Opinión

Prospectiva de Gerardo Mosqueda

"Se vale cambiar de barajas, pero avísenles"
REFORMA LABORAL.

La ley federal del trabajo mexicana seguirá distinguiéndose por su carácter proteccionista de los trabajadores, en la reforma promovida por los sectores en 2001 y encabezada por el propio secretario del trabajo de esos años, Carlos M. Abascal se propuso modificaciones a casi quinientos de los mil artículos que contenía la ley vigente en esos años. Uno de los temas de mayor alcance tenía que ver con la administración de la justicia laboral; quince años después y nada se había movido.

Este jueves la sorpresa es para todos: Los sectores laborales, las presidentas de juntas de conciliación, los asesores especializados en derecho laboral, los profesores de la materia. Todos tendrán que cambiar de barajas. Los senadores de la república decidieron votar por unanimidad de los 99 presentes en la cámara una de las reformas constitucionales esperadas por más años en el país. De las que se pudieron considerar "intocables" y ya está turnada a la cámara de diputados.

En materia de justicia laboral la iniciativa presentada por el presidente Peña y aprobada por unanimidad en el senado elimina la existencia de juntas de conciliación; en su lugar se propone la creación de tribunales laborales que dependerán del poder judicial. Es decir, se terminó la era del control gubernamental sobre las organizaciones sindicales y los órganos de justicia laboral, al menos de manera directa del ejecutivo.

Los tribunales laborales, se propone que también suplan la función de registro de asociaciones sindicales en el país y por tanto se aplique a la conciliación y el registro de todos los contratos colectivos y las organizaciones sindicales. Descentralizado, autónomo, con presupuesto propio y el titular de dicha nueva organización será propuesto por el ejecutivo para su elección en el senado de la república. 

Se está partiendo de modificaciones al 123 constitucional, apartado A fracción XVIII.

Se está transformando el derecho de acceso a la justicia en materia laboral y sin embargo los temas que le daban consistencia al carácter tripartita de la administración de la justicia laboral deberá pasar a segundo plano, ya no tiene sentido ante los tribunales las comisiones tripartitas que prevé la ley federal del trabajo.

Desde el perfil político de la iniciativa da la impresión que el ejecutivo federal deja en desamparo a las lacras sindicales, que por décadas han medrado de los registros sindicales, especialmente los llamados de "protección", "blancos", "charros" y otros adjetivos para describir la falsedad de las organizaciones sindicales y los "negocios “que se hacen para manipular las cláusulas de los contratos colectivos.

Se quedaron sin piso. Su tradicional ámbito de negociación, como eran las juntas de conciliación y arbitraje llegaron al fin de una época del derecho laboral, será posible pensar que también llegaron a su fin las simulaciones en las relaciones obrero-patronales, será que se impedirán los emplazamientos frívolos de falsas organizaciones sindicales o los arreglos "en lo oscurito" entre los patrones irresponsables y los líderes sindicales que solo dañan a los trabajadores… o mejor conocida en el viejo lenguaje como la clase obrera.

Además de esperar las leyes secundarias, como toda reforma constitucional, está pendiente saber cómo se estructura la transición derivada de la reforma; podremos saber cuántos son los sindicatos reales (por más que parezca insistente la afirmación), " de quien son ", hoy sabemos de una cantidad importante de sindicatos que son herencias de líderes de otros tiempos y que les siguen dejando dividendos libres de todo compromiso fiscal a los "líderes". (Lo que cada quien quiera entender).

Y si el apartado A de la ley ya está votado y aprobado por el senado, vendrá en camino el apartado B, es decir, los gremios sindicales paragubernamentales? 
¿Cambiaron las barajas… cambiará la cultura, nos estamos acercando a la nueva cultura laboral que propuso el secretario Abascal?

 

Hasta la próxima PROSPECTIVA.

José Gerardo Mosqueda Martínez,

Presidente del Instituto de Administración Pública de Guanajuato 

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