By 30/09/2025
Estefanía Montero
Cortazar, Guanajuato, México
Escribo estas líneas con la mezcla de indignación y tristeza que provoca ver cómo una reforma presentada como «transformadora» del Poder Judicial parece, en la práctica, sustituir un problema por otro. La discusión pública acerca de la llamada nueva Suprema Corte y la reforma constitucional que reconfiguró el sistema judicial no puede reducirse a slogans; exige un análisis crítico, informado y sin concesiones. Y mi conclusión, rotunda, es que estamos ante un experimento institucional cuyo diseño y aplicación corren el riesgo real de debilitar la independencia judicial, politizar la impartición de justicia y empobrecer la protección de derechos.
Primero, el cambio de fondo: la reforma impulsó mecanismos inéditos —entre ellos, la figura de elección popular para ciertos cargos judiciales y la reestructuración del tamaño y funcionamiento de la Suprema Corte— con el argumento de devolver al pueblo el control sobre la justicia. En el papel, la promesa luce democrática; en la práctica, abre la puerta a riesgos obvios: la selección de jueces por criterios electorales transforma la justicia en un juego de mayorías, sujeta a campañas, dinero y dictados políticos, cuando lo que la sociedad necesita es un poder judicial capaz de proteger a las minorías y los derechos frente a los vaivenes del poder mayoritario. Esa tensión fue advertida por especialistas y organizaciones nacionales e internacionales antes y durante el proceso de aprobación.
Segundo, la «nueva» Corte parecía prometer un lenguaje más claro, mayor cercanía con la ciudadanía y deliberaciones menos tecnocráticas. Pero lo que he visto —y lo que han señalado voces críticas en la prensa y la academia— es la persistencia de viejos vicios: intervenciones ensayadas, argucias retóricas que ocultan criterios ideológicos, y una distancia enorme entre los fallos y la vida cotidiana de la gente. Más grave aún, hay indicios de que en temas clave —como la política fiscal o derechos sociales— la Corte mantiene orientaciones que favorecen intereses económicos sobre el interés público. Esa continuidad no solo decepciona; es peligrosa porque legitima una narrativa según la cual cambiar las caras bastaría para transformar la práctica judicial.
Tercero, la reforma no estuvo exenta de contestación jurídica y política: ya existen acciones de inconstitucionalidad y amplios debates sobre la compatibilidad de ciertos procedimientos con la constitución y los estándares internacionales de independencia judicial. No es casualidad que la discusión haya llegado hasta el pleno y que organismos de observación hayan llamado a la prudencia: cuando se tocan los cimientos de la imparcialidad judicial, los efectos trascienden coyunturas; afectan la confianza ciudadana, la seguridad jurídica y la protección de derechos humanos.
Cuarto, y quizás lo más inquietante: la politización implícita del nombramiento y el disciplinamiento judicial. Vincular salarios a criterios administrativos o someter a elección pública la carrera judicial no solo expone a las y los jueces a presiones externas, sino que incentiva la autocensura y la búsqueda de legitimidad electoral por vías no judiciales. Un Poder Judicial dependiente, o percibido como tal, es un freno a la rendición de cuentas real —porque deja sin árbitro imparcial la resolución de conflictos entre poderes— y un peligro para quienes más necesitan protección: minorías, personas en situación de vulnerabilidad y quienes enfrentan al Estado o a poderosos.
No obstante, debo reconocer matices: algunos de los problemas que se buscan atender —opacidad en designaciones, exceso de tecnicismo, distanciamiento de la sociedad— son reales y merecen soluciones. La crítica honesta no es un rechazo a cualquier cambio; es una exigencia de que las reformas se hagan con evidencia, salvaguardas y contrapesos claros. Digitalizar procesos, hacer más transparentes las motivaciones de los fallos, profesionalizar la carrera judicial y acercar el lenguaje jurídico a la ciudadanía son objetivos legítimos. Lo que no es legítimo es sustituir independencia por legitimidad plebeya sin mecanismos que preserven la imparcialidad.
Como ciudadano y como quien firma estas líneas, planteo tres exigencias concretas: 1) transparencia real en los criterios y procedimientos de selección y remoción de jueces; 2) salvaguardas institucionales —incluida supervisión externa robusta y procedimientos de control con garantías procesales— para evitar que la elección judicial derive en captura política; y 3) una agenda seria de profesionalización judicial que no dependa de ocurrencias legislativas o de mayorías momentáneas. Sin estos elementos, la promesa de una «Corte del pueblo» puede convertirse en la coartada para una Corte cautiva.
Finalmente, insisto: la independencia judicial no es un lujo, es una condición de la democracia. Podemos y debemos mejorar la justicia —más transparencia, más proximidad, más responsabilidad—, pero sin perder de vista que la esencia del Estado de derecho es contar con árbitros que no se deban a quien paga campañas ni a mayorías momentáneas. La historia reciente muestra con crudeza lo que ocurre cuando se desdibuja esa línea. Si queremos una justicia legítima, el camino es reforzar instituciones, no someterlas al capricho del corto plazo.
Termino con una idea simple: la justicia que necesitamos no es la que busca aplausos electorales, sino la que garantiza derechos aún cuando eso moleste a los poderosos. Si la reforma judicial pretende eso, bienvenida; si no, debemos exigir ajustes oponiéndonos con la voz y con la ley. La nueva Suprema Corte aún está a tiempo de demostrar que su nombre no será solo una etiqueta: que sea, de verdad, una Corte que defienda a todos, incluyendo a quienes no tienen eco en las urnas ni en los pasillos del poder.
