cívico de las personas y que su actitud invitaba a la reflexión, sin embargó subrayó que el proceso no quedaba incompleto, ya que se había llevado con base en lo que establecía la ley.
También argumentó que la estricta legalidad era analizar lo que se les presentaba y que las notas periodísticas en si mismas no eran suficientes, no había pruebas ni intención que delimite el caso.
En su oportunidad, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo dio lectura al artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en la que se establece el proceso para la atención de una solicitud de revocación de mandato.
Señaló que no podían determinar que fuera atendible y, en ese proceso específico de responsabilidad, en el caso concreto que les ocupaba, no eran atendibles las causas que señalaban los ciudadanos de Celaya.
Finalmente, el congresista José Huerta Aboytes manifestó que estaban al cien por ciento del lado de la ciudadanía que se quejaba de la ola de violencia en Celaya, a favor de la sociedad que sufría de incertidumbre y psicosis social producto de la inseguridad, sin embargo, enfatizó, tenían que asumir con responsabilidad y seriedad su posición como legisladores.
Huerta Aboytes precisó que era cierto que el problema existía y que estaban de acuerdo con ello, pero que la situación se debía analizar a la luz del derecho, y que como Poder Público debían ajustarse a un principio de legalidad.
“Estamos haciendo lo que la ley nos autoriza, no podemos quebrantarla. No tenemos elementos sustanciales para emitir un dictamen distinto”, concluyó.
